'Operación Honeymoon'
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«Tranquilo, que esto se arregla con 4.000 euros», fue la alentadora respuesta que F. recibió presuntamente a finales de 2012, en un despacho de la Dirección General del Territorio, Arquitectura y Vivienda de la Comunidad Autónoma, cuando acudió acompañado de un conocido ... a reunirse con quien era el jefe de los servicios jurídicos de ese departamento, Luis Pérez Almansa. Hubieron de pasar casi siete años hasta que el alto funcionario fue arrestado por la Guardia Civil -durante su luna de miel- como sospechoso de varios delitos continuados de corrupción -cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios-, además de otros presuntos delitos de estafa o fraude, pues en no pocos asuntos se acabó comprobando que las promesas de llevar a buen puerto algunos expedientes administrativos no eran, en el fondo, más que una zafia manera de sacarle los cuartos a algunos incautos.
Fue en mayo de 2019 cuando se produjo la explotación policial de la investigación que coordinaba el Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, lo que motivó incluso un registro de la Guardia Civil en dependencias de la Consejería de Fomento y, desde entonces, las diligencias han permanecido secretas. Solo ahora ha comenzado a conocerse su contenido, con el traslado de las actuaciones a las partes personadas en este procedimiento.
Las conclusiones de la Guardia Civil, a las que LA VERDAD ha tenido acceso, están basadas en el análisis de toda la documentación intervenida en los registros, las conversaciones interceptadas mediante pinchazos telefónicos a los sospechosos, las declaraciones de un gran número de testigos y el estudio de grabaciones aportadas por algunos de los beneficiarios de esas gestiones presuntamente ilegales, como también de los afectados por las supuestas estafas. Y lo que los investigadores sostienen es que las presuntas peticiones de dinero por parte de Pérez Almansa -o de colaboradores suyos ajenos a la Administración regional-, a cambio de influir en la resolución de expedientes urbanísticos o sancionadores, «eran una actividad habitual en su comportamiento como funcionario». Además, constatan en sus informes al juez instructor, José Fernández Ayuso, que para esas gestiones no tenía empacho en «utilizar su cargo y su despacho oficial en la Consejería de Fomento, lo que sin duda facilitaba la generación de confianza en la recreación de toda la trama de engaños que tenía tejida».
Para sus supuestas maquinaciones, contaba «con la connivencia de terceros, que llevaban a personas incautas que creían poder sortear determinados requisitos para obtener asuntos o resoluciones de su interés y que, finalmente, eran engañadas, muchas de ellas entregando un dinero que perdían».
En algunas ocasiones, cuando los interesados en las gestiones de Pérez Almansa acaban por ser conscientes de que habían sido engañados, de que sus problemas no se habían resuelto o de que sus aspiraciones se habían visto frustradas, lograban que el alto funcionario les devolviera en todo o en parte las cantidades entregadas, con presiones que a veces llegaban a rozar la amenaza. En otros casos, llegó a firmarles reconocimientos de deuda.
Fueron precisamente unas de esas aparentes víctimas de un engaño quienes acabaron dando origen a la investigación, pues grabaron subrepticiamente algunas de las conversaciones mantenidas con Pérez Almansa y uno de sus contactos. Y, una vez que se convencieron de que no les iba a resolver sus problemas, pese al desembolso de dinero, mandaron un correo a los superiores del funcionario para alertarles de lo que estaba ocurriendo en esa Consejería. La denuncia fue remitida a su vez a la Fiscalía Superior de la Región, que encomendó a la Guardia Civil el esclarecimiento de los hechos.
Desde entonces hasta ahora, los agentes del Equipo de Delincuencia Económica han analizado casi cuarenta hechos de apariencia delictiva, que han clasificado en cuatro modalidades distintas: «1.- Tramas urdidas por Luis Pérez Almansa con L. M. M. -un presunto colaborador- para el engaño a empresarios interesados en la captación de obras públicas y estafas a los mismos. 2.- Supuestas estafas perpetradas por L. M. M. sin que conste la participación de Luis Pérez Almansa. 3.- Tramas de engaño de Pérez Almansa para la obtención de títulos habilitantes en materia de transportes para terceras personas. Y 4.-, trama de asesoramiento e influencias de Pérez Almansa en instituciones -principalmente municipales- con prevalimiento de su cargo, cobrando por ello, o con previsión de hacerlo, a particulares».
