El transporte regional teme que el peaje de autovías le cueste más de 63 millones al año

La Región tiene una de las mayores flotas de transporte por carretera de España. Mueve más de 1.400 camiones semanales por las rutas europeas durante las campañas de frutas y hortalizas, por lo que la aplicación de un peaje, aunque sea mediante un cobro diferido al cliente, tendrá una gran repercusión en los costes que soporta el sector.

El Ministerio de Transportes y Movilidad hizo un primer intento en 2019 de aplicar un peaje para la conservación de la red estatal, el cual quedó congelado, pero ahora la situación es distinta, ya que ha incluido en el plan de Recuperación de la UE la posibilidad de introducir peajes en la red de autovías y autopistas. La propuesta se enviará la próxima semana a Bruselas, aunque su aplicación no será inmediata, sino en el horizonte del año 2024, cuando se hayan superado los efectos de la crisis económica, apuntan fuentes del Ministerio de Transportes.

Dependiendo del tipo de desplazamiento, habrá usuarios que no paguen. El departamento de José Luis Ábalos precisó que cualquier decisión que se adopte se hará por consenso con el sector del transporte profesional, y que se aplicará un mecanismo de pago para que el peaje no tenga que ser soportado directamente por los transportistas, sino que estos repercutan dicho coste sobre sus clientes. Se trata de una fórmula que el secretario general de Froet, Manuel Perezcarro, considera poco viable.

Este sostiene que existe una presión importante de Seopan, la patronal de las grandes empresas de construcción, que necesitan seguir recibiendo ingresos y obra pública. Es Seopan la que propone establecer una tasa de 3 céntimos por kilómetro para los vehículos ligeros, y de 14 para los camiones. El año pasado, sin embargo, barajó un canon de 9 y 19 céntimos, respectivamente.

El mantenimiento y conservación de la red del Estado requiere como mínimo una inversión anual de entre 1.000 y 1.200 millones de euros. Seopan cifra en 10.000 millones el déficit de conservación. Considera que se podrían recaudar más de 12.600 millones de euros anuales si se aplica un canon en los más de 14.000 kilómetros de autovías estatales que ahora están libres de pago. En la Región de Murcia, la red de carreteras del Estado suma 578 kilómetros, la mayor parte de autovías y autopistas.

A esta situación se une el hecho de que el Ministerio tiene que afrontar un gasto añadido debido a la reversión al Estado de la decena de autopistas de peaje en las que ha finalizando la concesión, entre ellas la AP-7. Esto implica que el Gobierno central tiene que asumir el coste de mantenimiento de estos viales que antes estaban a cargo de las concesionarias.

El futuro peaje se incluye en la Ley de Movilidad, que es una de las reformas que llevará a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez para acceder a los fondos del Plan de Recuperación de la UE. El Ministerio ha comunicado a Bruselas que «es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera, como sucede en el resto de infraestructuras».

La propuesta sobre los usuarios y actividades que quedarían sujetos al peaje aún no está definida. La idea, a grandes rasgos, es que paguen los automovilistas de tránsito, y no aquellos que circulen por motivos laborales o cualquier otro tipo de necesidad. Las actividades económicas que se benefician de las infraestructuras públicas para ganar competitividad sí pagarían.

El Ministerio considera que las comunidades autónomas podrían implantar este sistema en sus carreteras si lo desean. El consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, está totalmente en contra. «No tenemos previsto implantar peaje en la red autonómica. Nuestra Región es periférica y pierde competitividad con los peajes, lo que daña severamente a nuestros productos agroalimentarios y a nuestro potente sector del transporte», señala el consejero. «Somos españoles de segunda para Pedro Sánchez, tanto en financiación como en dotación de infraestructuras del siglo XXI. El precio no lo van a pagar encima los murcianos», concluye.