Un caso desvelado por LA VERDAD

El expresidente Ramón Luis Valcárcel insistió en 2020, durante su declaración ante la juez del caso, que no conoció hasta 2013 que la planta de Escombreras tenía un potencial coste de 600 millones para las arcas públicas. Ni la Fiscalía ni la juez han creído esta versión y sentarán al expresidente en el banquillo en un juicio oral donde se le piden nada menos que once años y medio de prisión.

Fue nuestro compañero Manuel Buitrago quien en febrero de 2013 desveló en estas páginas que la desalinizadora acabaría multiplicando por cuatro su coste inicial, hasta alcanzar esa cifra de 600 millones en virtud del contrato de arrendamiento de la planta que el Ejecutivo de Valcárcel suscribió con la sociedad Hydro Managment, participada en un 80% por ACS, el grupo empresarial propiedad de Florentino Pérez, y un grupo de empresarios de la Región.

En ese momento adelantamos que el Gobierno regional estaba tratando de renegociar esa astronómica cifra, aunque sin mucho éxito pues meses después, en noviembre de ese mismo año, destapamos que Florentino Pérez reclamaba el pago de esos 600 millones por vía judicial. A raíz de nuestra información, el PSOE pidió una investigación en la Asamblea y el asunto se convirtió en un tema clave de la agenda política regional.

Diez años después, la desaladora de Escombreras sigue lastrando las cuentas públicas de la Región. A finales de 2021, con la planta paralizada durante dos meses, el Ejecutivo regional tuvo que consignar 27,4 millones para pagar en 2022, cantidad que asciende a 42 millones en los presupuestos de este año.

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