Los universitarios murcianos harán un tope de 480 horas de prácticas con el 'estatuto del becario'

Las prácticas extracurriculares se limitarán al 15% de las horas en que se concreten los créditos de la titulación o un máximo de 480 horas. En la práctica, serán unos 60 días a ocho horas por jornada. Las prácticas extracurriculares no son obligatorias (las curriculares sí forman parte del grado). El nuevo reglamento quiere impedir con las nuevas condiciones que algunas empresas puedan utilizar esas prácticas para reemplazar a mano de obra ordinaria. En un principio, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos acordaron eliminarlas, finalmente y en parte por la presión de las propias universidades, se han mantenido.

El 'estatuto del becario' establecerá además el pago de una cuantía mínima suficiente para compensar todos gastos en los que los estudiantes en formación práctica en la empresa incurran, como los de desplazamiento, alojamiento y manutención. Las empresas públicas y las privadas no estarán obligadas a abonar esta compensación «si existen otras becas o ayudas que los cubran». Es decir, si la empresa ya retribuye de alguna forma al becario, no habría compensación si ya cubre esos gastos. Las mejoras, entendidas como una avance por la Universidad de Murcia, podrían también retraer, temen, a algunas empresas a la hora de contratar becarios.

No ha ocurrido así, en contra de lo que temían universidades y Administración regional hace un año, con la entrada en vigor de la obligatoriedad de cotizar por todos los estudiantes que realizan prácticas no laborales, sean curriculares (obligadas por el plan de estudios) o no. La medida no ha disuadido a los empresarios, pero sí ha supuesto un fuerte desembolso a las administraciones e instituciones. La Consejería de Educación ha tenido que hacer frente a una factura de 550.000 euros de fondos propios para abonar el alta en la Seguridad Social de los estudiantes en prácticas de FP «para que esa medida impuesta no supusiera un freno». En la Universidad de Murcia, el gasto ha superado los 200.000 euros, a los que hay que sumar la asignación de la UPCT y de otras instituciones. Los centros educativos han tenido que enfrentar además la complejidad burocrática para formalizar esas altas y la gestión extra para encajar a los estudiantes.