Las gestiones que supuestamente se ofrecía a realizar quien fue el jefe de los servicios jurídicos de la Dirección General de Territorio, Arquitectura y Vivienda, Luis Pérez Almansa, abarcaban un amplio espectro de ámbitos de las administraciones regional y local, según las investigaciones realizadas durante los últimos tres años por los agentes de Delincuencia Económica de la Guardia Civil. Así, en los atestados incorporados a las diligencias judiciales se analiza, por ejemplo, el caso de una familia de Murcia a uno de cuyos miembros sancionaron por tener un negocio no declarado de venta de leña en Murcia, mientras que a su hijo le impusieron una multa de 4.000 euros por una infracción con su camión.
Los afectados habrían abonado 4.700 euros para arreglar el primer problema y 1.500 euros para solventar el segundo, pero se llevaron una sorpresa cuando años después les llegaron sendas sanciones de 10.000 y de 4.000 euros, con los respectivos recargos. Eso les llevó a pedir explicaciones a Pérez Almansa y a grabar las conversaciones que mantuvieron con él, que finalmente llegaron a manos de la Fiscalía Superior y motivaron la apertura de la investigación.
Peor fue el caso de un empresario a quien uno de los presuntos compinches del alto funcionario, L. M. M., convenció de que podía influir a través de Pérez Almansa para que le adjudicaran tres obras urgentes de la Comunidad Autónoma por importe de 360.000 euros. En este caso, Pérez Almansa habría llegado a elaborar un documento falso, suscrito por un funcionario inexistente, para convencer al interesado de que las obras iban a serle otorgadas.
El constructor adelantó casi 35.000 euros, que se habrían repartido los dos supuestos implicados en la trama, sin que nunca recibiera contrato alguno. Después de efectuar un buen número de llamadas al jurídico de la Comunidad y de presentarse varias veces en su despacho, logró que este le firmara un reconocimiento de deuda de 18.000 euros.
Otra aparente víctima de la trama delictiva fue un inversor de Yecla, a quien L. M. M. convenció de que tenía contactos para conseguir la adjudicación de viviendas y plazas de garaje a precios muy ventajosos. Para ello, el supuesto cerebro de la estafa habría contado con la connivencia de Pérez Almansa, a quien habrían visitado en su despacho de la Consejería de Fomento para que diera garantías y seguridad sobre este negocio. Incluso habría estampado un sello de la Comunidad en unos cheques presentados por L. M. M. «para hacer ver que la operación -consistente en la adquisición de tres dúplex y ocho plazas de garaje- estaba respaldada oficialmente».
El afectado aportó más de 133.000 euros en ese supuesto negocio, que en apariencia acabó perdiendo íntegramente. Tampoco tuvo particular fortuna un constructor de Mazarrón, a quien L. M. M., otro presunto compinche llamado R. C. A. y el entonces jefe de los servicios jurídicos de Ordenación del Territorio aseguraron que podrían conseguirle contratos de obra civil en las pedanías de Lorca, aunque tendría que entregar previamente una fianza de 8.000 euros. Así lo hizo el empresario, quien, finalmente y ante la falta de cualquier noticia, se plantó varias veces en el despacho de Pérez Almansa, dando lugar «a alguna situación tensa». Gracias a ello logró que el alto funcionario y R. C. A. le devolvieran 3.000 euros. Las diligencias ofrecen datos de otras operaciones de similares características supuestamente cometidas por la trama.
Es este último apartado el que concentra mayor interés social, ya que entre los contactos de Pérez Almansa para sus innumerables gestiones en el seno de las administraciones regional y local, que en no pocas ocasiones rondan un posible tráfico de influencias, aparecen algunos conocidos personajes de la política regional y también del mundo de la empresa. Constancia de ello queda en las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil, así como en el contenido de mensajes intercambiados por WhatsApp -se han estudiado hasta 1.427 cadenas de conversaciones- obtenidas de su teléfono móvil.
