El cuarto oscuro

Cuando sobreviene una tragedia como la ocurrida en la zona de ocio de Las Atalayas no hay ningún sentimiento que pueda equipararse al dolor de los familiares de las personas que perdieron la vida. Por tanto, toda reflexión o actuación en cualquier ámbito debe quedar supeditada al respeto y apoyo a las víctimas. Investigar lo sucedido en aquella infausta noche, para esclarecer las causas y depurar responsabilidades civiles y penales, si las hubiere, es una obligación en primer lugar con las víctimas, pues sus allegados tienen el derecho a saber cómo pudo ocurrir esta tragedia y a ser reparadas por la Justicia en caso de existir comportamiento negligente en los sucesos de aquella noche o en los hechos administrativos que pudieran tener relevancia en el fatal desenlace.

Tras conocerse que la discoteca Teatre y la sala Fonda Milagros estaban abiertas sin licencia en vigor desde hace año y medio, las actuaciones públicas deben también ofrecer respuestas al conjunto de la sociedad. Porque cuando la gente acude a esos locales para divertirse o celebrar lo hace en la confianza de que su seguridad está garantizada por los propietarios de esos locales y la administración. Ahora hay una sombra de inseguridad que tendrá consecuencias para el conjunto del sector, de forma inmerecida, en fechas críticas para la viabilidad de estos negocios.

Como digo, nada es comparable a la conmoción por las trece muertes, pero es imposible no sumar a lo anterior una incontenible indignación al trascender que la Concejalía de Urbanismo ordenó en octubre de 2022 a la inspección que procediera al precinto de esa discoteca, lo que no se produjo pues solo hubo una advertencia a la propiedad de la sala de que se enfrentaba a la ejecución forzosa del cese de actividad. Pasar página no será posible hasta que se aclare por qué Teatre estuvo irregularmente abierta desde hace año y medio, por qué se incumplió la orden de precinto, por qué no fue informado el concejal de que no se procedió al cierre, por qué podía funcionar un establecimiento (La Fonda) que no existía para la administración, y cómo ningún responsable político supo que esos locales permanecían abiertos cuando se publicitaban en redes sociales para masivas fiestas.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento reaccionó con eficacia el pasado domingo, con un enorme y heroico en algunos casos trabajo de distintos colectivos de empleados públicos, como los bomberos y el personal que atiende a los familiares de las víctimas. Se ha puesto también en marcha una revisión de expedientes que han conducido al precinto de cuatro salas en situación irregular y hay un compromiso para poner en marcha protocolos de actuación para impedir que se repita este caos administrativo. Mientras en otros lugares ya se aborda la aplicación del 'big data' y la inteligencia artificial en la administración pública, los expedientes de urbanismo solo están digitalizados y foliados desde 2019, una petición que en su día reclamó la concejal Begoña García Retegui para garantizar su integridad, sin posibilidad de pérdida y salida o entrada irregular de documentación. Da la impresión por lo ocurrido de que existen serios problemas en el Ayuntamiento de trazabilidad, de conexión entre distintos servicios, de verificación del cumplimiento de las órdenes internas, de interpretación de la normativa... Nos han prometido que todo esto se cambiará. La pregunta es por qué no se hizo antes. Eso también merece una respuesta como el resto de interrogantes antes citados del caso Atalayas.

Tiene razón el profesor Rafael Jiménez Asensio, uno de los mayores expertos en función pública, cuando dice que la Administración es el cuarto oscuro de la democracia española y atribuye su mal funcionamiento a una desatención política por los temas de gestión. Ocurrió en el Ayuntamiento con Ballesta, Serrano y Cámara. Una política no alineada con la gestión acaba siendo una suerte de fuegos artificiales, que empobrece la función pública y la convierte en una estructura vicarial, dice Jiménez Asensio.

A la política municipal y regional murciana le falta una profunda modernización administrativa, con más recursos materiales y humanos, incluyendo nuevos perfiles profesionales. El Gobierno regional encara ahora una cuarta ley de simplificación administrativa. Es de suponer que seguirá por la senda de las declaraciones responsables y reducción de trámites para agilizar la apertura y ampliación de negocios. Eso está bien si hay una inspección bien dotada que asegure el cumplimento de la legalidad, porque no se puede tener en el limbo durante años a inversiones productivas que generan empleo y riqueza. Pero tampoco puede ser que haya granjas, cultivos, pozos, salas de ocio y toda clase de negocios operando en la ilegalidad, a saber cuántos con órdenes de cierre sin ejecutar. Hay que estar muy ciego para no ver las consecuencias y la magnitud de nuestro atasco administrativo. Esta semana, por citar ejemplos recientes, hemos contado que la recuperación de Puerto Mayor y los terrenos del Hondón se retrasan por falta de informes administrativos. Culpar de todo a Madrid no tapa nuestras carencias. Se ven con cristalina claridad.

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• Tragedia en las discotecas de Atalayas de Murcia