El vacío en el Consejo de la Transparencia llena de dudas a entidades de la Región

La ruptura de estas dos formaciones dejó en el aire la designación del candidato que propondrían los del José Ángel Antelo y tras el verano la Cámara ha ordenado para el miércoles 18 el pleno donde se elegirá.

Sin embargo, la reforma no contempla un régimen transitorio. En este tiempo y a la espera de aclarar qué pasa con la persona que se situará al frente, casi una veintena de las 333 instituciones que tienen que publicar su memoria anual de transparencia que evalúa este Consejo ya han expresado dudas e incertidumbres sobre esta parte de la rendición de cuentas de su actividad. Entre esas instituciones se cuentan ayuntamientos e, incluso, organismos dependientes de la propia Comunidad Autónoma. «Existe cierto desconcierto entre estas instituciones, nos dicen, ante la situación de parálisis que vive el Consejo», sostiene Carlos Abad, decano del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia y que hasta julio formaba parte de su pleno. En virtud de un convenio de colaboración con el Consejo, este colegio es el encargado de la evaluación de los informes.

Con carácter anual, tienen que elaborarlo y remitirlo no sólo consistorios y órganos dependientes de la Administración regional, también otras organizaciones como fundaciones, sindicatos, colegios profesionales, asociaciones e, incluso, federaciones deportivas.

La publicidad activa de las instituciones es sólo una de las dos acciones principales del Consejo de la Transparencia. La otra es garantizar el derecho de los ciudadanos a la información pública: cuando se realiza una petición ciudadana a las administraciones y estas no la atienden, el Consejo es el organismo ante el que se puede reclamar para conseguirlo. Pero con los órganos de dirección paralizados, aquellas reclamaciones que exijan un análisis más complejo, una interpretación jurídica o una validación superior no pueden ser resueltas por el personal. Antes era el pleno del Consejo el que las estudiaba y resolvía. Con la reforma, necesitan el visto bueno de un Comisionado aún por nombrar. Hasta julio, se habían presentado 67 reclamaciones en lo que iba de 2024. Esto supone un incremento sobre el mismo periodo de 2023, cuando en todo el año fueron 115. Gran parte de ellas habían quedado resueltas cuando cesaron los miembros del pleno, una vez que se entró en vigor la reforma.

Desde el mes de julio se han registrado otras quince reclamaciones, detallan fuentes de la Consejería de Presidencia (de la que ahora depende el Consejo una vez se reorganizó el ejecutivo con la marcha de Vox). Este departamento aclara que tras la modificación «el Comisionado cuenta con la misma estructura de personal, medios y presupuesto que tenía el anterior organigrama» y que hay cuatro empleados que continúan desempeñando sus labores.

La Consejería sostiene que «lo importante es que los ciudadanos de la Región han seguido teniendo asegurada en todo momento la posibilidad de plantear las reclamaciones que han estimado oportunas» y sobre la futura dirección esperan desde el Gobierno regional «que la Asamblea, de quien depende, designe cuanto antes al comisionado».

Sin embargo, para el decano de los politólogos, esto implica que, mientras no se resuelve este escenario, «no se puede ejercer el derecho a la transparencia» lo que cree que «perjudica el principio de confianza de la ciudadanía hacia los políticos», según Abad.

El plazo de presentación de candidatos para esta figura está abierto en la Asamblea Regional hasta el próximo viernes. El líder de Vox, José Ángel Antelo, ha confirmado la intención de su partido de presentar un nombre para el cargo, aunque no lo ha adelantado. Ni PP ni PSOE, por su parte, tienen previsto hacerlo.

El último Informe de Evaluación de Publicidad Activa, correspondiente al año 2022, fue presentado el pasado 14 de junio en el marco de la Semana de la Administración Abierta, celebrada del 10 al 16 de junio por el Consejo de la Transparencia y a la que asistieron expertos de toda España junto a los componentes del anterior pleno. Ya entonces estaban en marcha los trabajos para preparar el de 2023 y se había trasladado un requerimiento a las entidades sujetas a la ley para que reclamar sus informes de rendición de cuentas.

El plazo del que disponen acaba el 16 de septiembre. Para ello, a través del acuerdo con el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de la Región, estas entidades disponen de una plataforma digital con el mapa de obligaciones de transparencia y el manual de uso de la aplicación T-Región de Murcia. Allí el personal acreditado puede realizar la carga de los formularios para rendir la información y, posteriormente, remitirlos al Consejo.

Este sistema se basa en Mesta, la metodología oficial empleada para medir la transparencia de las administraciones públicas y que permite poner nota según sus propias características y teniendo en cuenta todo el espectro de normas existentes en el conjunto del país.

«Avanzar en transparencia es avanzar en gobierno democrático», apunta también Carlos Abad, quien explica que el equipo con el que cuentan está integrado por personal que recibe formación en materia de transparencia. El mismo está integrado por una coordinadora y cinco licenciados.

El decano de los politólogos también lo ve como una oportunidad para muchos de los licenciados que participan en estos trabajos ya que se puede convertir en una oportunidad laboral dada la demanda que existe al respecto y en los avances que se están produciendo en cuando a la rendición de cuentas pública.

El primer informe anual fue elaborado en 2020, y en el ejercicio siguiente lo realizó un equipo de la Universidad de Murcia (UMU).