Puigdemont ataca al juez que le acusa de terrorismo e insinúa que le ha investigado en secreto

El escrito a García Castellón -que el pasado lunes brindó la posibilidad a Puigdemont de declarar con abogado de forma voluntaria en la Audiencia Nacional- está firmando por su abogado, Gonzalo Boye, que a la vez es el defensor de Josep Lluis Alay, el jefe del gabinete del expresidente en Waterloo Alay, con Puigdemont, es uno de los doce imputados por terrorismo en el caso de Tsunami y en el que también se encuentra ya imputada la número 2 de ERC, Marta Rovira.

En su carta al juez español de cinco páginas, Boye dice haberse enterado por los medios de comunicación de las acusaciones contra Puigdemont y, por ello, exige al juez conocer la fecha en la que «se comenzó a investigar a mi defendido (Alay) y a su jefe Puigdemont».

El letrado de Puigdemont recuerda que Alay en su momento informó al expresident «de la existencia de unas informaciones periodísticas que patentizaban la existía una investigación secreta en su contra (…) sin que, previamente, se hubiera solicitado el oportuno suplicatorio al Parlamento Europeo». Boye explica que a raíz de aquellas sospechas se se activó el procedimiento de defensa de la inmunidad para Puigdemont, pero que esta protección fue «denegada» por el Parlamento Europeo el pasado 2 de octubre «en base a una información procedente de esta Audiencia Nacional según la cual 'no hay ninguna investigación en curso relativa a Carles Puigdemont'».

Y es ahí donde Gonzalo Boye tira de sorna al límite de insinuar que García-Castellón está prevaricando al estar investigando a aforado europeo a sabiendas de que primero tendría que haber solicitado el suplicatorio a la Eurocámara. «Esta parte –explica el letrado de Puigdemont- necesita disponer de esa información para establecer cómo, cuándo, por quién y por qué se ha podido cometer el error de informar equivocadamente al Parlamento Europeo».

«Hablamos de error porque resulta inimaginable que un órgano jurisdiccional como la Audiencia Nacional, conocedora del principio de cooperación leal, hubiese, conscientemente, informado erróneamente al Parlamento Europeo», escribe con ironía la defensa del huido.

"La gravedad de lo detectado en base a las informaciones periodísticas es de tal calado que es del todo inimaginable que este juzgado se vaya a negar a darnos la información aquí solicitada, porque la misma afecta no solo a la inmunidad del jefe de mi defendido (Puigdemont) sino a la integridad del Parlamento Europeo y, en lo que aquí interesa, a la garantía constitucional del derecho un proceso con las debidas garantías, a la tutela judicial efectiva y al juez imparcial», se despide el letrado en su escrito remitido a la Audiencia Nacional.