Cataluña gestionará las devoluciones de inmigrantes y «estará en frontera junto a la Policía y la Guardia Civil»

El pacto en materia migratoria, que requerirá el visto bueno del resto de los grupos que apoyaron la investidura para hacerse efectivo y convertirse en ley, llega tras un año de tira y afloja entre las dos partes. Sus puntos más complicados, y los más polémicos, estaban precisamente en quién asumía el control de las fronteras y las expulsiones y quién expedía el Número de Identidad de Extranjero y la Tarjeta de Identidad de Extranjero.

El Gobierno siempre ha mantenido que ni la Constitución ni la UE permitían delegar esas competencias. Pero, como informó este periódico, la fórmula seguida en Baviera (con un modelo cooperativo entre la policía de frontera bávara y las autoridades federales, que mantienen la competencia) sirvió de inspiración en el tramo final de unas turbulentas conversaciones.

El proyecto registrado remarca que los Mossos estarán en frontera y actuarán «siempre en coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». También subraya que gestionarán la seguridad de puertos, aeropuertos y las zonas críticas en cooperación con Policía y Guardia Civil, aunque esa función - ya desarrollada por la Ertzaintza en el País Vasco- estaba prevista de antemano y, según anunció el pasado 10 de febrero la consejera del Interior, Núria Parlon, la policía autonómica empezará a ejercerla en cualquier caso el próximo septiembre.

Junts -que compite, por un lado, con ERC, como formación independentista de referencia y, por otro lado, intenta atajar una fuga de votos cercana al 5% hacia la formación de ultraderecha Aliança Catalana- estaba empeñado en que este pacto sirviera para visualizar el «reconocimiento nacional» de Cataluña. Por eso el empeño en estar en las fronteras (que lo primero que vea quien entra en Catauña sea «un escudo con las cuatro barras y que se habla en catalán» decía hace unos días la portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras) y por eso concedía especial importancia a la cuestión de las expulsiones y rechazaba lo que su secretario general, Jordi Turull, llegó a definir como una mera «encomienda de gestión». También en esto se ha acabado en una fórmula mixta.

Cataluña ejercerá la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos. Instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente -que, según la Ley de Extranjería, son las devoluciones de los extranjeros que habiendo sido expulsados contravengan la prohibición de entrada en España y los indocumentados, si son interceptados en la frontera o sus inmediaciones- y, en el caso de las expulsiones que sí lo requieran, el proyecto pactado con el Ejecutivo establece que «se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Catalunya [integrada por igual número de representantes del Estado y de la comunidad autónoma]».

En lo que se refiere a la documentación, Cataluña ejercerá como «ventanilla única» para las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración y, además, será la encargada de expedir físicamente la tarjeta de identidad. Sin embargo, seguirá siendo el Estado quien otorgue el número de identidad de extranjero y lo inscriba en el registro, como insistía el Ministerio del Interior.

La Generalitat gestionará además «integralmente» los centros de internamiento de extranjeros, que en la actualidad son competencia exclusiva de Policía Nacional en todo el territorio. También determinará los perfiles y el contingente de trabajadores extranjero «junto a sus empresas y sindicatos» en el caso de las contrataciones en origen, Y el pacto también remarca que «en materia lingüística, se aplicarán las previsiones de la legislación vigentes al ejercicio de las competencias delegadas».

La asunción de estas nuevas competencias obligará a ampliar la plantilla de los Mossos de Esquadra. El acuerdo también especifica que el Estado tendrá que transferir «los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios». La semana pasada, como allanando el camino, el Gobierno y la Generalitat ya confirmaron un acuerdo para a ampliar, de aquí a 2030, la plantilla de los Mossos d'Esquadra de los en torno a 19.000 actuales hasta los 25.000 agentes y un plan de choque para crear 60 nuevas plazas de jueces en Cataluña. Pero el pacto con Junts eleva la cifra en 1.800 mossos más, hasta los 26.800 aunque no fija plazo temporal.

El Gobierno, que la semana pasada selló ya con su otro socio catalán, Esquerra, el traspaso de Rodalíes y la condonación de 17.000 millones de euros, confía en haber desbrozado el camino para sentarse a negociar, ahora sí, unos Presupuestos Generales del Estado pospuestos durante meses pero que son clave para garantizar su estabilidad y, ahora, dada la situación internacional y la necesidad de aumentar el gasto en defensa, más necesarios.