La Audiencia Nacional muda su piel y cambia de protagonistas

Más allá del símil reptiliano, una muda más profunda es la que está viviendo un órgano jurisdiccional también único en su especie: la Audiencia Nacional. Nacido en 1977 para combatir el terrorismo etarra lejos del País Vasco, ha tenido en su continuidad un motivo recurrente de controversia en las altas instancias judiciales y los partidos nacionalistas. Sobre todo después de que otra serpiente enroscada en un hacha, el anagrama de ETA, pasara a mejor vida tras el anuncio del «cese definitivo» de su actividad armada en otoño de 2011.

Después de 35 años de lucha, de cientos de sumarios y sentencias condenatorias a más de 750 etarras, era inevitable una pregunta: ¿Y ahora, qué? La Audiencia, con jurisdicción en todo el territorio, alumbrada el mismo día en que el Consejo de Ministros de Adolfo Suárez suprimió el Tribunal del Orden Público (TOP) de la dictadura, se abría a un debate sobre su pervivencia que ya parece superado a las puertas de cumplir medio siglo de existencia, en enero de 2027.

Especializado ahora en combatir la organización criminal nacional y transnacional, los delitos económicos, los casos de corrupción que afectan a una pluralidad de comunidades o el terrorismo yihadista, la penúltima vuelta de tuerca del legislador consiste en centralizar bajo su paraguas la lucha contra el tráfico de drogas a gran escala. Una espita abierta tras el homicidio hace un año de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) al ser arrollados por una narcolancha. Unos hechos bajo investigación judicial que se han saldado con la detención y el encarcelamiento de tres ciudadanos marroquíes.

La última novedad sobre la reforma de las competencias de la Audiencia Nacional se encuentra en la Comisión de Justicia del Congreso. Un texto que está en proceso de ampliación de enmiendas hasta el miércoles. Se trata de una proposición de ley orgánica que modifica una norma del Poder Judicial de 1985, relativa a la delimitación de funciones para el enjuiciamiento del narcotráfico, blanqueo de capitales y trata y tráfico de personas.

La iniciativa fue presentada por el Partido Popular en junio pasado, rechazada en un primer momento por una mayoría de la Cámara baja, aprobado luego por el Senado con los votos de PP, Vox, Coalición Canarias y UPN y que ahora ha regresado al Congreso para pasar su examen definitivo. El objetivo es «poner al servicio del Estado de derecho una justicia con mayor aptitud para acorralar a la criminalidad organizada».

Pero, ¿cómo ven los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, donde trabajan unos 900 funcionarios en sus distintas jurisdicciones, esta reformulación de las competencias? Hace cinco años, a principios de 2020, tuvieron lugar unas reuniones con altos cargos del Ministerio del Interior para tratar este asunto, pero no fructificaron por diferentes motivos, según fuentes conocedoras de aquellos encuentros. Desde aspectos técnicos y de interpretación legal hasta asuntos meramente organizativos o de carga de trabajo de los seis juzgados centrales y de las cuatro secciones (tribunales) penales existentes.

El departamento de Fernando Grande-Marlaska -quien fuera magistrado de la Audiencia entre 2003 y 2013, en plena lucha judicial contra ETA junto a otros compañeros recientemente jubilados como Ángela Murillo o Manuel García Castellón- transmitió en vano a sus interlocutores la radiografía de la lucha contra los clanes de la droga en el Estrecho y la necesidad de que intervinieran. La Audiencia Provincial de Cádiz, responsable de juzgar estos sumarios, ya estaba entonces desbordada. De las ocho secciones existentes solo una está en Algeciras, que tramita unos 700 asuntos al año sobre tráfico de estupefacientes. De igual modo, se constató la presión social que sufren sus funcionarios y la recurrente falta de medios en los juzgados ordinarios.

La propuesta de Interior pretendía dar la vuelta a esta situación e impulsar desde la Audiencia lo que se denominó «Nécora dos». Una continuación de la mítica macrooperación de los años 90 en Galicia, liderada por el juez Baltasar Garzón. La entonces fiscal general Dolores Delgado dio el visto bueno y se pensó en Javier Zaragoza para encabezar esta iniciativa tres décadas después de la 'Nécora'. Pero la idea no fue bien vista por una parte de la Fiscalía y causó un cisma en Antidroga, dirigida entonces por José Ramón Noreña. La falta de voluntad de algunos jueces y una interpretación restrictiva de la ley tampoco ayudó.

Pero los tiempos han cambiado y poco a poco han ido entrando grandes sumarios del narco. El último, la intervención del mayor alijo conocido de cocaína en el Puerto de Algeciras en noviembre pasado: 13 toneladas en un contenedor de bananas procedente de Ecuador. Un hallazgo vinculado a un inspector jefe de la Policía, que tenía 20 millones de euros escondidos en su casa.

En el plano organizativo, la nueva presidencia de la Audiencia ha recaído esta semana en manos del magistrado Juan Manuel Fernández, elegido por el pleno del Consejo General del Poder Judicial, del que fue vocal integrado en el bloque conservador. También se han designado a los veteranos jueces Alfonso Guevara y Manuela Fernández de Prado para dirigir las salas de lo Penal y de Apelaciones, respectivamente. Se abre, definitivamente, un nuevo ciclo en el tribunal central.