Los investigadores han podido constatar que entre Luis Pérez Almansa y dos de sus presuntos cómplices habrían llegado a embolsarse más de 320.000 euros por gestiones de carácter administrativo, en unos casos, o simplemente mediante falsas promesas de conseguirles contratos o resolverles sanciones. «En el caso de Luis Pérez Almansa y L. M. M., que en definitiva aglutinarían la mayor parte del beneficio de los supuestos ilícitos investigados, queda en evidencia que bien el lucro percibido lo era mediante entregas en efectivo o que, cuando se hacía mediante transferencias o pagarés, el dinero era extraído de forma inmediata y quedaba fuera del control de los medios de pago», dejan constancia los especialistas de la Guardia Civil en un informe que resume sus averiguaciones.
Con el reciente levantamiento del secreto de las diligencias, el magistrado Fernández Ayuso ha comenzado a citar a los investigados en estas -media docena de sospechosos, entre integrantes de la supuesta trama corrupta y quienes pudieron incurrir en cohecho al pagarles por sus gestiones- y también a los afectados por las supuestas estafas, con el fin de que ratifiquen las declaraciones ya realizadas ante la Guardia Civil. La evolución del procedimiento determinará si estos supuestos hechos llegan a juicio, al confirmarse los indicios de delito, o acaban siendo sobreseídos.
Una mañana de diciembre de 2018, a un empresario de Cartagena le fue presentado en un restaurante Luis Pérez Almansa, quien se identificó como «el jefe de los Servicios Jurídicos de la Comunidad». Comenzaron a charlar y salió a relucir que el cartagenero tenía parado desde hacía tiempo un expediente urbanístico para la habilitación de un aparcamiento en la pedanía murciana de Valladolises, junto al aeropuerto regional. Pérez Almansa le dio su tarjeta y le dijo que pasara por su despacho para hablar del asunto.
Así lo hizo el emprendedor, ya en enero de 2019, y el jurídico de Fomento le explicó que el asunto estaba a expensas del plan especial del aeropuerto, que estaba a su vez pendiente de un informe de la CHS y otro de Aviación Civil. «Se mostró interesado en el expediente y en sacarlo adelante y, vista esa buena disposición, fui a verlo en multitud de ocasiones», señaló el empresario meses después, cuando tuvo que dar explicaciones ante la Guardia Civil.
La cuestión es que ambos empatizaron y Pérez Almansa, en una de las conversaciones, le dijo que iba a casarse y que tenía ilusión en hacer su despedida de soltero, junto a un grupo de amigos, en un catamarán que salía del puerto de Cartagena. El emprendedor le comentó entonces que conocía al dueño de la firma náutica, por ser cliente suyo, y acabó pagándole el alquiler de la embarcación y un barril de cerveza para agasajar a los invitados. «Fueron 400 euros y lo hice como regalo de bodas», aunque seguidamente admitió que no fue a la despedida ni al enlace, porque tampoco había entre ellos «una amistad tan intensa».
La Guardia Civil también ha investigado si el alto funcionario de la Administración regional se vio favorecido de manera similar en lo referente al pago del convite de bodas, pues algunos indicios apuntan a que pudo ser abonado por otro empresario con intereses en Lorca y para el que Pérez Almansa también estaría haciendo algunas gestiones. De hecho, en las transcripciones de algunas conversaciones entre ambos se observa cómo el promotor le dice que «no te olvides de lo de Lorca, que me urge mucho», y le pregunta «con quién has hablado de Medio Ambiente», y el jurídico le contesta que «mírame tú lo de la boda».
En otra conversación, Pérez Almansa afirma que «Los Lucas tienen que hacerse cargo de lo de mi boda», y el mismo empresario le responde que «eso es cosa mía; de eso me encargo yo». También en charlas con su hermana y con su madre, el alto funcionario les hace saber que de la comida «yo no voy a pagar nada; me lo va a pagar un amigo». La factura del ágape ascendió a algo más de 2.500 euros.
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