El juez apunta por primera vez a Moncloa en la causa abierta al fiscal general

El juez considera procedente esta diligencia «para esclarecer el recorrido» que pudo haber tenido el correo electrónico del 2 de febrero de 2024 –en el que la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso admitió dos delitos fiscales en busca de un acuerdo con la Fiscalía de Madrid– hasta su aparición en la mañana del 14 de marzo siguiente en el digital El Plural.com, «y en qué circunstancia circuló a través de personas por las que pudo haber pasado».

La testifical de Sánchez Acera se explica porque, como asesora de Moncloa en el momento de los hechos, fue la persona que remitió el mismo 14 de marzo de 2024 al exlíder de los socialistas madrileños Juan Lobato el mail del abogado de Alberto González Amador para usarlo en la Asamblea de Madrid contra su rival política, la presidenta regional. Una circunstancia que llevó a Lobato al notario siete meses después para dejar constancia de que no tenía nada que ver con este intercambio de información sensible que afectaba a un particular. 

Sobre Sánchez Acera, hoy jefa de Gabinete de Óscar López en el Ministerio de Transformación Digital, el pasado 4 de diciembre, y a petición del Colegio de Abogados de Madrid, personado también, el juez rechazó imputarla porque estaba pendiente de varias diligencias, como el volcado del móvil de Lobato. Pero ahora, dos meses y medio después, accede a llamarla solo como testigo a petición de Manos Limpias para aclarar cómo llegó el correo al búnker de la Moncloa. 

El argumento de la testifical de Lobato ante el juez y, probablemente, el de Sánchez Acera cuando declare, se centró en defender que conoció este documento en apariencia confidencial cuando ya estaba publicado parcialmente por la prensa o en poder de algunos medios de comunicación en su integridad, como fue el caso de ElPlural.com, que se hizo eco del mismo 37 minutos después de que la mano derecha de ministro López se lo reenviara al dimitido secretario general del PSOE madrileño con un único objetivo: usarlo para atacar a Díaz Ayuso en el Pleno de la Asamblea previsto para ese mismo día.

Sobre quién se lo remitió a Sánchez Acera es uno de los interrogantes por resolver. De ahí que el juez Hurtado, a sabiendas de que existen testimonios en la causa que hablan de que ese correo pudo estar en manos de hasta 500 personas dentro de la Fiscalía Provincial de Madrid, quiere que la obligación de decir verdad de los testigos esclarezca este extremo. También en el caso de Francesc Vallés, el que fuera máximo responsable de Comunicación del Gobierno que aparece mencionado en un informe de la UCO, el relativo al volcado el móvil de Lobato, como una de las personas que accedió a ese correo.

Al citar a ambos testigos, el instructor rechaza tomar declaración a Ion Antolín, exjefe de prensa del PSOE y sustituto de Vallés hasta su dimisión por razones personales, y a Laura Sánchez Espada, jefa de Gabinete de la ministra de Vivienda. Ambos fueron mencionados en el informe de la UCO. El juez considera suficiente lo que puedan aportar los citados el 12 de marzo.

Por otra parte, descarta la testifical también a la exministra de Justicia y ex fiscal general, Dolores Delgado, al considerarlo innecesario para el esclarecimiento de los hechos. Delgado habló varias veces con García Ortiz en los días de la presunta filtración.