Veintiséis espacios naturales siguen sin planes de gestión pese a la presión sobre el territorio

Cinco de los siete parques –Sierra Espuña; Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila; Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar; El Carche; y Sierra de la Pila– carecían de ese instrumento legal pero, al menos, sí disponían del documento previo recogido en la Ley de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, de 1992: el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). Cabo Cope-Calnegre y Carrascoy-El Valle no tenían siquiera PORN. Todo ello, tras un largo retraso en el cumplimiento de la citada ley, que dio un año de plazo para elaborar estos PRUG.

Respecto a las zonas de alto valor ecológico que no son parque pero sí forman parte de la Red Natura 2000 (la gran malla de espacios protegidos en la Unión Europea), la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, nacional, dio hasta julio de 2012 para aprobar Planes de Gestión Integral (PGI). Y también en esto hay abultadas demoras por parte de la comunidad murciana. Pasados más de cinco años desde el toque de atención de Europarc, el Anuario de 2023 de Europarc ubica a la Región como la comunidad con menor nivel de planes de gestión aprobados (65%), a excepción de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En comparación con hace un lustro, la situación es algo mejor en la Región respecto al cumplimiento de sus obligaciones. En 2019 entraron en vigor el PRUG de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar y los PGI del Área del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región, de las Minas de la Celia (Jumilla) y de la Cueva de las Yeseras (Santomera), estos dos últimos por su condición de reservorios de murciélagos.

El Gobierno regional de Fernando López Miras, del PP, logró nuevos avances en 2021, al autorizar los planes de gestión integral de las Sierras de Ricote y La Navela y, en 2022, el del Alto Guadalentín y el de los distintos espacios que conforman el conjunto Relieves y cuencas centro-orientales de la Región: Sierra de la Pila, Sierra de Abanilla, río Chícamo, humedal de Ajauque y Rambla Salada y lagunas de Compotéjar. Antes, ya estaban en vigor los planes de gestión del Noroeste, que data del año 2015 y fue el primero en recibir la autorización, y de los Ríos Mula y Pliego, de 2017.

Sin embargo, pese a la creciente presión de las actividades humanas sobre los espacios naturales y las zonas próximas –a nivel turístico, de agricultura intensiva, ganadero, urbanístico y de otro tipo–, las exigencias de la Unión Europea para que se cumpla la directiva de hábitats y la presión de los grupos ecologistas, la Comunidad acumula nuevas demoras. Desde 2022 ha habido un parón en aprobar planes de gestión.

Veintiséis zonas siguen sin esas herramientas, que establecen limitaciones de usos y criterios de manejo del territorio para garantizar la conservación de hábitas, especies y paisajes. Todo ello, en un contexto de cambio climático, en el que las áreas protegidas sufren nuevas amenazas, como la sequía y las plagas, y aumenta su valor para el desarrollo sostenible. En medio de este panorama, no tiene PRUG, y solo dispone de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado inicialmente, el parque de Carrascoy-El Valle (en cuya área están las sierras de Escalona y Altaona). Tampoco hay plan en Cabo Cope-Calnegre, que ni siquiera tiene el PORN autorizado inicialmente; en El Carche; en Calblanque; en Sierra Espuña; y en el espacio de la Sierra de La Muela-Cabo Tiñoso, catalogado como parque regional en 2005 con la aprobación inicial del Plan de Ordenación.

Además, fuera de los parques, carecen de PRUG cinco monumentos naturales: Gredas de Bolnuevo, Monte Arabí, Sima de la Higuera, Capa Negra y Salto del Usero. Asimismo, aguardan los planes de gestión integral cuatro territorios del Altiplano (Estepas de Yecla, Sierra del Buey, Sierra del Serral y Sierra de Salinas); los Saladares del Guadalentín; cuatro espacios de las Sierras de Cartagena (Cabezo de Roldán, Cabezo del Pericón, Sierras de las Victorias y Sierra de la Fausilla); las cuatro zonas de la Costa occidental (Lagunas de las Moreras, Sierra de las Moreras, Cuatro Calas y Sierra de Almenara); y, en el entorno de Sierra Espuña, el Llano de las cabras y el Barranco de Gebas.

Según sus características, los lugares de la Red Natura son preservados como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) o como Lugares de Interés Comunitario (LIC), que pasan a llamarse Zona de Especial Conservación o ZEC) cuando la protección adquiere firmeza administrativa. En 2019, la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, que dirigía Antonio Luengo, justificó las demoras señalando que buscaba «el consenso de todos los agentes sociales –propietarios, agricultores, empresarios, ecologistas, otras administraciones...–, lo que ha devenido en un proceso sumamente complejo que se ha dilatado en el tiempo». También se refirió al impacto de «los cambios normativos». Añadió que los PRUG de Sierra Espuña y Calblanque, joyas de la corona de los espacios terrestres en la Región, estaban «ultimados» y se tramitarían «conjuntamente con los planes de gestión de la Red Natura 2000». Ello, a través de las Áreas de Protección Integrada (API).

La actual Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, insiste en la complejidad de los trámites, su esfuerzo por fomentar la participación pública y su voluntad de actuar con la mayor agilidad posible. Pero no da fechas. En 2019, la Comunidad se marcó como objetivos tener el plan de Sierra Espuña en el segundo semestre de 2020; el de las Sierras de Cartagena y Carrascoy-El Valle en el segundo semestre de 2021; y el de la Costa Occidental en el primer semestre de 2022.

