Una veintena de proyectos tratan de impulsar la digitalización de la Justicia

La lista es amplia y variada pero entre las iniciativas que el TSJ lleva actualmente entre manos destaca, por ejemplo, un proyecto para que los ciudadanos puedan conocer en tiempo real si su vista va a ser aplazada o un dispositivo –que ya se está testando en la Ciudad de la Justicia de Murcia y se espera que comience a funcionar a finales de año– para el reconocimiento facial por biometría de aquellos acusados que se encuentran en libertad provisional y tienen que ir a firmar regularmente al juzgado.

La primera de estas iniciativas recibe el nombre de Fidelius y ya se está testando en diferentes puntos del país, como Murcia, Badajoz, Mérida, Burgos, Cáceres, Ceuta, Ciudad Real, Cuenca, León, Melilla, Soria, Valladolid, Ponferrada, Segovia, Ávila y Palencia. La idea, explica Parra, es que se publique en tiempo real qué está ocurriendo en los juzgados: cuántos juicios tiene señalados esa mañana tal órgano, si una vista va a ser suspendida...

El servicio puede ser empleado por cualquier ciudadano, sin necesidad de autenticación, para la consulta de señalamientos públicos. También está disponible para ciudadanos autenticados a través del sistema Cl@ve, para conocer los señalamientos en aquellos procedimientos en los que ellos actúen como parte.

En la Región ya se han comenzado a publicar los primeros señalamientos –más de 400–. Según remarca el secretario de la Sala de Gobierno del TSJ, una vez que esté completamente implantado permitirá consultar desde el móvil el estado de los juicios. El proyecto Fidelius trae de la mano, además, la renovación completa del equipamiento audiovisual de algunas salas de vistas en todos los partidos judiciales. Esta nueva tecnología, incide Parra, permite la textualización automática, el dictado forense y la citada publicación en línea de señalamientos.

La Administración también trabaja actualmente en el despliegue de una tecnología, que recibe el nombre de Evid y que permitirá la realización deslocalizada de actos procesales a través de un sistema securizado de grabación y firma. A día de hoy esta novedad solo se aplica en aquellos trámites que se realizan ante los letrados de la Administración de Justicia –antiguos secretarios judiciales–. Por el momento se ha testado con la realización de unos 300 actos procesales con abogados, procuradores y ciudadanos autorizados.

Este proyecto pionero en toda España será especialmente útil para aquellas personas que tienen que ir al juzgado solo para firmar un papel. Parra señala que, además, podría servir, por ejemplo, para que unos cónyuges ratifiquen su divorcio sin tener que verse las caras y ahorrándose el desplazamiento. «Al final sirve también para reducir la huella de CO2», incide.

Parra hace hincapié en que esta batalla por la transformación digital de la Justicia implicará, además la jubilación del sistema de gestión procesal Minerva después de más de 20 años. «Es una gran lacra que tenemos», reconoce. Será un proyecto llamado Atenea el que vendrá a tomar el testigo. Ya se ha implantado en todos los partidos judiciales en el módulo de registro y reparto. La tramitación continúa con el sistema viejo. «En 2023 esperamos subirnos al carro», explica.

Más allá de estas iniciativas, el secretario de la Sala de Gobierno del TSJ destaca el esfuerzo que está haciendo este organismo «para liberar el crédito que está en los juzgados y que vaya al mercado». Explica que, durante los meses más duros de la pandemia, su equipo trabajó desde casa para agilizar la salida de crédito. «En dos meses sacamos 30 millones de euros, como un 400% más que el resto de España». Hasta la fecha se han desplegado en la Región más de 200 inspecciones para confirmar que se están centrando esfuerzos en la vuelta al mercado de este dinero, que suele tardar entre tres meses y dos años –a veces incluso más–. La media del saldo acumulado en los órganos de la Región, remarca Parra, no sobrepasa habitualmente los 100 millones de euros.