El 'tijeretazo' y su remiendo

Decía Tolstoi que es más fácil hacer leyes que gobernar y aún hoy, siglo y medio después, no son pocas las ocasiones en las que un Gobierno prefiere los atajos de una ley al talento, el esfuerzo y la dedicación continuos que exige una gobernanza verdaderamente eficaz, honrada y al servicio de los ciudadanos.

Se equivoca el Ejecutivo murciano si cree que gobernar es ir dando bofetones a golpe de ley cuando las cosas se ponen feas. La falta de previsión, los continuos desfases entre ingresos y gastos de las cuentas públicas, una tendencia consolidada a la desfiscalización y el aliento de un modelo económico exhausto, son las causas que nos han llevado a la lamentable situación en la que hoy nos encontramos, incumplidos los objetivos de déficit e impedidos para recurrir a la emisión de deuda. Y esta política no ha tenido mayor corrección que unas cuantas operaciones de estética cuya inutilidad, al parecer, tiene que ser amortizada de nuevo por los empleados públicos; muchos de ellos mileuristas, o temporales, o las dos cosas a la vez.

Aunque el mejor remedio contra la culpa sea asumirla, nuestro Gobierno regional sigue insistiendo en escurrir el bulto hasta extremos absurdos, justificando una gestión repleta de equívocos y excesos, y tratando de encubrir sus errores con las actuaciones de otros. Así, la culpa, como la que fuera del 'cha-cha-chá', ha ido bailando entre Zapatero, los trabajadores de la Administración (a los que se les ha cuestionado públicamente y desde instancias oficiales desde su profesionalidad hasta su honorabilidad) y, cómo no, los sindicatos que, por nuestra supuesta falta de responsabilidad, nos hemos negado a bailar este último 'agarrao'.

La llamada ley del 'tijeretazo' y su reforma es uno de esos ejemplos de mal gobierno y peor atajo. Y es que la 'obra maestra' culminada por el Gobierno regional y ciertos sindicatos corporativos (esquivando de nuevo, por cierto, cualquier enmienda en sede parlamentaria), no pasa de 'limpiar' algunas de las evidentísimas irregularidades que con toda probabilidad se habrían combatido con éxito ante un tribunal. Sin embargo, permanece en un entorno de inconstitucionalidad la involución que supone ampliar la jornada, la pérdida de salarios y protección social, un injusto y desequilibrado tratamiento que genera trabajadores de primera y de segunda dentro de la propia Administración y, especialmente, la destrucción de miles de empleos, que perjudicará a interinos y a personal temporal habitual (y es así por más empeño que tengan los autores de tamaño retroceso en justificar lo contrario). Quizá ignoran todos ellos que no son 37 euros lo que ha sacado a la calle a los trabajadores y trabajadoras de esta Administración, sino la pérdida irreparable del producto de años de negociación y de progresos, borrados de un plumazo para sufragar los excesos de una política irresponsable.

El Gobierno regional, muy incómodo con las decenas de concentraciones y masivas manifestaciones, se ha empleado a fondo buscando la ruptura de la unidad sindical. Éste fue desde el principio su objetivo prioritario en los contactos sindicales mantenidos. Y justo en el momento en el que las movilizaciones y las protestas se hacían cada vez más fuertes, y la derogación de las medidas sonaba como una exigencia unánime en cada asamblea de trabajadores, se improvisa este parche con la única finalidad de consolidar las regresiones y proporcionar un balón de oxígeno a un Gobierno que estaba obligado a rectificar.

Pero aún ha sido más sorprendente ver algún dirigente de los sindicatos firmantes del remiendo tratando de desviar la atención de tamaño dislate utilizando a los 'liberados' o los demás recursos sindicales (a los que ellos mismos en ningún momento han renunciado), como arma arrojadiza contra los que nos hemos negado a apoyar este retroceso.

Con frecuencia se dice (con mucho acierto) que en un sistema democrático, si los sindicatos no existieran, habría que inventarlos. Para desarrollar la acción sindical, el encargo constitucional de defensa de intereses y derechos de los trabajadores, deben garantizarse las estructuras sindicales, y las organizaciones de trabajadores disponer de los medios imprescindibles, especialmente en un país como el nuestro en el que los beneficios de la negociación colectiva se extienden al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, con independencia de la afiliación sindical. Por eso entiendo que la reducción de esos medios constituye un acto que perjudica directamente a trabajadores y trabajadoras y a sus derechos.

Los esfuerzos de UGT, desde luego, no van a dirigirse a este oportunista y demagógico debate, sino a combatir el que es un histórico y permanente retroceso laboral que, además, no tardará en trasladarse a las demás administraciones públicas y al sector privado. Y vamos a seguir en ello, en primer lugar, porque no podemos consentir ni promover la pérdida de dos mil trescientos puestos de trabajo; en segundo lugar, porque creemos que hay alternativas para superar la situación sin infligir un daño irreversible a las condiciones de trabajo, salarios y protección social de los empleados públicos (por cierto, nos pidieron alternativas, se las pusimos encima de la mesa y las guardaron en la cajonera); y, en tercer lugar, porque el carácter 'coyuntural' de las medidas ni está garantizado ahora, ni se espera que lo esté en los próximos años.

Mañana, 1 de marzo, volveremos a movilizarnos, volveremos a pedir el cese de las medidas, por respeto a los empleados públicos y por el esfuerzo de decenas de miles de manifestantes que se han implicado en la defensa de los derechos de todos, porque preservar estas condiciones de trabajo significa, igualmente, preservar unos servicios públicos de calidad.