El fiscal de Tsunami se va de su asociación conservadora tras 20 años por no defenderle

En una carta dirigida a la presidenta de la asociación, Cristina Dexeus, Redondo asegura «que carece de sentido» su permanencia en una organización a la que ha pertenecido dos décadas y que «se muestra absolutamente incapaz» de darle amparo en sus actuaciones profesionales. «Te ruego que tramites, a la brevedad posible y con efecto inmediato, mi definitiva e irrevocable baja asociativa», concluye la misiva.

En la misma, Redondo recuerda que el Consejo Fiscal acordó el pasado 6 de marzo ampararle «ante la publicación en algún medio de comunicación de artículos extremadamente críticos», entre ellos el citado de El Mundo, sobre su decisión definitiva de oponerse a investigar a Puigdemont por terrorismo en relación a la plataforma independentista 'Tsunami Democràtic'.

«El Consejo concedió el amparo, si bien los vocales pertenecientes a la Asociación de Fiscales, votaron en contra de su toma en consideración», lamenta el fiscal, asegurando que «con su actitud inconcebible y sobrecogedora se distanciaron de los consejeros de las otras dos asociaciones, así como del fiscal general del Estado, de la teniente fiscal y de la fiscal inspectora».

A su juicio, la Asociación de Fiscales puso «de manifiesto» que no estaba dando cumplimiento a una de sus más importantes finalidades: la de defender a los asociados en su actuación profesional.

Realmente, esta guerra en el seno de la Fiscalía estalló el 4 de febrero, apenas dos días antes de que se celebrase la junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo que iba a analizar el caso Tsunami. Ese 4 de febrero se conoció que Redondo, a quien había correspondido por reparto analizar el caso para exponerlo en dicho encuentro, había concluido que no existían indicios suficientes para imputar por terrorismo al expresidente catalán, como había solicitado el magistrado Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional. Sin embargo, en la misma noche del 4 de febrero al 5 de febrero, El Mundo publicó que Redondo había visto terrorismo en un primer momento y que había «cambiado de criterio» tras «visitar» al fiscal general.

La Fiscalía General del Estado y el propio Redondo, que emitió un comunicado, negaron esta sucesión de hechos y cualquier tipo de «indicación o sugerencia» de García Ortiz. El fiscal del Supremo explicó que había elaborado un primer borrador donde apreciaba terrorismo, pero que había cambiado de postura tras estudiar a fondo el caso. Es más, añadió que la ponencia que iba a llevar a la junta de fiscales estaba hecha antes de verse con el máximo representante del ministerio público, y añadió que así constaba en su «sistema informático». Pese a las explicaciones, el sector conservador de la carrera aprovechó para cargar contra el fiscal general.

El 6 de febrero, en la junta de fiscales de la sección primera de lo penal del Supremo, los dos presidentes de dicha sección mostraron posturas enfrentadas sobre el informe que elaboró Redondo. Fidel Cadena se mostró en contra, mientras que Joaquín Sánchez-Covisa se pronunció a favor. Esta discrepancia entre ambos llevó a que la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, en calidad de superior jerárquica, interviniera.

Finalmente, Sánchez-Conde emitió el informe final con la postura de la Fiscalía: se opuso a que se investigara a Puigdemont en el Supremo por terrorismo al considerar que no hay indicios suficientes de criminalidad contra el eurodiputado de Junts. Sin embargo, la Sala Segunda (de lo Penal) desoyó su posición y abrió causa penal contra el líder de Junts y el diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg por presuntos delitos de terrorismo en la causa de 'Tsunami Democràtic'. Ambos están aforados ante este tribunal.