El TSJ impide que el secretario de Estado de Justicia celebre un acto en Murcia

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha cerrado la puerta al Ministerio de Justicia, que pretendía llevar a cabo el próximo martes un acto de presentación de la segunda fase de la Ciudad de la Justicia de Murcia, en funcionamiento desde 2012. El TSJ, presidido por Miguel Pascual del Riquelme, acordó por unanimidad impedir este acto, que está previsto que presida el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y que, explica en un expediente, ha sido convocado de forma unilateral. Este órgano pide amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante lo que considera «una injerencia indebida».

Esta situación insólita se inició este jueves cuando la Sala de Gobierno del TSJ se reunió en sesión extraordinaria tras recibir el miércoles la invitación del Ministerio al citado acto. Los representantes de este organismo se enteraron del evento, al parecer, a través de un correo remitido desde el departamento de Protocolo del gabinete de la ministra de Justicia a distintas autoridades.

El TSJ, en su acuerdo, al que LA VERDAD ha tenido acceso, incide en la importancia de la preservación de la neutralidad de las sedes judiciales. Esta circunstancia, remarca, «exige que ningún órgano del ejecutivo, ni ninguno de sus cargos, puede utilizar a su propia y exclusiva iniciativa una sede judicial para ninguna actividad no estrictamente judicial». Esta, en todo caso, remarca la Sala, debe haber sido «comunicada, valorada y, en su caso, expresamente autorizada» por este organismo.

En su escrito la Sala de Gobierno explica que desconoce «el alcance de lo que se pretende 'presentar'» y subraya que «no sería aceptable una suerte de inauguración/presentación de la fase II de la Ciudad de la Justicia, que está en funcionamiento operativo desde el año 2012 (hace ya once años)». Tampoco lo sería, remarca, «la presentación de proyectos o inversiones por parte de un órgano del Ejecutivo nacional, que encontrarían su razonable ubicación en otras dependencias ajenas a la sede de juzgados y tribunales».

Este órgano hace hincapié en que «la unilateralidad de la iniciativa y convocatoria de dicho acto por parte del Ministerio de Justicia se aparta de los usos habituales de coordinación, cooperación y lealtad interinstitucional que la Sala de Gobierno estima deben ser preservados». Con estos argumentos la Sala de Gobierno del TSJ acordó impedir ese acto y enviar un aviso al Ministerio. También alertó al CGPJ ante lo que considera «una injerencia indebida en facultades inherentes al estatuto de autogobierno del Poder Judicial».

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