Sánchez programa un fin de año de alto voltaje político

Hace semanas que el presidente del Gobierno trasladó a sus ministros y a la dirección del grupo parlamentario socialista ladecisión firme de acelerar el paso para intentar quitarse de encima cuanto antes todos aquellos asuntos que de antemano se sabe que pueden ser conflictivos. El objetivo sería llegar «limpio» a un año en el que su partido se enfrenta a importantes citas electorales –las autonómicas y municipales del 28 de mayo y las generales que, presumiblemente, tendrán lugar en diciembre– en la confianza de que los votantes olviden pronto.

En la práctica, el plan ha llevado al Ejecutivo a precipitar una polémica reforma del Código Penal pensada para satisfacer a Esquerra aun a costa de incendiar a la oposición e incluso de provocar el malestar de muchos cuadros socialistas. Porque lo que también ha evidenciado, una vez más, Sánchez es que no va a detenerse ante nadie para conseguir el resultado pretendido; en esta ocasión, la supresión del delito de sedición y la rebaja de las penas de malversación, para dar carpetazo al 'procés' y a las cesiones vinculadas con la mesa de diálogo.

Tras ese afán de imponer su voluntad pero evitar que las controversias lo salpiquen en el año que empieza está también la operación para intervenir en el Consejo General del Poder Judicial y forzar de una vez por todas el vuelco progresista del Tribunal Constitucional, pendiente desde hace meses. Lo hará con una reforma legislativa sorpresa que se tramitará de manera exprés y con un movimiento con el que, como con tantos otros, el jefe del Ejecutivo ha querido además lanzar un órdago a los conservadores, a los que obligará a tragar con la designación como magistrados del exministro de Justicia Juan Carlos Campo o la exalto cargo del Ministerio de Presidencia, Laura Díez.

Incluso en el seno de la coalición, la estrategia de Sánchez ha disparado las tensiones. Porque otra pata implica cerrar la tramitación de leyes de las que sus socios de Unidas Podemos hacen bandera pero que llevan meses atascadas, como la 'ley trans', la ley de vivienda o la ley de maltrato animal, sin demasiadas contemplaciones. El PSOE ya ha dejado claro, por ejemplo, que no renunciará a la enmienda que presentó para que los menores de dieciséis años necesiten el aval judicial para poder cambiar el nombre y el sexo en el Registro Civil. Cree que puede salir adelante con el voto del PP y reta a los morados a votar en contra de la norma solo porque contenga ese retoque que, a su juicio, da mayor seguridad jurídica. También, en un golpe de autoridad, Sánchez advirtió hace días de que si el Supremo ratifica el criterio seguido en el caso de la Arandina se retocará la conocida como 'ley del solo sí es si' pese al criterio en contra de la ministra Irene Montero y su partido.

En la lista de tareas que es necesario abordar de inmediato y que pueden causar conflicto entre los dos socios de coalición están además cuestiones como la reforma de las pensiones –de la que como esta misma semana advirtió la Comisión Europea, depende el desembolso de los fondos de recuperación– o el aumento del Salario Mínimo Interprofesional. Y en el PSOE admiten que no será fácil acometerlas porque su debilidad parlamentaria les obliga a alcanzar un acuerdo con sus socios de coalición y con unos aliados parlamentarios que también se juegan mucho en las elecciones.

En el PP la sensación es compartida. Ante la acumulación de «escándalos» del Gobierno, en la dirección nacional creen que Sánchez «quiere limpiar la casa antes de enero» para abrir «otra etapa del sanchismo» con la vista puesta en las elecciones municipales y autonómicas de mayo. En las últimas semanas, el principal partido de la oposición se ha volcado en los asuntos ideológicos que han monopolizado la agenda política para intentar atraer a los votantes socialistas enojados por la derogación de la sedición o los efectos nocivos de la ley del 'solo sí es sí' esperando también un desgaste del Ejecutivo de coalición que, finalmente, no se ha trasladado a las encuestas.

En Génova están convencidos de que después de Navidad los debates sociales quedarán en segundo plano frente al estancamiento de la inversión, la subida de la inflación o el golpe del euríbor en las hipotecas. Y ahí es donde Feijóo tratará de exhibir músculo, alimentando la imagen de buen gestor que se sobrepone al resto de «debates estériles», frente a un Sánchez que hará campaña electoral desde el Consejo de Ministros «a golpe de chequera».