Cascales afirma que «todo es perfectamente legal» en JC1

Dos instalaciones municipales del complejo JC1, la guardería y las pistas de pádel, llevan tres años alquiladas por la constructora del complejo a otras empresas sin que haya un contrato de cesión por parte del Ayuntamiento. Es lo que indican los sevicios de Contratación y Patrimonio, tras denunciar el PSOE hace meses que el convenio de cesión está plagado de irregularidades. Los socialistas insisten en que la gestión y explotación de estos dos espacios no está definida en ningún contrato entre el Ayuntamiento y la promotora, por lo que apuntan que Intersa nunca podría haber realquilado esas instalaciones al no ser titular de las mismas ni al tener cedida su explotación.

El concejal de Deportes, Miguel Cascales, negó ayer a esta redacción cualquier irregularidad con el convenio. «Está perfectamente legal», aseguró, «como el resto de instalaciones deportivas municipales en el mismo régimen (Inacua, Cabezo de Torres, Verdolay y La Flota)».

Cascales desconocía por qué la guardería no ha sido escriturada por el Ayuntamiento ni en qué situación se encuentra actualmente argumentando que «eso deben saberlo en Contratación». El edil de Deportes insitió en que «desde el minuto 1 las pistas de pádel han funcionado legalmente». De hecho, recalca que la Junta de Gobierno aprobó el proyecto de actividades y los precios públicos a aplicar en 2009, «como en cualquier otra instalación pública». Cascales entiende que esas pistas y el resto del complejo son «municipales», por el hecho de que son instalaciones construidas sobre suelo municipal y en régimen de concesión administrativa, «y cuando concluya la concesión, a los 20 o 40 años, no sé cuánto tiempo dura, pues pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento». Esta versión, sin embargo, difiere de la proporcionada ayer por la noche en un comunicado por Cosme Ruiz, concejal de Patrimonio y Contratación, que exponía que el uso de los locales fruto del convenio para la construcción del complejo deportivo JC1, en Espinardo, corresponde al Ayuntamiento de Murcia, como en su día quedó establecido.

Ruiz se refería a la guardería y a las pistas de pádel, realquiladas según el PSOE sin consentimiento municipal por la constructora a otras empresas basándose en informes municipales, pero también a otros equipamientos que después de tres años de construcción acaban de ser cedidos, como un salón de actos, salas polivalentes para uso de la Junta Municipal y un restaurante/bar, cuyo espacio también se destinará a uso de la misma Junta.

Ruiz aclara que «el Ayuntamiento ya dispone de la propiedad de dichos locales y ultima escriturar otro que la empresa concesionaria arrendó a un tercero -la guardería- y que, tras conocerse esta situación y constatar que la empresa, aunque mantenía aún la propiedad, no estaba autorizada a realizar dicho arrendamiento, será incorporado al patrimonio municipal». Pero Cascales insiste en que «todo está legal».