Aulas sin móviles

¿Deberíamos favorecer el uso de los teléfonos móviles como herramienta educativa o limitar su presencia en las aulas para preservar la atención de los alumnos y la calidad educativa? Esta disyuntiva es la esencia de un debate abierto desde hace años en todo el mundo. Esta semana ha retornado a España al mostrarse la ministra Pilar Alegría partidaria de prohibir el uso de estos aparatos en colegios e institutos, solo un mes después de asegurar que era imposible ponerle «puertas al campo». Lo cierto es que uno de cada cuatro países en el mundo, entre ellos Italia, Reino Unido y China, dispone de leyes que limitan o prohíben el uso de los móviles en las escuelas, con excepciones en la mayoría de los casos para los estudiantes con discapacidad o para proyectos educativos, según recoge un informe sobre tecnologías de la educación difundido este año por la Unesco.

Esta agencia de Naciones Unidas sostiene que las tecnologías, en general, muestran gran potencial para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, pero se muestra cautelosa sobre los beneficios reales, en parte por falta de investigaciones a gran escala y en contextos diversos. Esas incógnitas crecen en el caso concreto de los teléfonos móviles. En una revisión de sesenta estudios publicados entre 2011 y 2020, pedagogos y expertos en didáctica aplicada de las Universidades de Barcelona, Castilla-La Mancha y Valencia concluyeron recientemente que la introducción de los teléfonos móviles para fines educativos es beneficiosa si existe un trabajo preliminar para que tanto profesores como alumnos dispongan previamente de ciertas competencias digitales. Pero lo que está en discusión en todo el mundo no es el uso educativo de los teléfonos, sino el que realizan los propios alumnos al margen de los docentes, en el aula y durante los recreos, por estar asociados a los casos de 'ciberbullying' y porque muchos alumnos ven mermado su rendimiento académico al extender al ámbito educativo el uso compulsivo de las redes sociales y los mensajes de texto que realizan en sus horas no lectivas.

La Unesco señala que no hay evidencias científicas concluyentes de los beneficios de prohibir los móviles en los centros educativos, aunque la opinión de los expertos claramente empieza a acumularse en ese sentido. Uno de los estudios más citados internacionalmente fue realizado por dos profesores de la Universidad de Valencia, Pilar Beneito y Oscar Vicente Chirivella, que detectaron una significativa reducción de los casos de 'bullying' entre los adolescentes de Galicia y Castilla-La Mancha, dos comunidades cuyos gobiernos regionales prohibieron, en 2014 y 2015 respectivamente, los móviles en los centros de primaria y secundaria. Como el resto de comunidades carecía de esas limitaciones (la Comunidad de Madrid las incorporó en 2020 y Andalucía hace solo semanas), ambos investigadores pudieron extraer conclusiones comparativas sobre los efectos de la prohibición. En sus conclusiones precisan que, pasados tres años del veto a los móviles en las aulas de Galicia, los puntuaciones de los alumnos en Matemáticas mejoraron 10 puntos y 12 puntos en Ciencias.

También observaron que la incidencia del 'bullying' descendió un 15% entre los alumnos gallegos y un 18% en los estudiantes manchegos de 12 a 14 años. El descenso era similar en los chavales de 15 a 17 años. Otro estudio reciente realizado en Noruega también constató una mejora del rendimiento académico en las chicas una vez prohibidos los móviles. Aunque faltan más estudios en todo tipo de contextos socioeconómicos para extraer certezas concluyentes, todo apunta a que esa medida beneficia a los alumnos y a la práctica docente.

Aunque muchos institutos de la Región ya han prohibido la utilización personal y recreativa del teléfono, incluso en el recreo, no existe una normativa autonómica, lo que hace que esta medida se realice sin el respaldo de una norma superior ante los alumnos y los padres, lo que sería deseable. En su día a día son muchos los maestros y directivos de centros educativos que han sido testigos de casos de ansiedad y agresividad cuando por alguna razón han tenido que requisar los móviles a algunos estudiantes para poder dar clase en condiciones normales.

La Consejería de Educación no se opone a la prohibición, que ayer también anunció Cataluña, pero dice que tomará una decisión en función de las recomendaciones de un comité de expertos que está pendiente de constituirse desde que se anunció hace casi un mes. El Gobierno regional no tiene por qué precipitarse en un asunto donde el dictamen de los especialistas debe ser fundamental, pero tampoco puede dormirse con este asunto que, quiera o no, volverá al seno de la Conferencia Sectorial de Educación con el ánimo de que las comunidades adopten una política común. Y es que profesores, padres, psicólogos y sindicatos educativos parecen estar de acuerdo en la necesidad de que exista una estrategia común, que incluya también la formación de los estudiantes en el uso responsable y beneficioso de las nuevas tecnologías, sobre todo porque el uso del móvil por parte de los adolescentes rebasa por completo la esfera educativa. No es un tema menor el que se debate estos días.