Vertido 'cero patatero'

El Partido Popular no solo se cargó en el año 2001 la ley de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor que aprobó en 1987 el Gobierno socialista de Carlos Collado Mena, sino que estando al mando de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) entre los años 2012 al 2018 apenas hizo nada para paliar la grave situación que padecía la laguna salada. Ello pese a que el plan hidrológico de la cuenca para el periodo 2009-2015 hacía un diagnóstico exhaustivo sobre el alarmante proceso de eutrofización de la masa de agua, a la vez que proponía -ahí viene lo más relevante- las medidas que había que aplicar, con su correspondiente coste económico, que se elevaba a 425 millones de euros. Tales actuaciones son prácticamente las mismas que figuran en el actual plan de 'vertido cero'. Es decir, hace un decenio la CHS, organismo dependiente del Gobierno central, ya había puesto negro sobre blanco las acciones necesarias y el calendario de inversiones para el objetivo de 'vertido cero'. El resultado desde entonces, en lo que competía al Ministerio de Medio Ambiente, ha sido prácticamente de 'cero patatero'.

Es cierto que los planes de cuenca se suceden y superponen unos a otros, a la vez que tienen una compleja y exuberante elaboración -a menudo exagerada-, por lo que cabe entender que hay medidas que necesitan un horizonte amplio de ejecución y saltan de un ciclo de planificación a otro. Pero lo que no tiene explicación es que el grado de ejecución de las medidas previstas para regenerar el Mar Menor fuera tan solo de un 9,3% por falta de inversión. Pero sucede además que en el actual ciclo de planificación 2015-2021 apenas se ha avanzado, según los informes oficiales.

Bajo el mandato de los ministros Miguel Arias Cañete e Isabel García Tejerina, la Confederación Hidrográfica del Segura, presidida por Miguel Ángel Ródenas, solo ejecutó ese pobre 9,3% de las medidas. El plan 2009-15 fue elaborado al final de la etapa de Gobierno del PSOE, que se lo pasó al PP cuando Rajoy ganó las elecciones en 2011. Con anterioridad, y bajo los gobiernos de Rodríguez Zapatero, tampoco se hizo gran cosa por la albufera, ya que la prioridad estaba en garantizar el suministro de agua a la población. La exministra Cristina Narbona -que paralizó en los tribunales el megaproyecto de Puerto Mayor de La Manga, que ya ha pasado a la historia-, reconoció que podían haber hecho más por mejorar la calidad de la masa de agua. Puso en marcha los grupos científicos para estudiar soluciones.

No había nada más sencillo que aplicar las leyes que ya existen para salvar el Mar Menor. El 'vertido cero' no es un término de nuevo cuño, sino que ya formaba parte del relato de la CHS, del Ministerio y de la comunidad científica, como la piedra angular que dirige todas las actuaciones. He aquí que se hizo la vista gorda desde el Ministerio y la CHS sobre el impacto que estaban causando el regadío, las aguas residuales contaminadas y los vertidos mineros, principalmente.

La red de salmueroductos que se construyó hace 40 años en el Campo de Cartagena no solucionó a la postre el problema porque no se trataba solo de evacuar salmuera. Estas aguas iban cargadas de nitratos y fosfatos que no podían ir al mar sin un proceso previo de descontaminación.

El Gobierno del PP tuvo entre 2012 y 2018 tiempo y margen suficiente para haber aplicado las medidas de 'vertido cero' contenidas en el plan de cuenca 2009-2015, las mismas que se repitieron en el siguiente plan 2015-2021, actualmente en vigor. Los poderes públicos, políticos y empresariales, además de la Fiscalía del TSJ, apenas se inmutaron cuando 'La Verdad' reveló en el año 2010 que 3.000 toneladas de nitratos y fosfatos estaban matando cada año el Mar Menor, según la propia CHS.

Precisamente el sostén científico de esta alarma ecológica correspondía a las investigaciones de Ángel Pérez Ruzafa, catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia.

La CHS dirigida por Ródenas, bajo el control del Ministerio de García Tejerina, se movió cuando el Mar Menor alcanzó tal grado de deterioro en el año 2016 que la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, entonces en manos de Adela Martínez-Cachá, ordenó a la Confederación la clausura de los vertidos contaminantes que estaban aniquilando la laguna. La orden no estuvo exenta de un encontronazo entre la Consejería y la CHS.

Para entonces, la Fiscalía ya estaba encima y al cabo de unas semanas abrió diligencias por atentado medioambiental. Lo hizo acusando al anterior equipo socialista de la CHS, con José Salvador Fuentes Zorita a la cabeza -que fue el que señaló el problema-, y a parte del gabinete del exconsejero Antonio Cerdá. La exministra García Tejerina empezó a correr para elaborar el plan de 'vertido cero', que ha heredado su sucesora Teresa Ribera, y cuya DIA fue aprobada el mes pasado.

De los 425,6 millones de euros de inversión que propuso la CHS hace diez años para regenerar el Mar Menor, solo se ha ejecutado el 9,3% del total, principalmente bajo el Gobierno del PP. Así viene recogido en el Esquema de Temas Importantes del plan de cuenca vigente, en el que la Confederación se evalúa a sí misma sobre el grado de ejecución de sus medidas.

Para la medida de 'vertido cero' presupuestó 280 millones de euros hasta el horizonte del año 2027, con el mayor gasto entre 2016 y 2021. Parecía que no había prisa, y que la laguna podía seguir aguantando lo que el echaran. La realidad es que tampoco se ha avanzado en el segundo ciclo de planificación ahora vigente. La sobreproducción legislativa tiene un efecto de retardo para solucionar los problemas cuando ya existe una ley o decreto anterior que no se ha cumplido. El actual plan de 'vertido cero' es casi una copia del plan de cuenca del Segura -que aprobó por decreto el Consejo de Ministros-, y que prevé anular la entrada de nutrientes por la rambla del Albujón, drenar el acuífero, sellar los pozos contaminantes y restaurar los valores ambientales de la zona. Todo para evitar la muerte definitiva de la gallina de los huevos de oro. Pero sigamos legislando...