Sánchez encara ahora el desafío de aprobar el pacto migratorio con sus socios enfrentados

En el Gobierno alegan que si el pacto, plasmado en una ley orgánica, no logra materializarse Junts no se lo podrá echar en cara por ellos han cumplido. Pero fuentes socialistas apuntan que esa advertencia es más el reconocimiento de una dificultad que la expresión de un deseo de desentenderse de lo que pueda pasar de ahora en adelante, durante la negociación parlamentaria. «Es una ley nuestra, fruto de un acuerdo y trabajaremos para que salga», subrayan, pese a las aristas de la concesión a un partido con un discurso que la formación de Belarra tilda directamente de «racista».

Incluso Sumar, miembro del Ejecutivo, y Esquerra, que como partido independentista aplaude cualquier asunción de nuevas competencias por parte de Cataluña, advirtieron ayer de que tendrán que leer la «letra pequeña» de la proposición de ley registrada la víspera por el PSOE y Junts porque no se fían de sus consecuencias, en caso de que sea la formación de Carles Puigdemont la que tenga que aplicarla.

La secretaria de Comunicación del partido de Yolanda Díaz, Elisabet Duval, llegó a dejar en el aire, en La Sexta, el sentido final de su voto y se mostró muy crítica no con la delegación en sí de unas competencias que permitirán, por ejemplo, que los Mossos de Esquadra actúen en la frontera en colaboración con la Policía Nacional o la Guardia Civil y apliquen lo que la ley de extranjería llama devoluciones, sino con la filosofía en la que se enmarca esa delegación. «Un marco nativista, que habla de un peligro demográfico, que coloca, de repente, la inmigración como una amenaza y que, casi exagerando, habla de conservar la pureza de la raza», dijo sobre la exposición de motivos de la propuesta.

La portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, insistió en que si llegan al Gobierno harán que el conocimiento del catalán sea un requisito para que la Generalitat expida a los inmigrantes el «informe favorable» previo a la concesión del permiso de residencia. «No hay integración plena si tú no conoces la lengua del territorio en el que quieres vivir», alegó. Su homólogo en ERC, Gabriel Rufián, se distanció de esos postulados y aseguró que su partido aboga por la idea que siempre defendió Jordi Pujol, que «catalán es quien vive y trabaja en Cataluña, independientemente del idioma que hable, de cómo se sienta y de la bandera que tenga en el balcón».

La formación más difícil de persuadir, en todo caso, será la de Ione Belarra. Su secretario de Organización, Pablo Fernández, dio a entender en RNE y la Ser que, si la Iniciativa Legislativa Popular para regularizar 500.000 inmigrantes, encallada desde septiembre en el Congreso, sale adelante con los votos de Junts, Podemos podría negociar una ley que relaciona la inmigración, según sus palabras, con una «amenaza con la identidad» nacional catalana. Pero fuentes de la dirección sostienen, en cambio, que no hay margen alguno para sentarse a hablar y la propia Belarra insistió en la Cámara baja: «Nosotras, políticas racistas no las podemos negociar; es una línea roja».

El secretario general de Junts, Jordi Turull, cargó a su vez contra los morados. «Esperaba que estuviera más documentada», arguyó en Rac1 en referencia a Belarra. El dirigente nacionalista relató que cuando vio el vídeo de la líder de Podemos cargando contra el pacto migratorio pensó que era un «meme» realizado con inteligencia artificial, adujo que este partido decidió salir en tromba sin leerse siquiera la propuesta legal para tapar sus problemas internos (la crisis abierta a raíz de las denuncias internas por acoso a Juan Carlos Monedero) y confió en que acabe apoyando la propuesta. «Salvo que tenga la misma concepción del Estado que Vox», recriminó. También alegó que tachar de racista a Junts cada vez que llama a abordar el reto migratorio lo único que consigue es aumentar la extrema derecha.

El Gobierno, apoyado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ayudó a muñir el polémico pacto, niega que haya tufo racista en el texto pactado y    defiende que, al contrario, este «recoge los principios y valores que defiende el Gobierno» y que «pone en el centro los derechos humanos». La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, aseguró que trabajará para «encontrar consensos», pero sobre la regularización alegó que el reglamento de extranjería ya va a permitir que medio millón de inmigrantes pasen a situación de legalidad vía arraigo.

En el PSOE solo se oye una voz crítica, la del Gobierno de Castilla-La Mancha. Su portavoz, Esther Padilla, reprochó que se haya entregando a Junts y a la ultraderecha independentista catalana «el megáfono esparcidor de odio» que presenta a los inmigrantes como «el problema de Cataluña». «Flaco favor hacen a (Salvador) Illa», dijo. Hoy, se espera la intervención del presidente de la región, Emiliano García-Page.