La UE abre una puerta para que el campo pueda vender capturas de CO2

Arias Cañete destacó que la agricultura es el único sector que fija y secuestra CO2 a la atmósfera, que actúa como sumidero de carbono, y que dicha función debe ser retribuida, según prevé el protocolo europeo de La Granja a la Mesa. Para ello es necesario que haya certificadores y modelos de medición fiables para actuar en el mercado de emisiones. Existen experiencias piloto para un negocio en ciernes estrechamente vinculado a las prácticas agrícolas sostenibles y regenerativas. Un doble beneficio, en definitiva. La mitad de la superficie de la Región es tierra de cultivo (566.000 hectáreas), con un 67% de secano.

El no laboreo de la tierra para evitar removerla y que se libere el CO2 retenido en el suelo, así como la instalación de cubiertas vegetales en las calles que separan los árboles son dos prácticas que contribuyen a la retención de carbono, explican el director general de Ailimpo y el secretario general de UPA, José Antonio García y Marcos Alarcón, respectivamente. Existe asimismo un proyecto pionero que lidera la Región de Murcia –dirigido por la UMU y Coag– para generar compost orgánico con el fin de retener carbono en suelos de secano, cuyos resultados se presentarán en Valencia, en marzo, en la cumbre European Carbon Farming.

Marcos Alarcón no duda de que los agricultores pueden obtener una renta adicional en el mercado de emisiones y subraya que la UE ya está preparando un marco normativo para certificar las captaciones con criterios homogéneos, aunque apunta que no irá por la vía de ayudas directas. «La fiabilidad de las mediciones no está contrastada», señala en referencia a las empresas certificadoras privadas que ponen en el mercado de emisiones el CO2 capturado. Estos pasan a unos comercializadores o agregadores que venden esos derechos a grandes empresas que necesitan reducir sus balances de carbono.

El dirigente de UPA señala que lo que más se aproxima ahora a esta figura son los ecorregímenes de la PAC, en concreto aquellos que subvencionan al agricultor por la instalación de cubiertas vegetales, aunque hay que justificar qué tipo de prácticas agronómicas contribuyen a la captación de dióxido de carbono.

Alfonso Gálvez, secretario general de Asaja-Murcia, señala que su organización participa en varios proyectos para las buenas prácticas en captura de CO2 y su medición. «Los agricultores podrían estar beneficiándose de la venta de derechos, pero ni el mercado de compensación de emisiones ni la certificación están regulados con garantías, ni por la UE ni por el Gobierno de España. No entendemos cómo preocupan tanto las emisiones y no se articula en beneficio del sector con la mayor capacidad de absorción de CO2. Hay mucha hipocresía climática en las autoridades de la UE y sus estados miembros», apostilla.

El director general de Ailimpo, José Antonio García, explica que, hasta ahora, «la agricultura está excluida como secuestradora de CO2 en el llamado mercado regulado, pero existe una última comunicación de la Comisión Europea, de hace un mes, que abre una puerta». Apunta que otra opción son los mercados voluntarios, en la cual están trabajando.

«Estoy convencido de que dentro de poco el agricultor obtendrá una doble renta: una por la venta de los limones y otra por la venta de los derechos de crédito asociados a sus limoneros. Ojo, por el mero hecho de ser productor no se es titular de derechos de crédito en un mercado voluntario serio o de alta calidad. Hay que cumplir el principio de adicionalidad, es decir, ser capaz de demostrar que se hacen prácticas de cultivo que permiten secuestrar más CO2. Por esa razón, uno de los proyectos estrella de Ailimpo es fomentar la agricultura regenerativa, que es un conjunto de prácticas que mejoran la calidad del suelo, su retención de agua, su biodiversidad y, en última instancia, permiten que el suelo secuestre más CO2», añade García.

Considera que esa doble renta «vendrá pronto, ya que nuestros clientes, como los supermercados, tienen que compensar sus emisiones, y lo coherente es que compren créditos de CO2 que estén asociados a su cadena de suministro. En definitiva, hay una gran oportunidad si se hace de forma seria y profesional». Ailimpo apuesta por «una acción disruptiva para crear ofertas de crédito de CO2 y fomentar un mercado voluntario específico para los cítricos». Para ello, cuenta con «un bosque de 14 millones de limoneros para el secuestro de CO2 a largo plazo», indica García.

A diferencia de las especies de secano y de cultivos permanentes de almendro, olivo, cítricos y frutales, las producciones hortícolas tienen menos oportunidad porque se consideran emisoras de CO2.

«La Región de Murcia se ha convertido en un referente para la adaptación al cambio climático de los cultivos de secano y para la fijación de CO2; está perfectamente preparada», señala Francisco Gil, de Coag, que pone como ejemplo el esparto como gran captador de carbono. «Nos hemos adelantado al Pacto Verde Europeo. Por fin se ha abierto un debate sobre las compensaciones, ya que falta regulación». Gil se refiere al proyecto Life AmdryC4 que su organización agraria ha desarrollado en los últimos años con la catedrática de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Murcia, María José Martínez, el cual se considera pionero a nivel europeo y se ha convertido en una fuente de consulta para otros países y organismos, así como para la propia política de la CE. El trabajo, financiado por Bruselas, se expondrá en marzo en la cumbre European Carbon Farming.

El proyecto colabora en pos de la neutralidad climática en el año 2050, y con la Iniciativa 4 por 1000 para aumentar el carbono orgánico del suelo. Promueve la mitigación del cambio climático a través del gran potencial de los suelos agrícolas como sumideros de carbono, especialmente de secano. También busca combatir la desertificación y la erosión; así como fijar población en el entorno rural.

El proyecto se ha desarrollado en cuatro zonas de la Región: Xiquena y Nogalte (Lorca), El Moralejo (Caravaca) y Corvera. En ellos se han realizado siete ciclos completos de compostaje en una planta prototipo, con un total de 694 toneladas de materia orgánica tratada para cultivar y retener CO2.

Se estima que la aportación de carbono al suelo de todas las fincas para la mitigación del cambio climático es de 1.781 toneladas de CO2 con un valor global de 80.145 euros durante el periodo de ejecución del proyecto. La tasa media de CO2 secuestrada ha sido de 27 toneladas por hectárea, con un valor de 1.214 euros. «Los objetivos del proyecto se han superado con creces en todas las fincas», señala el informe.