Sobre la aprobación de nuevos planes de gestión integral de espacios, «seguimos con el calendario previsto», aseguran fuentes de Medio Ambiente a LA VERDAD. Y citan el diseño del Área de Planificación Integrada (API) de los espacios protegidos Red Natura 2000 de las sierras de Carrascoy, El Valle, Altaona y Escalona, que iba a salir en el Portal de la Transparencia para información pública en «la primera quincena de marzo». Apuntan que «el siguiente plan en aprobarse será el del Altiplano, que ya se encuentra en un avanzado estado de tramitación», y que ya «se está recogiendo las observaciones de los servicios jurídicos de la Comunidad y el próximo paso será su aprobación por el Consejo de Gobierno». Además, «se ha remitido el plan de Sierra Espuña al Consejo Económico y Social (CES), tras pasar el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente (Carma). Y el plan de los Saladares del Guadalentín entra en su recta final, antes de remitirlo al Consejo Económico y Social (CES)», indicaron.

En la Consejería evitaron aclarar cuánto influye en los retrasos su déficit de personal –denunciado muchas veces por los sindicatos–, y hasta qué punto hay un 'agujero' en el número de empleados. Fuentes de toda solvencia aseguraron que, debido a bajas laborales y otras circunstancias, el servicio jurídico llega a contar con solo una persona y que desde el Gobierno regional –alegando falta de disponibilidad presupuestaria– no se atienden de forma suficiente las reiteradas peticiones de más funcionarios de quien es mano derecha del consejero: la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática María Cruz Ferreira. Días atrás, esta alto cargo afirmó públicamente que la Consejería está «trabajando muchísimo» en numerosos ámbitos, entre ellos la elaboración de planes, pero admitió: «La gestión del día a día te come».

«Para el Gobierno regional, los planes de gestión son una prioridad, como lo demuestra el intenso trabajo que se está llevando a cabo en este ámbito», exponen desde Medio Ambiente. Y añaden: «Tenemos cuatro planes de gestión de espacios naturales que se encuentran en distintos trámites administrativos, para dar las máximas garantías jurídicas y de protección del medio ambiente, tal como marca la legislación. Se sigue un amplio proceso participativo, en el que se recogen las aportaciones y valoraciones de los interesados y de los órganos correspondientes: Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, Consejo Económico y Social y Dirección de los Servicios Jurídicos».

En la Consejería de Medio Ambiente afirman ser conscientes de la necesidad de atender las advertencias de la Unión Europea (UE) sobre la demora en acreditar el cumplimiento de los objetivos de la directiva de hábitats, aprobada el mismo año que seis parques regionales (1992). Pero argumentan: «En toda España se ha pedido que mejoremos los planes de gestión, cuantificar detalladamente los objetivos de conservación (número de individuos de cada especie). Se puso el ejemplo del Mar Menor, así como de otros espacios de otras comunidades autónomas. En los planes que se están elaborando se introducen mejoras y en los que ya están hechos, será abordado cuando la totalidad de los planes de gestión sean una realidad», aseguraron desde el Gobierno regional.

Ecologistas en Acción considera que el retraso de hasta 32 años en los planes de gestión de espacios naturales es «muy preocupante» y refleja «la falta de voluntad política de los gobiernos regionales del PP por cumplir la legislación medioambiental regional y nacional» y las exigencias de la Unión Europea. Rubén Vives, portavoz del colectivo, considera que la Comunidad «se pliega a los intereses de los empresarios y, en la práctica, gobierna la Croem». Eso sí, «hasta donde puede, porque afortunadamente la UE establece obligaciones».

Vives cita el «especial déficit» de planes en el litoral y juzga «muy deficiente» la gestión de los espacios protegidos pese a «la presión de las actividades humanas». Menciona la agricultura intensiva en el entorno de Cabo Cope, en Águilas; y los planes urbanísticos junto a Carrascoy-El Valle. Y lamenta el «disparatado» intento de PP y Vox de que se autorice un rally en Sierra Espuña y que la Croem votara en contra de planes de gestión en el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente.

Ecologistas también reclama más esfuerzo en la conservación de especies en situación vulnerable, como el águila perdicera y el búho, y en la restauración de hábitats como estepas salinas y humedales. Además, exige un aumento de personal en la Consejería y activar los órganos de participación social previstos en los territorios protegidos.

En la Consejería afirmaron no sentir «presión» de Croem al tramitar planes y someterlos al Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente. Y fuentes de la patronal tildaron de «mantra» la acusación. «Desde 2013, el sector empresarial ha podido participar activamente en la planificación ambiental, contribuyendo a minimizar conflictos y asegurando que el desarrollo económico sea compatible con la protección de la biodiversidad», añadieron. Mencionaron como «un hito fundamental la aprobación, en 2015, de las Directrices para la Red Natura 2000, que ha proporcionado seguridad jurídica a las empresas y ha impulsado la planificación de la gestión de los espacios protegidos». Y agregaron que la compra de fincas por la Comunidad «en zonas clave de la Red Natura 2000» ha facilitado el «reducir conflictos».

«Esta estrategia permite compatibilizar la conservación del territorio con la actividad empresarial, facilitando una gestión más sostenible y minimizando las afecciones a los sectores productivos», señalaron en Croem.