Funambulismo

A lo largo de los años, cuando PSOE y PP han gobernado sin mayorías absolutas, hemos visto cómo la aprobación de los Presupuestos del Estado exigía negociaciones previas con nacionalistas y regionalistas que muchas veces desembocaban en el traspaso de competencias al País Vasco y Cataluña, o en inversiones privilegiadas para los territorios de donde llegaban los apoyos decisivos, ya fuera Canarias o Teruel. En nuestra democracia parlamentaria, las mayorías se consiguen en base a acuerdos transaccionales de los que salen beneficiadas las fuerzas minoritarias determinantes y sus respectivos territorios. No obstante, la necesidad de múltiples alianzas con partidos de distinto signo está llevando la gobernabilidad de esta incipiente legislatura a territorios no explorados. Zapatero practicó la geometría variable para alcanzar mayorías parlamentarias, pero, como avisó el lehendakari Urkullu, Pedro Sánchez necesita todos los votos (de sus socios) todo el tiempo.

El presidente se topó de bruces con esa realidad esta semana. En un ejercicio de arriesgado funambulismo salvó 'in extremis' dos de sus decretos, y vio cómo Podemos tumbaba el tercero, tras una agónica negociación, donde Junts, lejos de pactar el contenido de unas medidas que le importan bien poco, arrancó de Sánchez la cesión de competencias en materia de inmigración, la anulación de un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para retirar obstáculos jurídicos a la amnistía y la publicación de las balanzas fiscales, primer paso en su aspiración a una agencia tributaria propia y a un concierto económico como el vasco. Es verdad que este Parlamento es el reflejo de lo que votaron los españoles, pero dudo de que sea esto lo que imaginaban. Ni la amnistía a los enjuiciados por el 'procés' ni tampoco el traspaso de la inmigración a Cataluña se pusieron sobre la mesa antes de acudir a las urnas. Hasta la propia ERC, que gobierna en Cataluña y asumiría esa competencia sin haberla reclamado, se mostraba sorprendida por un acuerdo surgido de una agenda opaca, que solo conocen los negociadores de PSOE y de Puigdemont. La Moncloa intentó rebajar el alcance de las concesiones a Junts y afirma ahora que promoverá una ley orgánica para delegar a todas las autonomías competencias en materia de emigración en virtud del artículo 150.2 de la Constitución, pero sin especificar cuáles. Fue Junts quien reveló que su plan es tener capacidad para expulsar a los extranjeros que reinciden en la comisión de delitos, controlar los flujos migratorios y otorgar permisos de residencia. Parece que lo va a tener complicado el Gobierno para cumplir con ese acuerdo. La jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional, que incluye entre otras la sentencia del 'Estatut', fija que es competencia exclusiva del Estado el control de los flujos migratorios. Solamente en materia asistencial, por ejemplo con la tutela de los menores inmigrantes no acompañados, pueden actuar las comunidades autónomas. En el acuerdo de investidura, PNV y PSOE pactaron el traspaso de competencias en inmigración, aunque el objetivo del Ejecutivo de Urkullu sería facilitar la «integración» de los inmigrantes, por tanto en línea aparentemente con lo admisible constitucionalmente. A lo que aspira Puigdemont es bien distinto: endurecer al máximo las políticas migratorias e incluso tener potestad para expulsar de Cataluña a los inmigrantes que son delincuentes multirreincidentes. Una estrategia pensada por Junts para hacer frente al ascenso de la extrema derecha independentista, representada por la alcaldesa de Ripoll y líder de la formación Alianza Catalana, Silvia Orriols.

Lo va a tener difícil Junts, porque una ley orgánica requerirá el apoyo en el Parlamento de todos los socios de Sánchez, desde ERC, Sumar y Podemos a Coalición Canaria, que teme el efecto de esta cesión para su territorio. Junqueras ya ha acusado a Junts de abrazar los discursos de la extrema derecha que criminalizan a los inmigrantes. Y, sin oponerse al traspaso competencial, Sumar y Podemos también mostraron sus recelos sobre las intenciones de Puigdemont. Las dudas se extienden al propio PSOE, donde, más allá de las habituales declaraciones de Page, hay desconcierto por las consecuencias y el alcance de las cesiones a un partido independentista que da reiteradas muestras de mantener posiciones xenófobas.

La emigración es un fenómeno global que exige una respuesta común de la Unión Europea. El camino que se ha iniciado va en dirección contraria, con el consiguiente riesgo de avanzar en el desguace del Estado en lugar de fortalecer una respuesta coordinada, tanto si la regulación de los flujos migratorios se concede a dos comunidades como si esa potestad se extiende a todas. Visto el precedente de esta semana, da vértigo pensar qué clase de cambalaches nos esperan cuando comience la puja negociadora para la elaboración de los Presupuestos del Estado de 2024.