La asesora de Moncloa que trabaja para Begoña Gómez recurre su imputación por «caprichosa»

La defensa de Álvarez considera considera «caprichosa» la imputación de su cliente después de que Peinado el pasado 20 de diciembre interrogara a esta cargo de Presidencia como testigo y de que cambiara su condición para acusarla ahora de un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios. El magistrado, que en sus autos hechos públicos no explicó la razón de la imputación de la asesora, la citó para interrogarla el próximo 28 de febrero.

En esencia, José María de Pablo, letrado de la asesora, reprocha al instructor que haya imputado a su patrocinada sin que se han hayan presentado nuevas pruebas o indicios desde su interrogatorio como testigo en diciembre. Recuerda el escrito, que el pasado 9 de enero, el propio titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid en una «extensa, meditada y sólida» providencia rechazó encausarla, tal y como pedían las acusaciones populares, para solo unos días después imputarla en un «cambio de criterio copernicano». Un giro «asombroso» –reprocha la defensa- que se hizo a través de un auto «inmotivado» y haciendo una «utilización ilícita de la declaración testifical de mi patrocinada como testigo en su contra».

«Un mismo comportamiento, realizado por la misma persona, el 9 de enero no tiene encaje en ningún tipo delictivo, pero el 28 de enero, sí. Una diferencia de 19 días entre la primera y la segunda resolución, sin que medie ninguna reforma del Código Penal —ni de la jurisprudencia— entre medias», reprocha la defensa.

María Cristina Álvarez también ha recurrido en otro escrito al que ha tenido acceso este periódico la primera diligencia ordenada por Peinado tras la imputación para tratar de amarrar la acusación de que esta asesora pagada con sueldo público en realidad se dedicaba a gestionar la carrera profesional de Gómez: reclamar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un vasto análisis sobre todo el tráfico de llamadas de la investigada desde su nombramiento en 2018, al poco de llegar Pedro Sánchez al poder, hasta la actualidad.

El juez ha pedido en particular conocer todo el intercambio de llamadas que tuvo con números de la Universidad Complutense, del Grupo Barrabés, del Instituto de empresa, del África Center y de varias empresas que colaboraron con la cátedra tales como Google, Manpower, Arsys, Telefónica, Fundación Caixa y Reale.

Para la defensa de la imputada, la petición de esa gran cantidad de datos de la intimidad de Álvarez es «una diligencia restrictiva de derechos fundamentales» sin que Peinado, como marca la ley, haya redactado un «auto suficientemente motivado» de la necesidad de una medida tan invasiva y sin «haber oído previamente al Ministerio Fiscal como es preceptivo».

El nombre de Álvarez saltó a los medios el pasado 14 de noviembre al conocerse el contenido de varios mails adjuntados a la causa contra Gómez por tráfico de influencias, corrupción y, desde hace unas semanas, también por apropiación indebida e intrusismo profesional.

En esos mails se evidenciaba que Begoña Gómez usó, al menos desde noviembre de 2021 y hasta febrero de este año a Álvarez para ocuparse de gestiones de la cátedra. Incluso, que Álvarez era la encargada de gestionar los patrocinios externos de las empresas colaboradoras con este programa docente o que fue la responsable directa de montar un gran evento relacionado con la cátedra con 500 asistentes en la Feria de Madrid (IFEMA) por encargo de la mujer de Sánchez.

La situación de Álvarez se volvió más delicada aún el pasado 25 de noviembre cuando el letrado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, aportó a la causa varios mails para intentar probar que su defendida siguió siempre las órdenes de la Complutense a la hora de registrar el polémico software. Pero esos correos los que realmente constataron que fue la alto cargo de Moncloa la que se encargó personalmente de esas gestiones técnicas de la cátedra de la mujer del expresidente, que este viernes, no obstante, negó.

En su interrogatorio como testigo el pasado 20 de diciembre, Álvarez sostuvo ante el juez que solo ayudaba a Gómez en sus labores profesionales y académicas en su tiempo libre y como «favor» por su «amistad» con la esposa del presidente. Y que jamás lo hizo como directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno, que es el puesto oficial que ocupa en Moncloa y desde cuyo mail corporativo hacía, sin embargo, gestiones para la cátedra de la imputada.

«Esta parte (la de trabajar para la cátedra) es de favor, es un segundo en comparación con las 24 horas al día y 365 días» de funciones estrictamente «oficiales» e «institucionales», afirmó la testigo, quien confirmó que fue contratada para «gestionar la agenda» de la esposa de Pedro Sánchez a pesar de que su cargo figura dentro del organigrama de Presidencia con ese título de directora de Programas.

La asesora, que confesó que tiene un nivel 26 y que cobra 49.000 euros al año, aseguró que entró en Moncloa el 16 de julio de 2018, días después de que la moción de censura de Sánchez, y que lo hizo de la mano de su mujer, que fue quien la fichó para crear un «entorno de confianza, seguridad y discreción» alrededor de su persona. Según la compareciente, entró para este puesto de «confianza y asesoramiento» en la misma posición que han ocupado otras asesoras de las mujeres de los anteriores jefes del Ejecutivo. «Begoña me comento que era un puesto de confianza de la mujer del presidente, era lo que había ocurrido siempre con otros gobiernos», insistió.