Treinta y cinco médicos están registrados como objetores al aborto en la Región de Murcia

En concreto, se han inscrito como objetores 31 especialistas en Ginecología y Obstetricia, 3 anestesistas, un especialista en Medicina Interna y una matrona. Para poner estos datos en perspectiva, hay que tener en cuenta que solo en La Arrixaca trabajan 64 ginecólogos.

El modelo de derivaciones a clínicas concertadas, que la Consejería mantiene tras la aprobación de la nueva ley, puede hacer innecesario que profesionales potencialmente contrarios al aborto se inscriban en este registro confidencial y anónimo. Hasta la semana 20 de gestación, las interrupciones se siguen practicando en los centros concertados, con los que Salud firmó un contrato de adjudicación para los próximos cuatro años el pasado mes de junio. La Arrixaca, mientras tanto, ha pasado a asumir las intervenciones que se llevan a cabo desde la semana 23: son casos muy excepcionales que deben pasar previamente por un comité clínico y en los que debe constatarse la existencia de una enfermedad extremadamente grave en el feto, o incompatible con la vida. En 2021 se llevaron a cabo 9 de estos abortos en La Arrixaca, según datos de la Consejería, aunque solo uno consta en la estadística del Ministerio de Sanidad.

Entre la semana 20 y la 22 -cuando los abortos deben obedecer a motivos médicos, aunque no se requiere de comité clínico-, Salud ha establecido dos opciones: las pacientes pueden someterse a todo el proceso en los centros concertados o solicitar que, tras la fase inicial -la técnica que pone fin a la viabilidad fetal-, la dilatación y expulsión se realice en La Arrixaca. Los profesionales consultados admiten que este circuito fue expresamente diseñado en el propio hospital para adecuarse a la visión moral sobre el aborto de parte de la plantilla. «El procedimiento para parar el corazón del feto se realiza fuera, en centros concertados, de forma que cuando llega la paciente a La Arrixaca, los ginecólogos se limitan a proceder a la expulsión», resume un sanitario.

Esto puede interpretarse como una objeción 'de facto', al menos parcial, a la interrupción voluntaria del embarazo. Pero gracias a la institucionalización de este circuito, los profesionales que no están dispuestos a llevar a cabo el aborto en supuestos que ampara la ley pueden eludir la obligatoriedad de inscribirse como objetores.

La polémica ha alcanzado en las últimas semanas al comité clínico de La Arrixaca, formado por un grupo de médicos que debe decidir sobre los abortos que se solicitan desde la semana 23. El PSOE denunció la presencia en esta comisión de sanitarios abiertamente antiabortistas, y Salud replicó que se trata de «un órgano científico constituido por profesionales, en el que no hay objetores y por lo tanto se ajusta a la ley». La nueva ley aprobada en febrero impide que en los comités clínicos haya profesionales registrados como objetores.

En los últimos meses, dos mujeres murcianas han recurrido a una clínica de Bruselas para poner fin a su embarazo más allá de la semana 23, como informó LA VERDAD. En uno de los casos, la solicitud fue rechazada por el comité clínico de La Arrixaca, y también por el de Cataluña. En otro, aún no había resolución en la Región.