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EFE
Murcia
Martes, 15 de octubre 2019
El grupo Baraka, perteneciente al conocido empresario Trinitario Casanova, cuya trayectoria profesional se ha desarrollado durante largos años en la Región de Murcia, ha presentado una demanda contra la entidad de crédito BBVA y contra el ente Distrito Castellana Norte (DCN) por un supuesto incumplimiento de contrato y les reclama a ambos el pago de 713,8 millones de euros.
En su demanda, sobre la que surgieron las primeras informaciones a finales del mes pasado, Baraka solicita al juez que condene a dichas entidades a abonarle la mencionada cantidad como titular de los derechos de reversión del proyecto inmobiliario Madrid Nuevo Norte.
Según Baraka, esta cuantía responde a la pérdida que ha sufrido la sociedad por «la privación» de sus derechos de reversión, tras el procedimiento expropiatorio de los recintos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral y ante la imposibilidad de «restitución 'in natura'» de las fincas que poseía en esa zona.
Además, la sociedad de Trinitario Casanova plantea, de forma subsidiaria, que si se entendiera posible la restitución de las fincas en su día expropiadas, se condene a BBVA y a DCN a renunciar a la titularidad de las mismas, pues le fueron atribuidas en su día por Renfe en virtud de un contrato de adjudicación suscrito en julio de 1994.
Con todo ello, según apuntó ayer el propio grupo Baraka a través de un comunicado, se pretende devolver los citados terrenos a la Administración pública, que en su día las expropió para poder hacer efectivo el derecho de reversión que ostenta sobre ellas la mercantil.
El pasado 26 de septiembre, Baraka comunicó el envío de sendos burofaxes a BBVA, a DCN y a la socimi Merlin Properties para que se abstuvieran de negociar la cesión de los derechos de Madrid Nuevo Norte y anunció la inminentes interposición de una demanda.
Tras las informaciones que apuntaban a que BBVA podría estar interesado en negociar el traspaso a la socimi Merlin del proyecto urbanístico, la compañía de Casanova insistió en que, a través de Baraka Capital Group, había adquirido la práctica totalidad de los derechos de reversión correspondientes a dichos terrenos.
Sin embargo, días más tarde, la entidad financiera reconoció que a pesar del interés mostrado por Merlin en el proyecto, las conversaciones preliminares «en este momento no continúan».
Baraka insistió seguidamente en que los titulares de los terrenos en su día expropiados para la construcción de los recintos e instalaciones ferroviarias de Chamartín y Fuencarral (concesión de la que es titular DCN), representados por la Asociación No Abuso, son los «únicos y legítimos» propietarios de dichos terrenos en virtud del derecho de reversión que les confiere la Ley.
Por su lado, BBVA insiste en que dada la importancia y singularidad del proyecto, y tras la reciente aprobación por parte del Ayuntamiento de Madrid, es «lógico» que inversores financieros e industriales muestren interés en el mismo.
Además, en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), indicó que como accionista mayoritario de DCN, la prioridad de BBVA es avanzar en el proceso de aprobación del proyecto y garantizar su éxito.
Ricardo Fernández.
Le ha salido el tiro por la culata. La firma Trabis Edificación Avanzada, hoy en concurso de acreedores y que durante años ha sido uno de los emblemas del Grupo Baraka del empresario Trinitario Casanova, presentó el año pasado una demanda para reclamar tres millones de euros a la compañía P14 Comentaciones, y no solo no ha ganado el pleito, sino que ha acabado siendo condenada a abonarle a su oponente 1,2 millones.
En la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Yecla, a la que 'La Verdad' ha tenido acceso, se pone de relieve que Trabis interpuso su reclamación alegando que P14, con la que tenía un contrato de suministro de pilotes, estaba sacando material de su empresa sin control alguno y sin pagarlo. De ahí que reclamara la anulación del contrato y tres millones por los daños y perjuicios sufridos.
Por su lado, P14 no solo negaba tales acusaciones, sino que demandó a su vez a Trabis por incumplir de forma unilateral el contrato, ya que en marzo de 2018, sin causa justificada alguna, les prohibió entrar con los camiones en la empresa y dejó de suministrarles pilotes.
El juez afirma que Trabis no solo no ha presentado prueba alguna de lo que afirma, sino que resulta increíble pensar que P14 pudo sacar 1.200 camiones de material de esa empresa sin que nadie lo detectara.
Al contrario, quien sí presentó pruebas más que sobradas del incumplimiento del contrato por parte de Trabis fue su contraria, que tendrá que ser indemnizada ahora en 1,2 millones. Igualmente, deberá pagarle casi un millón más si no le sirve todos los pilotes contratados.
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