García Ortiz pide ya a la Fiscalía catalana todas las causas beneficiadas por la amnistía

El máximo responsable del Ministerio Público, a través de un oficio remitido el pasado 16 de noviembre por la Secretaría Técnica a la Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña, aunque con sello de entrada a 1 de diciembre, justifica su petición en la «complejidad de la materia» y el breve plazo que para la aplicación de la amnistía prevé la proposición de ley, cuya tramitación, recuerda, es «urgente y preferente». Lo hace, además, «en aras a dar cumplimiento a la misión constitucional del Ministerio Fiscal a través del principio de unidad de actuación que rige nuestra institución»».

El escrito precisa que la Secretaría Técnica, «conforme a las indicaciones» recibidas por el fiscal general, requiere la información relativa a los procedimientos penales que se hayan tramitado en toda la comunidad autónoma de Cataluña en relación con el proceso independentista «y demás hechos comprendidos en el artículo 1.1 de la proposición de ley, es decir, respecto a hechos ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias siempre que hubieran sido realizados entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023».

García Ortiz quiere conocer el número exacto de causas beneficiadas, en fase de instrucción o ya juzgadas, y estimar también el número de personas amnistiadas, que según las estimaciones podrían ir desde las 400 hasta las 1.400, según el cálculo que hace Junts, el partido de Carles Puigdemont.

El fiscal general mueve así ficha antes incluso de que la ley de amnistía comience su periplo parlamentario, ya que el primer debate será el próximo 12 de diciembre. El oficio conocido ahora insta a que las jefaturas de las fiscalías de área y provinciales entreguen al fiscal superior toda la información interesada.

Y es que el artículo 9 de la proposición de ley, relativo a la competencia para la aplicación de la amnistía, establece que en actos tipificados como delitos esta medida será aplicada por los órganos judiciales (…) de oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal y, en todo caso, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes».

Por su parte, el artículo 10 ordena a los órganos judiciales, administrativos o contables a que adopten la decisión correspondiente con carácter preferente y urgente en el plazo máximo de dos meses desde su aprobación, «sin perjuicio de los ulteriores recursos». Por lo que García Ortiz quiere tener un marco general para cumplir con el plazo que marca la norma.