En el 'caso Koldo', el asesor del exministro Ábalos, las escuchas telefónicas con orden judicial dejan al descubierto numerosos detalles de la presunta trama de corrupción. El juez tendrá que examinar con detalle lo que dicen los implicados, especialmente desde que sabían que estaban siendo investigados
Cuanto más hiperrealistas sean los vídeos y los audios falsos elaborados con los nuevos programas de inteligencia artificial (IA), y la sociedad sea cada vez más consciente de esa grave amenaza, más fácil será para un corrupto convencer a un mayor número de personas de que es víctima de un montaje si es inculpado por imágenes o audios comprometedores. Esa paradoja se conoce desde hace pocos años como el 'dividendo del mentiroso'. Quienes la han estudiado dicen que a medida que avance la tecnología más difícil será distinguir lo real de lo ficticio. Y así, la falsa alegación de que un contenido real fue generado con inteligencia artificial se volverá más creíble ante los ciudadanos. De modo que, de la distópica mano de la IA, veremos pronto tantas víctimas inocentes de contenidos falsos como culpables de hechos reprobables que se van de rositas. A la postre, la frontera entre la verdad y la mentira será tan fina que rozará lo invisible.
Sin embargo, es imposible convencer a nadie de que lo oído y lo transcrito por la Guardia Civil en pinchazos telefónicos con autorización judicial no es real. Podrá ser más o menos incriminatorio, o quedará sujeto a interpretación porque habrá de comprobarse la veracidad de lo dicho, pero quien es protagonista de escuchas judiciales carece de cualquier posibilidad de argumentar que se encuentra ante un montaje. Las conversaciones grabadas a la trama de Koldo García, el asesor del exministro Ábalos, son tan reales y comprometedoras que, al margen del recorrido judicial del caso, justifican la inmediata asunción de responsabilidades políticas. El enriquecimiento presuntamente ilícito con dinero público produce un rechazo generalizado que adquiere aquí mayor gravedad por cuanto que se habría producido en plena pandemia, cuando la gente moría y los sanitarios hacían frente a la pandemia con pocas medidas de protección, como esas mascarillas con las que se habrían lucrado la 'mano derecha' de Ábalos y sus socios en este repugnante negocio que movió 53 millones de euros. Sin menoscabo de la presunción de inocencia, las escuchas de la UCO afianzan la convicción del juez Ismael Moreno de que esta red recurrió a una sociedad instrumental para lograr la adjudicación de contratos millonarios sin publicidad en plena pandemia, con la intervención de distintos intermediarios, entre ellos el propio Ábalos. Pese al teatrillo del exministro en el Congreso y en su ronda por televisiones y radios, su marcha al Grupo Mixto tiene, a mi juicio, todo el aspecto de haber sido pactada para que el PSOE pusiera un cortafuegos y el ex secretario de organización mantenga el aforamiento que impide su investigación por el juez de la Audiencia Nacional. Un parapeto que difícilmente podrá contener las llamas que se aproximan a la presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta balear, Francina Armengol, pues son abrumadoras las evidencias de que la trama se lucró con la venta a esa Comunidad de una partida de mascarillas defectuosas, a las que se habría dado inicialmente validez, sin luego solicitar el reembolso del pago con dinero público de la UE hasta poco antes de traspasar la presidencia balear al PP. Ahí no acaba el incendio político pues el juez ha pedido ya los correos de una decena de altos cargos de Transportes e Interior para obtener información sobre responsables de ambos Ministerios que participaron en otras adjudicaciones bajo sospecha. Una investigación en la Audiencia Nacional a la que se suma la iniciada por la Fiscalía Europea de este caso que ha puesto patas arriba la legislatura, hasta el punto de que hoy nadie puede aventurar las consecuencias últimas que tendrá este escándalo de corrupción para el PSOE.
Las pesquisas judiciales tienen múltiples fuentes que rastrear, no solo una escuchas telefónicas que deben analizarse con cuidado, sobre todo desde noviembre pasado, cuando los principales imputados en la causa recibieron el chivatazo de que eran objeto de investigación. Antes y después de ese momento crucial, no puede darse por cierto todo cuanto dicen los miembros de la trama sin un minucioso análisis. Por ejemplo, no parece tener ni pies ni cabeza que fueran realmente a verse con Miguel Tellado, el secretario de organización del PP, para parar el escándalo en Baleares que afecta al PSOE. Tampoco tiene mucho fundamento la convicción del juez de que supieran por anticipado que el socialista murciano Pedro Saura iba a ser nombrado presidente de Correos, dado que se deduce de una conversación que se produjo cuando varios medios habíamos publicado ya ese nombramiento. Las transcripciones telefónicas aportan datos que son tan valiosos, pero como el petróleo debe refinarse, cotejándolos con otras fuentes. Si buscando algún tipo de rédito, Koldo García y sus socios han mentido a sabiendas en sus conversaciones para implicar a terceros, incluido el propio Ábalos, lo sabremos cuando termine su investigación el juez. Mucha tarea tiene por delante.
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