La última gran sequía provocó pérdidas de más de 220 millones de euros en la cuenca del Segura

Es una situación que se puede repetir si se acentúa la escasez los próximos meses y la demarcación hidrográfica entra en alerta. De hecho, se han encendido las alarmas, debido a las pérdidas que ya se han registrado en los cultivos de secano y cerealísticos, así como en la pérdida de más de 28.000 cabezas de ganado ovino y caprino en lo que va de año. Asimismo, la CHS ha apremiado a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes para que prueben sus planes de emergencia adaptados a la nueva normativa. Solo 4 de los 25 municipios lo han adaptado y aprobado.

Las proyecciones hasta el año 2100 no son halagüeñas y apuntan a un aumento de la frecuencia de sequías, de 2 a 5 años de duración, en la cuenca del Segura, según el Centro de Estudios Hidrográficos (Cedex).

El Informe Postsequía de la Confederación sobre el último episodio detalla las pérdidas generadas. Requirió la aprobación de cuatro decretos de sequía prorrogados por el Gobierno de la nación, que coincidió además con el cierre del Trasvase Tajo-Segura durante once meses debido a la falta de reservas. Basándose en los datos de las organizaciones agrarias, de productores y exportadores, en esos cuatro años se redujo un 40% de media la plantación de cultivos de temporada (hortícolas). Unido a eso, hubo 44 millones de árboles, principalmente cítricos y frutales, en peligro porque no tenían garantizada toda el agua necesaria.

Según Proexport, hasta el 30% de la producción fue deslocalizada a otras zonas con más agua para mantener el nivel de actividad. Asimismo, algunas cooperativas del Campo de Cartagena no llegaron al 80% del rendimiento habitual. En la Vega Baja, la Unió de Llauradors cifró las pérdidas directas en 40,3 millones, sobre todo en los cítricos. Otros cultivos afectados fueron el olivar, frutos secos y viñedos. En cuanto a los cereales, se estimó una merma de la cosecha de entre el 20% y 50%, según las zonas.

Un estudio de la Universidad de Alicante señaló que entre los años 2015 a 2017 se produjo una descenso de producción por valor de 222 millones de euros en las 62 unidades de demanda agraria de la demarcación del Segura.

Para combatir esta sequía, que tuvo un impacto medio y severo, la CHS autorizó la movilización y generación de recursos extraordinarios, para obtener una media de 120 hectómetros anuales. Activó los pozos de emergencia en los acuíferos en las tres vegas, sobre todo en el Sinclinal de Calasparra y en el Molar, para auxiliar al regadío. Otra parte se dedicó a garantizar los abastecimientos a la población. Las extracciones subterráneas extraordinarias alcanzaron los 256 hectómetros.

También se incrementó la producción de agua desalada hasta los 152 hectómetros; hubo cesiones excepcionales de recursos (bancos de agua) entre usuarios del Tajo y del Segura, y se utilizaron caudales de lluvia retenidos en los embalses de laminación. Todo ello con subvenciones al precio del agua desalada, exenciones fiscales y obras de emergencia.

El PES de este nuevo ciclo de planificación 2023-2027 sometido a consulta pública también recoge los efectos causados en sequías históricas anteriores, empezando por la de los años 1980-83, en la cual se produjo una reducción del 44% en los cultivos de secano, mientras que la superficie de regadío se incrementó un 15%, lo cual provocó una grave sobreexplotación de los acuíferos de hasta 550 hectómetros cúbicos, la mitad de los cuales se consideraban reservas. Estas afecciones provocaron un fuerte endeudamiento del sector agrícola y las pérdidas se cifraron en 21.356 millones de pesetas de la época. A raíz de aquel episodio se autorizó la apertura de 309 pozos de emergencia, cuya explotación provocó importantes descensos piezométricos de los acuíferos, que se recuperaron posteriormente.

En el periodo de 1993-95 llegó otra sequía que se agravó por la escasez que también sufrió la cabecera del Tajo, lo que provocó una notable disminución de los trasvases. Se produjo una nueva sobreexplotación de los acuíferos debido al incremento del 112% en el ritmo de extracciones. En ese periodo se aplicaron restricciones en el consumo urbano e industrial, además del impacto en la agricultura, con reducciones de 8.000 a 21.500 hectáreas.

Por último, la sequía de 2005 a 2008 también resultó dramática, con un gran descenso del valor de producción agrícola de más de 500 millones de euros anuales. La CHS tuvo que extraer más de 500 hectómetros de pozos, y el Gobierno central construyó por la vía de emergencia una segunda desaladora para asegurar el abastecimiento a la población.