El TSJ lamenta el «abierto desprecio» de los políticos hacia la situación de la justicia

Las reivindicaciones llevan tiempo colándose en el arranque del año judicial, pero este año, marcado por los efectos de las huelgas en los tribunales y la situación de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), subieron de nivel. El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, aprovechó el acto de apertura del año judicial, cargado de protocolo, para advertir del «riesgo de irrelevancia que acecha al Poder Judicial español y al servicio público de Justicia» y para lanzar un claro mensaje a la clase política: «Nos estamos acostumbrando a que esa indiferencia se haya ido tornando en desconsideración, cuando no en un abierto desprecio, que surge desde esas mismas instancias políticas e institucionales».

El líder de la magistratura murciana lamentó, durante su intervención, que la sociedad esté normalizando la situación «desoladora» que atraviesan los tribunales. Alertó de que, de seguir agravándose, ésta podría comprometer «el orden constitucional, la separación de poderes, la independencia judicial y, con ello, el adecuado funcionamiento de todo nuestro entramado institucional».

En su discurso, Pasqual del Riquelme advirtió, una vez más, de la grave situación que comporta la falta de renovación del CGPJ y lamentó que «los políticos condicionan y subordinan el cumplimiento de la Ley que ordena dicha renovación a sus propios intereses y agendas partidistas». En este sentido recordó que el Poder Judicial se ve obligado a funcionar con solo 16 de sus 21 miembros y que decenas de cargos judiciales, entre ellos algunos en la Región, están vacantes o con sus mandatos vencidos desde hace años.

El presidente del TSJ incidió, además, en que «cargos políticos confunden la legítima y ponderada crítica propia de todo sistema democrático con la descalificación grave e indiscriminada a la judicatura, llegando al insulto personal». Con todo ello, remarcó, «se genera, si no se busca, el desprestigio, la sospecha y el desapego ciudadano a nuestros tribunales».

Pasqual del Riquelme también aludió, en su discurso, a las huelgas que han atenazado la justicia en los últimos meses y que «han lastrado de forma decisiva» el funcionamiento de la justicia. «Se trata», advirtió, «de un asunto lamentablemente no cerrado que amenaza con repetirse este otoño, lo que, de confirmarse, generaría una situación muy complicada a la justicia regional». En este sentido, achacó el mayor seguimiento de las huelgas en la Región a las grandes carencias que la comunidad arrastra históricamente. «Lo que está ocurriendo es, sin duda, el fruto de años de abandonos y carencias», incidió, «de deterioro progresivo de las condiciones laborales y de un aumento exponencial de la litigiosidad para el que no se han arbitrado ni las medidas legislativas ni los medios necesarios para hacerle frente».

El salón de actos de la Ciudad de la Justicia de Murcia acogió este viernes este acto de apertura del año judicial en el que no faltó, además, la denuncia por la lentitud del sistema y la exigencia de mayores medios humanos y materiales. «Existen notables asimetrías entre comunidades y nuestra región está entre las que, año tras año, se lleva la peor parte», subrayó Pasqual del Riquelme, quien advirtió de que el cóctel de »escasos medios personales, alta litigiosidad y extrema incidencia de las huelgas« hacen prever que el año cierre con 165.000 asuntos pendientes, un 10% más que un año antes.

El fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, incidió, por su parte, en la difícil realidad que atraviesa la justicia, agravada por las sucesivas huelgas. En este sentido, exigió al Ministerio un «plan de refuerzo serio» para tratar de despachar los asuntos que están pendientes. Incidió, además, en la necesidad de evitar la amenaza de más paros, ya que, remarcó, en el caso de materializarse, la situación sería «dramática».

A lo largo de su intervención volvió a recordar que la Fiscalía regional es la peor dotada del país y que harían falta aún una quincena de profesionales para equipararse a la media nacional. En cuanto a medios materiales, abogó por avanzar en el Palacio de Justicia de Lorca, en el de Molina de Segura y en la «necesaria» Ciudad de la Justicia de Cartagena.

Díaz Manzanera aprovechó su discurso para hacer hincapié en la implicación del fiscal con la sociedad y, en este sentido, aludió a la atención que este organismo prestó, por ejemplo, a «cinco hermanos pequeños, abandonados y maltratados en una familia desestructurada, con un padre condenado por violencia de género y una madre con varias adicciones». Puso el valor, además, la mano que se tendió a una menor nigeriana de 15 años que llegó a España en patera y fue obligada a ejercer la prostitución en las calles de Murcia.

El acto de apertura del año judicial contó con varios protagonistas, que recogieron los reconocimientos que entrega la Sala de Gobierno del TSJ. Entre ellos se encontraban los integrantes del Consejo de hombres Buenos de la huerta de Murcia, en el quince aniversario de su reconocimiento como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO; y todos los jubilados de los cuerpos de la administración de Justicia del último año.

Los magistrados José Fernández Ayuso e Ignacio Munitiz Ruiz, titulares del juzgado de instrucción número 7 de Murcia y el juzgado de instrucción número 5 de Cartagena, respectivamente, recogieron galardones, al igual que la letrada de la administración de Justicia M. Carmen Navarro. La lista la engrosaron además los 24 funcionarios integrantes de la Red365 y los abogados Rosa Manrubia, Regina Márquez y Julián Lozano. La justicia regional reconoció, además, la «entrega y colaboración» del subinspector del Cuerpo Nacional de Policía Domingo Baños y la «implicación en la mejora de las infraestructuras judiciales» que ha llevado a cabo el arquitecto Antonio Martín Bernaldo de Quirós.

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