La jueza vuelve a citar como investigado al novio de Ayuso por presunto fraude fiscal

En una providencia, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid cita además el mismo día a los otro cuatro investigados en este mismo procedimiento, quienes habrían colaborado con el primero en su entramado societario para pagar menos impuestos.

La semana pasada, la magistrada acordó abrir una pieza separada para investigar si la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso habría incurrido, además, en la comisión de delitos distintos de los que ya se instruyen en la causa principal: corrupción en los negocios y administración desleal. Esta subcausa se abrió para investigar los trabajos del empresario a su cliente Quirón Prevención y la facturación de los mismos.

La primera investigación en relación a un supuesto frauda fiscal se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021. Del mismo modo, un delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.

En el auto de apertura de diligencias, la jueza razonaba que supuestamente y «como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros».

Esgrimía que dichas conductas están tipificadas con «delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal».

La Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación «unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades». «Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021», recogió la denuncia.

El pasado 22 de enero, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona, propiedad de González Amador, del que se deduce «determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito».