Dos magistrados del TC y el Consejo de Europa abogaron por rebajar la sedición

Tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés', dictada en octubre de 2019, y la posterior desestimación de los recursos de los condenados en el Tribunal Constitucional, el procedimiento que sigue marcando la agenda política nacional desde hace cinco años -ahora con la suspensión de las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial por la rebaja de la pena del delito de sedición- entra en su fase final con la activación judicial de la vía europea.

La pregunta más recurrente en estos momentos se refiere a las posibilidades que tienen los demandantes en la corte con sede en Estrasburgo, que no está previsto que resuelva antes de verano de 2023, según estiman fuentes del TEDH.

Tras la sentencia del 'procés', magistrados del Supremo que formaron parte del tribunal juzgador aseguraron que su resolución trataba de blindar precisamente la futura respuesta de Estrasburgo. Para ello, el ponente Manuel Marchena, a la sazón presidente de la Sala Segunda (Penal), se esmeró a lo largo del medio millar de páginas en dar respuesta a las supuestas vulneraciones de derechos de los acusados. Así, los derechos a la libertad de expresión, transparencia del proceso, juicio justo, reunión o la competencia del juez predeterminado por la ley fueron algunos de los alegatos de las defensas que la sentencia dio respuesta.

Por este motivo, en la Sala se respiraba tranquilidad ante todo lo que estaba por venir. Consideraban que su trabajo no dejaba aristas. Pero esta calma duró menos de un año. En septiembre de 2020, el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció en el Congreso que se comenzaba a tramitar la petición de los indultos a los 12 condenados, nueve de ellos en prisión. Se activaba así el reloj de la política dada la capacidad discrecional del Ejecutivo para intervenir en la situación de los encarcelados, según la Ley del Indulto.

Desde entonces han pasado dos años y lo que ni muchos menos esperaban en el tribunal juzgador ha sido la cadena de acontecimientos que han sucedido durante este periodo. Unos episodios que tratan de menoscabar, aseguran fuentes de la Sala, la credibilidad de la sentencia. Estos asuntos, incluso, van más allá de la aprobación en junio de 2021 de los decretos que respaldaron la concesión de la medida de gracia por utilidad pública. Un perdón parcial que supuso la extinción de la pena de prisión de los condenados a cambio de no delinquir entre tres y seis años. En cambio, la inhabilitación para cargo público permaneció intacta.

El primer acontecimiento sucedió en abril de 2021 en el Tribunal Constitucional. La unanimidad que habían venido mostrando los magistrados desde 2017 en las resoluciones sobre el 'procés' saltó por los aires. Fue en la resolución del primer recurso de un condenado a prisión en la sentencia del 'procés'. En este caso el de Turull.

Juan Antonio Xiol, expresidente de la Sala Civil del Supremo, y María Luisa Balaguer emitieron sendos votos particulares que ponían en duda gran parte de los hechos probados por el Supremo. Consideraron la pena desproporcionada y mostraron sus reticencias respecto a la redacción actual y aplicación del delito de sedición, un tipo que castiga la alteración del orden público -no del orden constitucional, como ocurre con la rebelión- a entre ocho y 15 años de prisión. Una horquilla parecida, por ejemplo, a la de un homicidio (de diez a 15 años).

«Un análisis alternativo, que consideramos de mayor corrección constitucional y más respetuoso con el actual estándar nacional y europeo de los derechos humanos, hubiera desembocado en una sentencia estimatoria»» concluyeron ambos magistrados.

A su juicio, sus compañeros debieron haber estimado el recurso por vulneración del derecho a la legalidad sancionadora en comparación con los derechos fundamentales a la libertad personal, ideológica y de reunión que garantiza la Constitución. El motivo no era otro que haberse impuesto una pena desproporcionada. Estas apreciaciones jurídicas fueron usadas por los primeros demandantes ante la corte de Estrasburgo. Y su valor fue doble por tratarse del fondo de la sentencia del 'procés'.

En lo que respecta a la sedición, esta mención entronca, además, con la reforma penal que ha anunciado el Gobierno de este delito «para adecuarlo a los estándares europeos», en concreto a las recomendación que hace el Consejo de Europa, según ha defendido la ministra de Justicia Pilar Llop. Una forma de decir que el actual artículo es demasiado duro.

El siguiente acontecimiento tuvo lugar el 25 de mayo de 2021. El presidente Pedro Sánchez abrió la puerta a la concesión de los indultos con una palabras que generaron «malestar» en el Supremo, según fuentes del alto tribunal. «Lo más importante para mí es que, pese a que hay partidos y personas que defienden otras tesis, en los valores constitucionales no se encuentra ni la revancha ni la venganza y sí la concordia», expuso. Sánchez no matizó luego si estas «personas» eran los magistrados que juzgaron el 'procés'. Una gesto que causó perplejidad en la Sala.

Pero el colofón llegó en junio siguiente. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa -principal organización del continente dedicada a la defensa de los derechos humanos y formada por 47 países- aprobó por mayoría un informe que reclamaba la reforma en España de los delitos de sedición y rebelión, la excarcelación de los presos del 'proces' -llegaría solo un día después con los indultos-, la paralización de las peticiones de extradición -caso de Carles Puigdemont- y que decaigan los juicios pendientes.

Un dictamen que se ratificó en el contexto de la persecución a líderes políticos, entre comparaciones a la situación en Turquía y que generó una airada respuesta del Consejo General del Poder Judicial español, que «deploró» la injerencia de este órgano y defendió que el del 'procés' fue un juicio justo con todas las garantías. En cualquier caso, este informe supuso un elemento más que dio alas a las demandas de los condenados en la corte de Estrasburgo, junto con los votos particulares de los magistrados del Constitucional.

El Gobierno tomó nota entonces de todos estos episodios y ahora ha vuelto a sacar la carta de la rebaja de la pena de la sedición para acercar posturas con ERC, en pleno debate sobre los presupuestos generales y en el contexto de la mesa de negociación en Cataluña. Lo que no esperaba Sánchez es que el PP haya suspendido cualquier acuerdo para renovar el CGPJ, órgano constitucional que va camino de los cuatro años en funciones, si el Ejecutivo cedía con una iniciativa legislativa anunciada con anterioridad sobre la rebaja de la sedición por incluir una pena desproporcionada.