La causa que originó el 'caso Koldo' desata una guerra en la UCO por los confidentes

Pero el avance de las pesquisas durante estos más de tres años ha desvelado una guerra sin cuartel entre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, responsable de esta investigación y de todas las relativas a hidrocarburos, por la manipulación de sus confidentes para fines supuestamente ilegales. La Fiscalía y Asuntos Internos del cuerpo han tenido incluso que intervenir para conocer hasta dónde llega la «capacidad corruptora» de la organización criminal entre los agentes.

Esta marejada en la UCO, dependiente de la Jefatura de Policía Judicial, salpica también a la Jefatura de Información y tiene réplicas en la investigación de dos causas que se siguen hoy en el tribunal central. Se trata de la 'operación Drake', abierta en abril de 2019 en el Juzgado Central número seis y que indaga también un fraude de 150 millones con hidrocarburos, y el mediático 'caso Koldo', que estalló en febrero de este año y que instruye el juez Ismael Moreno en el Central número dos.

Esta causa indaga el presunto cobro de comisiones irregulares en la adjudicación de varios contratos sanitarios en plena pandemia por parte de varias administraciones públicas. Y tiene a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, cerca de su imputación por su «papel principal» en la trama. Así lo detalló el juez en el escrito remitido al Tribunal Supremo esta semana contra el actual diputado del Grupo Mixto, aforado ante la Sala Segunda, tras apreciar indicios de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

En suma, el cruce de acusaciones entre mandos de la UCO sobre la colaboración con los imputados en la 'operación Larraondo', algunos confidentes del cuerpo, facilitando información reservada sobre la investigación, alcanza a varios grupos: blanqueo de capitales, fuentes humanas (encargado de obtener información criminal) e Información.

Los informes sobre estos hechos fueron aportados a la causa por el Grupo de Delincuencia Económica (GDE) número uno de la UCO, bajo la autoría del capitán L. H., y se nutren del volcado de los teléfonos intervenidos a los encausados. Este es el caso del financiero J. L. C., el primero en poner sobre la pista a su controlador, el capitán Juan Vicente Bonilla, de las actividades en Transportes de «Koldo del PSOE» (el exasesor de Ábalos) y «los que trincan».

Fue en un cruce de mensajes el 5 de abril de 2021, once meses antes de que el PP de Madrid presentara una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por los contratos sanitarios. Precisamente, Bonilla se marchó de la unidad adscrita a Anticorrupción en abril de 2023 tras cinco años en el cargo, y medio año después fue nombrado Gerente de Seguridad Corporativa de la Comunidad de Madrid por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, donde sigue hoy con un sueldo de 84.000 euros anuales.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, en un escrito de noviembre de 2023, entró de lleno en la investigación a los agentes tras aceptar las diligencias pedidas por la defensa del capitán J. S., señalado por Asuntos Internos. Éste no solo niega su participación en un chivatazo a un confidente imputado en la 'operación Larraondo', el empresario Antonio Rodríguez Estepa, sino que acusa al instructor policial del caso, el citado capitán L. H., «de ocultar o alterar información relevante, o la expone a las partes cuando son de interés policial y obedeciendo probablemente a rencillas profesionales».

En un escrito remitido al juzgado hace unos días, la defensa ejercida por el abogado Jacobo Teijelo apunta también a que la presente causa es un «desglose ilegal» de la investigación de la 'operación Drake' (2019), utilizada al «libre albedrío y con criterios personales y de oportunidad» por parte del Grupo de Delitos Económicos de la UCO. Lo hicieron, denuncia, «sin control judicial, ocultado a las defensas e instrumentalizado a favor de una opción política concreta», en referencia al comienzo de la investigación del 'caso Koldo' en abril de 2021. Incluso señala que los investigadores protegieron la identidad secreta del capitán Bonilla cuando recibió las primeras informaciones sobre las actividades del asesor de Ábalos.

«El mismo grupo de la UCO compartió referencias de una veintena de personas físicas y jurídicas investigadas en las dos causas y la duplicidad se extiende a lo largo de las actuaciones», señala el escrito, que ha usado una técnica novedosa que cruza datos sumariales y que permite combatir las llamadas «construcciones paralelas para lavar información obtenida irregularmente» por la instrucción policial.