La UCO en el juicio de la rama murciana de la Púnica: «Juan Carlos Ruiz tenía prisa por empezar»

En el largo interrogatorio desplegado por la fiscal, una de las investigadoras de la UCO explicó que en los contratos que la trama presuntamente suscribió en la Región –con el Instituto de Turismo y el Instituto de Fomento (este frustrado)– existía una parte pública y otra privada. La primera, remarcó, era una propuesta económica pública en la que se reflejaban planes de comunicación digital para los organismos implicados. La otra parte, aseguró la investigadora, era privada y supuestamente en ella se encajaban los trabajos de reputación personal en internet con los que el exconsejero Ruiz quería impulsar su carrera hacia San Esteban y que se buscaba que fueran sufragados con fondos públicos. Esta testigo remarcó que esa parte del contrato era incluso desconocida por los propios funcionarios de la Administración. Explicó que a lo largo de su investigación captaron una conversación en la que uno de los investigados instaba a otro a «no poner nada del consejero» en una documentación porque «esa es para los técnicos».

La testigo indicó además que esos supuestos trabajos de reputación para el exconsejero incluían la creación de diarios digitales en Murcia, Molina, Cartagena y Cieza. El letrado Pardo-Geijo cuestionó, en el interrogatorio, a la testigo argumentando que el diario de Molina se creó en marzo de 2014 dirigido a la promoción de la actividad del entonces alcalde de esa localidad y cuando Ruiz aún mantenía firme su intención de no entrar en la carrera hacia San Esteban. La integrante de la UCO remarcó, no obstante, que ese diario entraba dentro de la presunta estrategia de la trama.

Esta miembro de la UCO insistió, a lo largo de su declaración, en que entre los investigados detectaron «presiones» para que esas labores de reputación echasen a andar. «Juan Carlos tenía prisa por iniciar los trabajos», remarcó la testigo, que incidió en que, cuando la operacion explotó, ya estaba «todo apalabrado». El abogado Raúl Pardo-Geijo, que se encarga de la defensa del exconsejero, trató de arrojar dudas, en su interrogatorio, sobre la motivación de esa supuesta urgencia de los trabajos. El letrado inquirió a la investigadora sobre si esa prisa de Ruiz no podía estar motivada por el hecho de que realmente –tal y como supuestamente se simuló– el objetivo del contrato era la captación de turistas británicos y enero y febrero eran los meses más adecuados para ello. La testigo aseguró que no habían encontrado ningún indicio que apuntase a esa versión y sí varios que señalaban a la necesidad del exconsejero de mejorar su reputación.

Esta testigo también explicó, a preguntas de la fiscal, que en los pinchazos desplegados en la investigación de la trama se captó a algunos de los acusados tildando de «capullo» a un técnico por poner reparos al contrato.

En el banquillo, además de Ruiz, se sienta quien era su jefe de gabinete, José Fidel Saura –defendido por Francisco Luis Valdés-Albistur–; la entonces directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez -defendida por Evaristo Llanos–; y su secretario general, Jesús Norberto Galindo, además del empresario Alejandro de Pedro y el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, su hermano Agustín y algunos trabajadores de la empresa de De Pedro.