Vox presenta a una asesora de Antelo a Comisionada de la Transparencia

La votación de la candidatura de Sánchez, única porque el resto de grupos políticos renunciaron a presentar, tendrá lugar en el Pleno de la Asamblea del próximo miércoles. En la misma sesión se votará la propuesta de la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos sobre interposición de Recurso de Inconstitucionalidad de la ley de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, así como el dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado sobre la imposición de una sanción de un mes de suspensión en sus funciones a Víctor Egío, de Podemos, por interrumpir una votación.

Según la reformada ley de Transparencia y Participación Ciudadana, el Comisionado será designado por la Asamblea entre candidatos de «reconocido prestigio y competencia profesional». Deberá obtener una mayoría de dos tercios de los miembros de la Cámara en la primera votación, es decir, treinta votos, o de la mayoría absoluta en una segunda, veintitrés.

Hasta la ruptura del Gobierno regional, Vox y PP sumaban 30 de los 45 escaños de la Cámara. Pero todo ha cambiado en las últimas horas y es estos momentos ni el PP ni el PSOE ni Podemos están dispuestos a votar a una candidata propuesta por Vox. Así que todo apunta a que no saldrá adelante su nombramiento y la elección del primer Comisionado quedará pendiente hasta septiembre, como muy pronto. Porque el PSOE ya se ha mostrado a favor de recuperar el Consejo de la Transparencia y que al frente haya una persona de reconocido prestigio vinculada a esa materia y elegida por consenso.

Sánchez López, que ocupa un puesto eventual de asesora jurídica en el gabinete de Antelo desde el 17 de octubre de 2023, con un sueldo de 35.000 euros anuales, es el recurso de última hora de Vox después de romper su pacto con el PP. Los antiguos socios habían acordado el nombramiento de Francisco Provencio, también cercano al partido de Antelo y con muy buenas relaciones con los 'populares'. Provencio es gerente de la empresa Lisaplant y preside la Comunidad de Regantes de Librilla desde 2023. También tiene experiencia laboral en el sector inmobiliario y en la promoción, construcción y arrendamiento de inmuebles rústicos y urbanos en su localidad, aunque ninguna relación conocida con la transparencia, la participación ciudadana y el buen gobierno.

La elección de un Comisionado con funciones de defensor del pueblo regional a propuesta de Vox viene recogida en el acuerdo de investidura de Fernando López Miras. La persona designada tendrá un sueldo público que rondará los 80.000 euros anuales y dispondrá a su servicio una estructura administrativa de la propia Comunidad a la que debe controlar. El desaparecido Consejo de la Transparencia estaba formado por 18 miembros que garantizaban la representatividad social y la independencia. Sus integrantes no cobraban dietas por esa actividad.