Transparencia obliga al Miteco a difundir el dictamen del Consejo de Estado sobre la ILP del Mar Menor

El Consejo de Transparencia ha estimado una reclamación del profesor de Derecho Constitucional y codirector de la Cátedra de Buen Gobierno de la Universidad de Murcia (UMU) Germán Teruel contra la negativa del Ministerio de facilitarle una copia del dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de real decreto de reglamento de la citada ley del Mar Menor. Y ha dado diez días hábiles a Transición Ecológica para remitir una copia del dictamen al profesor y al propio Consejo.

Teruel, quien también es miembro destacado de la Fundación Hay Derecho, interpuso en marzo pasado una reclamación ante la postura del Ministerio dirigido por Teresa Ribera, que derivó al profesor al Consejo de Estado para que le solicitara el dictamen por correo electrónico. El Consejo de Estado declinó entregar la documentación a Teruel, al que respondió que la publicaría en su web cuando el reglamento se publicara en el BOE y añadió: «El Ministerio tiene todo el expediente, incluido el dictamen».

Teruel se dirigió entonces al Consejo de la Transparencia y sostuvo que la información negada por las dos instituciones no podía considerarse «en curso de publicación general» a los efectos de aplicación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Transparencia le ha dado la razón y ha recordado al Ministerio sus obligaciones legales y que, a la vista del artículo 23 de la Constitución, «la documentación generada en un procedimiento normativo es esencial para el desarrollo de un debate público abierto, en el que las ciudadanas y los ciudadanos puedan ejercer sus derechos democráticos debidamente informados sobre los efectos positivos y negativos de las medidas proyectadas y sobre las consecuencias de las posibles alternativas».

En una resolución emitida ayer, el Consejo de Transparencia alude a la legislación y a la doctrina del Supremo y concluye que el acceso al dictamen no afecta a la «garantía de confidencialidad y el secreto requerido en los procesos de toma de decisiones». Y reseña la importancia de «conocer las razones de oportunidad y las motivaciones jurídicas de la normativa proyectada».

«De ahí que carezca de sentido retrasar el acceso a la documentación hasta el momento posterior a que el Consejo de Ministros haya fijado definitivamente los contenidos del proyecto de ley que remitirá a las Cortes», advierte. Y avisa de que «se hurta a la ciudadanía una información de gran trascendencia para conocer cómo se toman las decisiones que les afectan y para participar activamente en el debate público sobre los contenidos de las normas de las que van a ser sus destinatarios».

El Ministerio carece aún de fecha para aprobar en el Consejo de Ministros el reglamento y lleva meses sin explicar el motivo. Fuentes de toda solvencia aseguran que espera a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de Vox contra la ley de derechos del Mar Menor, vigente desde el 30 de septiembre de 2022 y fruto de una iniciativa legislativa popular (ILP) con más de 640.000 firmas.

LA VERDAD desveló en exclusiva, en enero, el contenido del dictamen que el Ministerio para la Transición Ecológica debe remitir ahora al profesor de la UMU Germán Teruel. En su informe, el Consejo sugirió a Transición Ecológica que promoviera una reforma de la ley antes de aprobar su reglamento de desarrollo, para evitar problemas de constitucionalidad y de eficacia. En ese dictamen, preceptivo pero no vinculante, el órgano consultivo advirtió al Gobierno de que debía respetar «este orden lógico» y completar la ley, porque plantea «dificultades».

La principal complicación encontrada por el Consejo es la «indefinición de la naturaleza jurídica» de la laguna y «el régimen jurídico aplicable» a ella y a la cuenca, «en tanto que ente personificado». «La Ley 19/2022, de 30 de septiembre, debería ser completada antes» en las Cortes para definir qué «clase de persona jurídica» es el Mar Menor, planteó. Además, vio problemas en la llamada Tutoría de la laguna y el sistema de gobernanza, algo que, según las fuentes consultadas, también ha advertido la Abogacía del Estado al Ministerio.

El Consejo de Estado consideró «muy recomendable que se valore detenidamente la oportunidad de impulsar un proyecto de ley de modificación parcial de la Ley 19/2022, de 30 de septiembre, que desvincule la composición inicial del Comité de Representantes y, sobre todo, la composición –inicial y sucesiva– de la Comisión de Seguimiento de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular». Dicha comisión fue impulsada por la profesora de Filosofía del Derecho de la UMU Teresa Vicente.