Veinte ayuntamientos de la Región evitan la evaluación del Consejo de Transparencia

Dicha evaluación tiene por objeto comprobar el cumplimiento de la ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región, que data de diciembre de 2014, en lo referido a la publicidad activa por parte de todos los organismos, entes y administraciones que están obligados a ello.

De las 279 instituciones y entidades públicas afectadas por la citada ley, el Consejo de Transparencia decidió aplicar la evaluación por fases y limitó la primera de ellas a la Comunidad Autónoma, incluidos todos los entes que dependen de ella, y a los ayuntamientos de la Región.

El Consejo facilitó una herramienta informática para que cada entidad se evaluara a sí misma, y concedió un periodo inicial del 18 de enero al 18 de febrero para que facilitaran la información.

Ante el escaso número de entidades que accedieron a realizar la autoevaluación, el Consejo de Transparencia, que preside el magistrado Julián Pérez-Templado, concedió una primera prórroga, después una segunda y hasta una tercera, por lo que el plazo para cumplimentar la información solicitada rondó los tres meses.

Pasado este tiempo, 20 de los 45 ayuntamientos de la Región siguieron sin contestar, así como otra quincena de organismos y entidades públicas de la Comunidad Autónoma.

Cieza es uno de los ayuntamientos de mayor tamaño que eludió la evaluación de su transparencia. El concejal responsable de esta materia, Antonio Montiel, explica que la web municipal de transparencia no reunía todos los requisitos, y ahora se encuentran en plena reconstrucción de esta página, que esperan tener lista antes de que concluya el año.

El Ayuntamiento de Archena reconoce también que si no se sometió a la evaluación del Consejo de Transparencia era porque no confiaba en que pudiera pasarla. El concejal de Transparencia, Damián Pagán, señala a LA VERDAD que «en este momento estamos actualizando toda la información para que cuando pasemos el examen seamos de los mejores ayuntamientos en transparencia».

El Ayuntamiento de San Javier, por el contrario, sostiene que si no realizó la autoevaluación es porque no fue informado de ello por el Consejo, según explica el letrado municipal y responsable del área de transparencia, Javier Gracia.

La ley regional fija con precisión, dentro del capítulo relativo a publicidad activa, toda la información que deben facilitar las instituciones, y que debe ser accesible para los ciudadanos, sobre temas tan diversos como altos cargos y sus retribuciones, subvenciones, contratos y convenios, presupuestos, la relación de puestos de trabajo.

Julián Pérez-Templado no ha querido valorar el elevado número de ausencias de la primera evaluación que realizan sobre el cumplimiento de la ley, alegando que el proceso aún está abierto. Un total de 47 entidades realizaron la autoevaluación, sobre la que el Consejo elaboró un primer informe provisional, que posteriormente ha recibido alegaciones de 24 de los entes examinados. Una vez resueltas las alegaciones se procederá a la evaluación final, cuyos resultados y conclusiones deberá aprobar el pleno del Consejo. Entre la veintena de ayuntamientos que han preferido eludir la evaluación de su transparencia figuran, además de los citados, Abanilla, Abarán, Albudeite, Aledo, Alhama, Fortuna, Fuente Álamo, Jumilla, Librilla, Lorquí, Ceuti, Mazarrón, Moratalla, Ojós, Pliego, Puerto Lumbreras y Ulea.