Los universitarios se movilizan contra la nueva ley disciplinaria

La nueva norma, que aún debe respaldar el Senado, salió adelante con los votos del Gobierno, de ERC y del PNV y la oposición de PP, Vox y Ciudadanos. Hasta aquí lo habitual en el crispado clima político español, refractario al consenso. Lo novedoso es que PSOE, Unidas Podemos y los nacionalistas han aprobado la ley con el rechazo expreso y público de los afectados, los universitarios y las universidades.

El malestar, que se suma al descontento por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), ha caldeado la movilización convocada para hoy en muchas ciudades españolas, entre ellas Murcia. El Consejo de Estudiantes de la UMU ha convocado a los estudiantes a un paro a las doce del mediodía en Teniente Flomesta (frente a la Delegación del Gobierno) para protestar contra una normativa «que no tiene el respaldo de los alumnos. Las enmiendas han desvirtuado el objetivo inicial, y la mediación se ha eliminado como alternativa a la vía punitiva», denuncia Amal Conesa, presidente del CEUM. El Rectorado, por su parte, lamentó que el texto plantee «bastante incertidumbre por la posible erosión de la autonomnía universitaria». El proyecto de ley, que salió en septiembre del Ejecutivo con la bendición de los estudiantes y los rectores, pactado por el ministro Manuel Castells tras un año de negociaciones, ha puesto en pie de guerra durante su tramitación parlamentaria tanto a alumnos como universidades.

Representantes de ambos colectivos, en una inusual unidad de acción, denuncian que el proyecto ha sufrido profundas alteraciones en el Congreso y que rompe el acuerdo en su punto clave, el que establecía que la mediación sería el método preferente y obligado para resolver conflictos en todos los campus públicos del país y que la aplicación de sanciones sería algo residual.

La Conferencia de Rectores (CRUE) y la Coordinadora de Representantes de Universidades Públicas tienen claro que ya no es su ley. Que el paquete de enmiendas pactado entre el Gobierno y ERC (para que los independentistas retirasen su veto) elimina el mecanismo de mediación a implantar en todas los campus y la obligación de su uso preferente, «convirtiendo la convivencia universitaria en un mero procedimiento punitivo».