La Fiscalía Europea pide al juez quedarse con la parte central del 'caso Begoña Gómez'

La Fiscalía Europea el pasado miércoles ya envió a la sede de Red.es (el organismo de la administración central al que iban dirigidas las cartas de recomendación) a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para clonar todos los ordenadores relacionados con las adjudicaciones bajo sospecha a Innova Next, la firma de Barrabés. A diferencia de la Fiscalía General del Estado, el ente comunitario sí que ve indicios de posible delito en la actuación de Gómez y ya le investiga oficialmente por malversación, tráfico de influencias y prevaricación, según han revelado fuentes de la institución.

La Fiscalía Europea ejerce su derecho de avocación pero de forma parcial. Y es que, al menos por el momento, rechaza investigar la segunda gran pata de la denuncia de Manos Limpias por la que abrió diligencias previas el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid: las reuniones de Gómez con los responsables de Globalia, matriz de Air Europa, antes de que el Ejecutivo, según los denunciantes, aprobara ayudas de 475 millones, primero, y 320 millones de euros, después, que evitaron que el colapso de la aerolínea por la pandemia. La Audiencia Provincial de Madrid, que ha avalado la investigación de Peinado referente a los contratos de Barrabés, tampoco vio indicios delictivos en los encuentros con los responsable de Air Europa.

A finales del pasado mayo la Fiscalía Europea ya pidió al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que le transfiriera la investigación del 'caso Koldo', porque, como ocurre en las diligencias previas a la mujer del presidente, hay dinero comunitario involucrado. Ahora el juez Peinado, como sucede también en el 'caso Koldo', debe decidir si se inhibe a favor de la UE o plantea un conflicto de competencias que resolvería el Tribunal Supremo.

Los datos que han puesto a la Fiscalía Europea tras el 'caso Begoña Gómez' fueron los que recogió en el vasto informe que la UCO remitió a Peinado en mayo. La Guardia Civil revelaba que Juan Carlos Barrabés, a través de seis sociedades (con participación accionarial o en sus órganos de administración) ha ganado entre 2015 y 2024 un total de 99 expedientes de contratación «por un importe total de adjudicación que asciende a 24.923.443,60 euros (IVA no incluido)».

Casi 25 millones en una década, pero repartidos de manera muy desigual, ya que 20,2 millones («aproximadamente un 90% del total de las adjudicaciones», recordaba la Guardia Civil) se consiguieron tras las cartas de Gómez y todo ello en tan solo ocho contratos en apenas un año y medio: 12.577.711,51 euros en 2021 y 7.685.233 euros, en 2022.

El informe de la UCO recogía que fueron cinco las administraciones públicas las que adjudicaron a Barrabés en esos 'meses dorados': tres de ellas dependientes del Gobierno central (Red.es, Consejo Superior de Deportes y Renfe); una por parte de la Generalitat valenciana entonces en manos del socialista Ximo Puig; y una del Ayuntamiento de Madrid del popular José Luis Martínez-Almeida.

Pero no todas eran iguales para la UCO. Los investigadores aseguraban que tras analizar todos esos contratos «destaca notablemente» la relación de Innova con de Red.es, precisamente la entidad a la que fueron dirigidas las cartas de recomendación de la mujer del presidente. En esa línea, destacaban que solo las «cuatro adjudicaciones en el marco de tres expedientes» supusieron el desembolso de 10,6 millones a la empresa de Barrabés, por parte de Economía.

Y es ahí donde los propios agentes de la UCO dejaban entrever cierta perplejidad. El 40% del dinero público en adjudicaciones al colega empresario de Begoña Gómez desde que comenzara con sus empresas allá por 2012, lo consiguió solo con esos tres expedientes tras las cartas. Y no solo eso: «Red.es no habría adjudicado otros expedientes, ni previa ni posteriormente a los señalados, ni a la mercantil Innova Next ni a ninguna otra de las que se ha considerado vinculadas con Juan Carlos Barrabés», apuntan entonces los investigadores.

Pero había más. La UCO ponía el acento en que «los tres expedientes, pese a adjudicarse en fechas que distan unos cinco meses, tuvieron una tramitación paralela. Todos ellos fueron publicados en la misma fecha y siguieron, desde un punto de vista temporal, procedimientos similares». O sea, resumía la Guardia Civil, «todos ellos presentan importantes similitudes en cuanto a su tramitación, tanto desde el punto de vista de los cargos públicos que participan en las mismas, como de aspectos concretos del procedimiento».