El trágico accidente de la autovía A-7 a su paso por Murcia que dejó cinco muertos llega a juicio

En apenas unos segundos aquel enclave se convirtió en el escenario de uno de los accidentes más trágicos que las carreteras de la Región recuerdan en los últimos años. El Juzgado de lo Penal número 1 de Murcia tiene previsto iniciar, el próximo mes de julio, la vista contra Hipólito A., 'El Punchas', un camionero de Totana, por el siniestro con cinco muertos y diez heridos que supuestamente provocó en la autovía A-7, a la altura del área de descanso La Paz.

El acusado fue sometido a una prueba en la que dio positivo en cocaína, una sustancia que, según aseguró él mismo en una entrevista concedida a LA VERDAD, había ingerido tres días antes – «un amigo se encendió un cigarro impregnado en cocaína y le di unas cuantas caladas»–. La Fiscalía y la acusación particular –que ejerce el abogado Pedro López Graña en representación de familiares de las víctimas– reclaman para él cuatro años de cárcel, la pena máxima que en aquel momento contemplaba la ley para esos cinco supuestos delitos de homicidio por imprudencia y otros ocho de lesiones por imprudencia.

Este chófer profesional, de 46 años y sin antecedentes, había estado comiendo ese lunes –9 de octubre de 2017– con sus jefes en la empresa para la que trabajaba en Totana. Asegura que no tomó nada raro. Un rato después subió a la cabina de su camión frigorífico, que iba prácticamente vacío, con solo dos palés, y se dirigió hacia Santomera para cargar más mercancía. A la altura del kilómetro 581, en un tramo recto y con plena visibilidad, según destaca el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, se gestó la tragedia.

El Punchas, al circular «de forma por completo desatenta y debido a su estado», supuestamente no se percató de que había un atasco en la zona por un golpe que había habido previamente un poco más adelante. El fiscal destaca que el camionero no llegó a pisar el freno ni a efectuar «maniobra evasiva alguna» y colisionó a una velocidad de 86 kilómetros por hora con la cola de coches que se había formado en la autovía y que estaban parados.

En uno de esos automóviles, un Seat Toledo, viajaban cuatro miembros de una misma familia –José, de 54 años; su hija Elena, de 14 años; su cuñada Josefa, de 48 años; y su sobrina Laura, de 16 años– que fallecieron en el acto. En otro vehículo, un Mercedes, falleció José Joaquín, de 39 años. En el accidente se vieron implicados otra decena de vehículos, algunos de cuyos ocupantes resultaron heridos.

La Fiscalía destaca que el acusado, tras el siniestro, fue sometido a una prueba de saliva en la que dio positivo en cocaína. Ese resultado se confirmó más tarde con un análisis en laboratorio que reveló una concentración de 75,3 ng/ml. Además, el Ministerio Público destaca que el camionero presentaba síntomas externos de estar bajo el efecto de esta sustancia, como pérdida de equilibrio, temblor excesivo y los ojos enrojecidos.

El Ministerio Público, en su escrito de acusación solicitó, como prueba anticipada, que el médico forense arrojase luz sobre algunos interrogantes vinculados al consumo de cocaína al volante. Esta parte quiere saber si el hecho de que una droga sea detectada en saliva implica necesariamente que ésta se encuentra también en la sangre y si, una vez en el torrente sanguíneo, la sustancia tiene por sí la capacidad para influir en la conducción. Además, pregunta a los peritos si es posible que una droga consumida tres días antes sea detectada en saliva y qué efectos produce en el organismo.

La Fiscalía, además de la pena de prisión, reclama que al sospechoso se le prive del derecho a conducir durante seis años. Esa pena comportaría que, transcurrido ese tiempo, el chófer tuviera que someterse a algunas pruebas y a un curso de sensibilización y reeducación vial para recuperar el carné.

El Ministerio Público reclama además indemnizaciones para los heridos y los familiares de los fallecidos que superan los 615.798 euros. La acusación particular eleva la petición de indemnizaciones a cerca de un millón de euros. Una de las afectadas que representa el abogado López Graña, por ejemplo, perdió en este accidente a su marido, su hija, su hermana y su sobrina. En la causa figura, como responsable civil subsidiaria, la empresa para la que trabajaba el acusado y su aseguradora.

El Punchas, en una entrevista con este diario, mostró su arrepentimiento y pidió perdón a las familias de las víctimas: «Doy mi vida por la de cualquiera de ellos».

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