Los fiscales del 'procés' retan a García Ortiz al reiterar que Puigdemont se lucró con la malversación del 1-O

El criterio de los fiscales se mantiene firme y es el mismo que le presentaron hace dos semanas al fiscal general en un extenso informe. Concluyen que la amnistía no es viable en los casos de malversación de caudales públicos -como ocurre en el procesamiento del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont o la inhabilitación de Oriol Junqueras- ya que supuso un enriquecimiento personal por los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y afectó a los intereses financieros de la UE. Un supuesto que estaría excluido de la aplicación de la nueva ley, según defienden los acusadores.

En su escrito, los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena recuerdan que la ley «excluye de su aplicación los actos de malversación que implican enriquecimiento personal o un beneficio patrimonial». «Pues bien, añaden, resulta indudable que Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig (en su condición de presidente y consejeros de la Generalitat en 2017) y los condenados por sentencia firme Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, como receptores de los gastos, sustrajeron por sí mismos caudales públicos».

Los fiscales sostienen que la malversación de caudales públicos «supuso un beneficio patrimonial para los autores, pues destinaron los mismos a la elaboración, desarrollo y concreción de su ilegal proyecto» y esto les produjo un beneficio. En su tesis, no hay duda de que Puigdemont y sus compañeros, «decididos a toda costa a celebrar el referéndum ilegal, conocían perfectamente la magnitud de los gastos y la necesidad de obtenerlos», por eso recurrieron «con clamorosa infracción del deber de custodia a la sustracción del erario público de todos los españoles».

Además, los fiscales exponen que la malversación para «financiar un proceso secesionista dentro de un Estado que forma parte de la Unión Europea, con el consiguiente riesgo de fractura territorial de la UE y la consiguiente disminución de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto, repercute negativamente en los propios intereses financieros de la Unión».

De las dos modalidades de malversación, los fiscales sostienen que los procesados, los condenados y los indultados no incurrieron en la conducta pasiva (que consiste en que otro no sustraiga), sino que fueron ellos los que se apropiaron en persona de los fondos públicos. «En nuestro caso, los funcionarios públicos constituidos en autoridad se apropiaron de fondos públicos con ánimo de lucro propio, no de terceros», concluyen.

Ahora será el fiscal general quien valore estos argumentos y decida si apoya esta tesis -lo que también afectaría al mantenimiento de la orden nacional de detención de Puigdemont y del resto de procesados en rebeldía- o impone su criterio contrario de que sí fue una malversación pero sin apropiación indebida de dinero público, tal y como le permite el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

En caso de que los cuatro fiscales no estén de acuerdo con su superior podrían invocar el artículo 27 del citado estatuto para elevar el asunto a la Junta de Fiscales para que se pronuncien sobre las dos posturas. Cabe recordar, no obstante, que el fiscal general tiene el poder de hacer valer su criterio tras escuchar al cónclave.

Con todo, los fiscales sostienen que si García Ortiz, tras la Junta de Fiscales, impone que se debe aplicar la amnistía ellos no firmarán dicho decreto, sino que deberá hacerlo el propio fiscal general u otro fiscal que él designe.