Vuelve el veneno

Podría pensarse que se corresponden con épocas pasadas, pero lo cierto es que son todas noticias publicadas en diarios nacionales durante los últimos meses. Sin lugar a duda, el uso de cebos envenenados en el medio natural es uno de los principales problemas para la conservación de la biodiversidad. La muerte de los animales que lo ingieren es especialmente trágica. Les causa vómitos, hemorragias internas o rotura de órganos. Su uso es especialmente grave, pues es un método masivo y no selectivo que puede causar la muerte de los animales que lo ingieran en un breve espacio de tiempo.

Según datos de WWF [World Wildlife Fund] y SEO/BirdLife [Sociedad Española de Ornitología], que junto con otras ONG han trabajado en España para intentar erradicar el uso del veneno en el medio natural, se estima que entre 1992 y 2017 podrían haber muerto unos 200.000 animales entre aves y mamíferos por esta causa.

La respuesta legal por parte de las administraciones desde el ámbito europeo, nacional o autonómico se traduce en la elaboración de numerosas herramientas legales que están dando sus frutos. En un estudio reciente llevado a cabo por la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad de Oviedo, el IREC-CSIC [Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos-Consejo Superior de Investigaciones Científicas], la Universidad de Granada y el Cieda-Ciemat [Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental-Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas] para evaluar la eficacia de la lucha contra el veneno, se ha constatado un mínimo de 161 sentencias dictadas por envenenamiento ilegal. Esta cifra supera ampliamente el conjunto de todas las sentencias dictadas por el resto de los Estados europeos, lo que atribuyen a nuestro país un protagonismo más que destacado en la respuesta judicial a la acción ilegal de los envenenadores.

Los resultados muestran que el uso de cebos envenenados está asociado con la eliminación de animales silvestres que pueden ocasionar daños a las actividades desarrolladas por el ser humano como la ganadería, la agricultura, la colombicultura, la apicultura, pero de manera especial con la actividad cinegética. En la persecución de los envenenadores ha tenido un protagonismo clave el papel de las ONG, así como la elaboración de protocolos y estrategias, la dotación de recursos, y otras medidas implementadas por los organismos implicados en la lucha contra el veneno. Gracias a todo ello, la posibilidad de ser condenado o sancionado en España en la actualidad es algo totalmente real y, cada vez menos aceptado por la sociedad.

Un reciente y contundente ejemplo de la lucha contra el veneno en España es el caso que tuvo lugar en cotos de caza de Tudela y Cintruénigo (Navarra) en 2012, en el que murieron más de 140 aves rapaces y córvidos. Como respuesta, el juzgado de lo Penal nº 2 de Pamplona condenó a dos presidentes de coto de caza y a un guarda a dos años y ocho meses de prisión, la mayor pena hasta la fecha impuesta en España por un delito contra la fauna por envenenamiento, aunque en la apelación dicha pena se cambió por una cantidad económica. Además fueron condenados a 5 años y 4 meses de inhabilitación especial para la gestión del aprovechamiento cinegético de cotos de caza, para el oficio de guarda de caza y para el ejercicio del derecho a cazar, así como a indemnizar a la Comunidad Foral de Navarra con 67.538,65 euros y adoptar medidas de recuperación del daño causado.

Sin embargo, a pesar del notable esfuerzo conjunto de algunas administraciones públicas y ONG, si observamos el elevado número de casos de envenenamiento que aún tiene lugar en nuestro país, queda patente la necesidad de seguir trabajando y plantear nuevas medidas que eliminen al fin el veneno de nuestros campos.