Trescientos profesionales reclaman una agencia independiente para evaluar la gestión sanitaria

Cerca de 300 profesionales de la sanidad reclaman en un manifiesto hecho público este lunes la creación de una Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias que acabe con la «arbitrariedad en la toma de decisiones», un problema que ha quedado en evidencia durante la pandemia, denuncian. Este organismo, similar al existente en países de nuestro entorno como Reino Unido, Suecia o Alemania, se encargaría de evaluar, «desde el análisis de la evidencia científica disponible en cada momento» la financiación «de diferentes medicamentos, pruebas diagnósticas, programas o intervenciones sanitarias». La agencia se pronunciaría también sobre «la creación de algunas infraestructuras sanitarias y sobre el establecimiento de prioridades en políticas de salud».

Los economistas de la salud de la UMU José María Abellán, Fernando Ignacio Sánchez y Jorge Martínez se sitúan entre los impulsores del manifiesto, que firman numerosos profesionales murcianos. Entre ellos, José Luis Aguayo Albasini (jefe del servicio de Cirugía del Morales Meseguer), Ramón Madrid (decano del Colegio de Economistas), Ángel López Nicolás (profesor de la UPCT), Francisco Martínez Díez (jefe de Anatomía Patológica del Reina Sofía) y Abel Novoa (coordinador para la cronicidad avanzada y la atención sociosanitaria del SMS). La iniciativa cuenta también con el apoyo de dos exconsejeras de Sanidad: Maite Herranz (presidenta de la Sociedad Murciana de Medicina Interna) y Encarna Guillén (investigadora del IMIB y jefa de Genética Médica de La Arrixaca). Asimismo, se suma al manifiesto el actual director gerente del Servicio Murciano de Salud, Asensio López. Entre los numerosos expertos nacionales hay figuras de peso como Rafael Bengoa o Ildefonso Hernández, quien fue director general de Salud Pública del Ministerio.

Los 300 profesionales que apuestan por esta agencia independiente ponen el ejemplo del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) de Reino Unido, y piden por ello un «HispaNICE» que debe llegar «ahora o nunca», cuando la pandemia ha puesto «en evidencia diversas debilidades del Sistema Nacional de Salud». «Se trataría de crear un órgano de evaluación independiente, al estilo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), con personalidad jurídica propia, autonomía funcional y con procedimientos y funciones bien definidas, que se ocupe de analizar las prestaciones sanitarias, sus tecnologías, medicamentos e indicaciones terapéuticas, intervenciones de prevención y salud pública y otras políticas de salud», explican. Los expertos subrayan que la financiación del programa Next Generation EU por parte de Bruselas «supone una oportunidad irrepetible para su creación».

El manifesto advierte de la necesidad de analizar «objetivamente la efectividad, la seguridad y los costes de las tecnologías, medicamentos e intervenciones sanitarias, especialmente cuando en algunos casos estas intervenciones tienen costes extraordinariamente elevados, con precios que no se corresponden con sus beneficios en términos de salud». La evaluación del coste-efectividad debería «estar en la base» de la toma de decisiones, pero actualmente no siempre es así, lamentan los profesionales.

La Autoridad Independiente «sería un elemento imprescindible para informar, tomando como base el mejor conocimiento disponible, las decisiones a adoptar en la ordenación de los cambios y retos que afrontan los sistemas de salud, y constituiría una potente herramienta para optimizar los íntrinsecamente siempre insuficientes recursos destinados a la mejora de la salud de la población». El órgano no tendría facultades ejecutivas, pero permitiría garantizar «que las recomendaciones sobre cartera de servicios y sobre intervenciones sanitarias están basadas en la mejor evidencia científica disponible y en valores sociales consensuados».

«El momento que vivimos exige reformas de gran calado y hace imprescindible apostar por una institución que contribuya decididamente a afianzar la solvencia del sistema sanitario público y a reorientar más eficazmente las políticas de salud», señalan los firmantes. El nuevo organismo complementaría a la Agencia Española del Medicamento (Aemps) y a la red española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, favoreciendo «el uso racional de los recursos públicos para la promoción de la salud y la gestión de calidad de los servicios sanitarios».