Vehículos todoterreno reforzarán la vigilancia en zonas rurales de los municipios

La adquisición de estos coches patrulla será posible gracias a una inversión de 2.520.000 euros por parte de la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, que dirige Marcos Ortuño, la cual aportará 56.000 euros a cada ayuntamiento para financiar la compra.

El director general de Administración Local de la Comunidad, Francisco Abril, envió esta semana a los consistorios un documento con las condiciones técnicas y estéticas que deben reunir los todoterreno, con el fin de que procedan a su licitación.

Así, los vehículos deben ser totalmente nuevos y disponer, como mínimo, de un motor de 1.800 centímetros cúbicos, una potencia no inferior a 170 cv y tracción 4x4. Contarán con capacidad para cinco ocupantes, doble cabina, cuatro puertas, faros antiniebla, anclajes de sujeción de bultos en zona de carga y kit policial, tanto el funcional como el de imagen corporativa. El funcional incluirá puente de luces en techo, puente de señalización óptico de perfil bajo, sirena electrónica con megafonía, botonera de mando, activación y control de puente, luces auxiliares; cableado y soportes de instalación y fijación del sistema al vehículo; y altavoz de sirena con soporte. La rotulación será la misma para todos.

«Estos vehículos de patrulla rural permitirán prestar servicio en zonas alejadas de los cascos urbanos y, de esta forma, atender a la población rural e impulsar una mayor presencia policial en estas áreas», subraya el consejero, Marcos Ortuño. «Fenómenos como las grandes riadas ponen de manifiesto la necesidad de que los cuerpos de Policía Local cuenten con los medios adecuados para desplazarse a zonas de difícil acceso», añadió.

Ortuño adelanta que esta no va a ser la única inversión del Gobierno regional de cara a reforzar la seguridad ciudadana en los municipios. La Consejería de Presidencia ha enviado un cuestionario a los 45 ayuntamientos para que identifiquen cuáles son sus necesidades prioritarias, con el fin de decidir las actuaciones que se van a acometer a corto plazo.

El cuestionario incluye aspectos relacionados con las dependencias policiales, los medios materiales y el personal. Así, los ayuntamientos deben responder acerca de la existencia o no de instalaciones propias y su estado de conservación, los vehículos operativos, si hay disponibilidad de drones, si existe déficit de algún material técnico imprescindible para prestar un servicio adecuado o si cuentan con un lugar adecuado para la custodia y depósito del armamento reglamentario. También se pide que informen si tienen previsto convocar nuevas plazas, para planificar las oposiciones unificadas.