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Cientos de veterinarios de la Región de Murcia realizaron este miércoles un parón laboral y una manifestación frente al edificio de la Delegación del Gobierno para mostrar su rechazo a la reciente normativa del Ministerio de Agricultura que plantea una limitación al criterio clínico y profesional de estos sanitarios e impone requisitos burocráticos excesivos. El Real Decreto 666/2023 ha motivado una protesta que forma parte de una acción coordinada a nivel nacional, con veterinarios de diversos sectores, desde clínicos hasta especialistas en salud pública y producción animal.
Los manifestantes expresaron varias demandas clave encaminadas a que el departamento del ministro Luis Planas modifique el real decreto. La primera es la retirada del sistema informático para el control de las prescripciones de medicamentos (Presvet) y una moratoria en la aplicación de ciertos apartados que dificultan su trabajo. También reclaman el derecho a «prescribir basándose en criterios clínicos y evidencia científica, rechazando las restricciones actuales», reivindicaron durante la protesta.
Además, solicitan la incorporación en la nueva Ley de Medicamentos de la posibilidad de vender fármacos destinados exclusivamente a animales bajo su cuidado. Por último, piden «el retorno al IVA reducido para servicios veterinarios», argumentando que la crisis económica que justificó su aumento en 2012 ya ha sido superada.
Los veterinarios estuvieron acompañados de Álvaro Mateos, consejero del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, quien subrayó el compromiso de los sanitarios con el concepto 'One Health' y su papel crucial en la lucha contra la resistencia a los antibióticos. Destacó los logros ya alcanzados en la reducción del uso de antibióticos en animales de producción y su dedicación a proporcionar los mejores cuidados, «contribuyendo así a la salud humana y del medio ambiente».
La manifestación fue organizada en la Comunidad por el Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia, junto con Amurvac, Ceve Murcia y Avepomur, quienes leyeron un manifiesto conjunto, donde insistieron en la «gravedad de la situación» y la necesidad de ser escuchados por las autoridades. «Reivindicamos poder suministrar directamente los medicamentos necesarios para garantizar la continuidad de los tratamientos, como hacen en otros países de la Unión Europea -reflejaron-; en España, la falta de acceso directo a estos medicamentos obliga a los propietarios a recorrer varias farmacias en busca de fármacos, con el riesgo de no encontrarlos o recibir sustituciones inapropiadas que pongan en riesgo la salud de los animales».
Los manifestantes acusaron al Ministerio de Agricultura de falta de diálogo y de implementar una normativa que consideran «injustificada, desproporcionada y contraria a otros países de nuestro entorno». Denuncian que, contrariamente a lo afirmado por el Ministerio, no gozan de libertad de prescripción y que la nueva legislación pone en riesgo el bienestar y la salud animal.
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