España frena las extradiciones a Rusia por la ausencia de relaciones entre los gobiernos

El Gobierno rechaza el traslado de los condenados por las circunstancias de la guerra, pero también por los problemas para conectar los dos países. El 28 de febrero del 2022, Rusia cerró su espacio aéreo para 36 Estados, incluidos todos los de la Unión Europea, y en respuesta, la UE tomó la misma decisión respecto a los vuelos procedentes de ese país. Una posible extradición implicaría un complejo traslado en el que debería participar algún tercero país que mantuviera relaciones tanto con Rusia como con la Unión Europea, una circunstancia que el Gobierno, actualmente, no contempla.

Igor V. S., acusado por Rusia de malversación, blanqueo y hurto, y Alexander Y., el administrador de una empresa constructora que supuestamente se quedó el dinero de los clientes, son los dos rusos reclamados por el Kremlin a España. En ambos casos, la Audiencia Nacional había avalado su extradición después de aceptar las «garantías adicionales» que había ofrecido la Fiscalía General rusa.

En el caso de Igor V. S., Moscú envió por escrito, el 19 de agosto de 2022, su compromiso de que se le ofrecería al preso «todas las oportunidades para su defensa»; no se le sometería a «torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes»; se le encarcelaría «en una institución que cumpla con las normas estipuladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos»; los funcionarios de la Embajada de España en Rusia podrían «visitarlo para controlar que se cumplen las garantías»; «no se establecerá ningún tribunal especial» para juzgarlo; «no se le aplicará la pena de muerte»; las «condiciones de prisión no serán inhumanas o degradantes»; y «se garantizará su salud», entre otras.

A la Audiencia Nacional le parecieron suficientes estos argumentos y a finales del año pasado dio su visto bueno a las extradiciones de ambos ciudadanos. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia dijo que, pese al aislamiento internacional de Rusia y a la ruptura de otros tratados, se mantenía vigente el Convenio Europeo de Extradición de 1957. Reconocía que «la autoridad judicial española no es ajena al destino» del detenido y «debe prevenir la vulneración de derechos fundamentales», pero creía que la Fiscalía General rusa amparaba esos derechos.

La defensa de Igor V. S. rechazó frontalmente su extradición a Rusia. La abogada que llevó primero su caso alegó que el detenido podía ser reclutado «para servir en el ejército ruso en Ucrania», además de que existía una persecución política contra su cliente porque se opuso a que «el Ministerio de Sanidad fuera privatizado».

Igor V. S. estaba acusado de desviar a sus cuentas dinero del Instituto Estatal Autónomo de Salud y del hospital Mayan, los centros médicos de los que era director gerente en la Región de Sverdlovsk, de malversar los fondos de las instituciones y de robar combustible y lubricantes entre los años 2013 y 2018; un fraude que en total ascendía a 32.700.000 rublos (439.000 euros). Tras huir a España, fue detenido por la Interpol en Barcelona el 14 de mayo de 2021. Entonces, Moscú pidió su extradición.

El Gobierno ha desistido de continuar con el proceso administrativo en el caso de Igor V. S., lo que hace que este ciudadano ruso esté en libertad en Murcia, donde ha establecido su residencia, aunque su situación es desesperada porque su visado ha caducado. Su actual abogado explica que se plantea pedir permiso de residencia o asilo político, pero se encuentra con un grave problema: parte de la documentación que necesita se encuentra en Rusia, y el Gobierno de su país de origen no está dispuesto a proporcionársela. «En función de la documentación que consigamos obtener decidiremos la mejor opción», afirma el letrado.