La 'trama Ninette' acumula peticiones de penas de más de 75 años de prisión

Doce años después de que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional tomaran el Ayuntamiento de Los Alcázares, en la que constituyó una de las primeras grandes operaciones contra la corrupción en la Región, los sospechosos del presunto saqueo de las arcas municipales ya saben cuáles son las penas a las que se enfrentan. La Fiscalía Superior acaba de presentar su escrito de calificación contra quince encausados, para quienes reclama condenas que suman 75 años de prisión y cientos de años de inhabilitación como presuntos autores, entre otros muchos delitos, de la malversación de 3,7 millones de euros.

La supuesta trama delictiva habría estado liderada por el arquitecto municipal, Mariano Ayuso, sobre quien el fiscal arroja la gran mayoría de las imputaciones delictivas. En concreto, le acusa de haber constituido un gran entramado societario y de testaferros, a través del que habría logrado «controlar todo el mercado inmobiliario y de proyectos arquitectónicos del municipio de Los Alcázares». Esa presunta actividad delictiva la habría desplegado desde su doble condición de máximo responsable técnico del urbanismo local y de administrador en la sombra del despacho de arquitectos Gyps Fulvus, que estaba a nombre de su hermano, el también imputado Juan Ignacio Ayuso.

«Movido por un ánimo desmedido de beneficio económico, moviéndose sin ningún recato ni pudor en todos aquellos asuntos municipales en los que pudiera sacar provecho económico, y amparándose en la situación privilegiada que le otorgaba su puesto municipal», Ayuso y sus 'socios' habrían alcanzado un «total control de todos los proyectos técnicos importantes del municipio, con clara exclusión de la competencia; de las adjudicaciones de proyectos municipales; de adjudicaciones de parcelas municipales; de adjudicaciones de obras privadas..., pasando a ser el salvoconducto de que todo se iba a autorizar o no, en función de sus intereses privados».

Dentro de esa supuesta maquinación dirigida a enriquecerse desde su posición de alto funcionario, Ayuso habría establecido una relación de conveniencia con dos constructores locales, Valero Garcerán y su hijo Francisco Javier, con quienes estaba presuntamente asociado en múltiples operaciones.

Las empresas de estos dos promotores resultaron adjudicatarias de la inmensa mayoría de las grandes obras municipales: Casa Consistorial y aparcamiento público, Centro Cultural Alcazareño, Cuartel de la Policía Local y Protección Civil, piscina municipal climatizada, residencia de la tercera edad, consultorio de asistencia primaria... «Y en todas las mesas de contratación estaba presente Mariano Ayuso», recuerda el Ministerio Público.

Para sustraerse al régimen de incompatibilidades, que le impedía dirigir el despacho que copaba los proyectos urbanísticos del municipio y a la vez ejercer como arquitecto municipal, Ayuso habría contado con un grupo de colegas de profesión, que se habrían avenido a prestarle la firma para que no figurase como redactor de los documentos.

Entre los hechos supuestamente delictivos que el fiscal le atribuye figura el de haberse apoderado de dos parcelas de titularidad municipal, que logró adjudicarse presuntamente a través de testaferros y que le habrían proporcionado relevantes beneficios. Una de ellas, que vendió al líder de la 'trama Malaya', el cartagenero Juan Antonio Roca, le supuso un pelotazo de 3,5 millones, de los que 2,4 los considera el fiscal «un regalo o dádiva» que Roca dio al arquitecto municipal por los «servicios prestados» en el municipio.

Entre tales «servicios» destacaría el haber permitido que un hotel de cuatro estrellas, que el cerebro de la 'Malaya' promovía en pleno centro de Los Alcázares, tuviera una planta más de las legalmente permitidas.

Cuando la Policía Nacional intervino el Ayuntamiento alcazareño y detuvo a Ayuso y al entonces alcalde Escudero, el arquitecto acumulaba un patrimonio multimillonario, con 38 bienes inmuebles urbanos y dos fincas rústicas, ocho turismos, tres motocicletas y un camión, además de cuentas en Andorra que movieron más de 1,6 millones.

El alcalde Escudero tampoco habría dejado de sacar provecho personal de esta situación, siempre según el fiscal. Supuestamente con la aquiescencia del constructor Valero Garcerán y del arquitecto Ayuso, el primer edil habría cargado parte del coste de la reforma acometida en una academia de enseñanza de su propiedad, unos 184.000 euros, al presupuesto de las obras de la Casa Consistorial. Otro tanto habrían hecho con dos casas familiares que se construyó el entonces secretario municipal, Diego Sánchez, con unos 460.000 euros repercutidos al coste del nuevo ayuntamiento. El fallecimiento de Sánchez en 2012 ha extinguido cualquier responsabilidad penal que pudiera tener.

Las partidas presuntamente infladas en la construcción de la Casa Consistorial habrían ascendido a 3,7 millones de euros, pasando de los 6,8 presupuestados a los más de 10,5 millones que acabó costando.

El Ministerio Público considera que los hechos relatados son constitutivos de delitos de asociación ilícita, negociaciones prohibidas, contra la hacienda pública, cohecho, falsedad, prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. La peor parte se la ha llevado el arquitecto municipal Mariano Ayuso, con peticiones de cárcel que suman 21 años, seguido por los constructores Valero y Francisco Javier Garcerán (10 años) y el exalcalde Escudero (6 años).