Un buzón permitirá denunciar actitudes indebidas de funcionarios y políticos en Torre Pacheco

El soporte informático del canal de denuncias de Torre Pacheco ha sido adjudicado a una empresa especializada por importe de más de 5.000 euros durante los próximos cuatro años. La interacción con el denunciante debe, según el pliego de condiciones, «garantizar la confidencialidad de la identidad y de cualquier tercero mencionado en la comunicación, así como de las actuaciones que se desarrollen en la gestión y tramitación de los hechos presuntamente infringidos».

Pero no cualquier persona podrá denunciar en este buzón. El reglamento de funcionamiento restringe el acceso a «informantes que tengan vinculación de carácter laboral o empresarial con el Ayuntamiento». En esta lista se encuentran «empleados públicos, cargos electos, trabajadores por cuenta ajena de contratistas, subcontratistas o proveedores municipales; autónomos, accionistas, partícipes o personas perteneciente al órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa, incluidos los miembros no ejecutivos; voluntarios, becarios y trabajadores en periodo de formación; personas cuya relación laboral todavía no haya comenzado, cuando la información se ha obtenido durante el proceso de selección o de negociación precontractual; y personas físicas que hayan obtenido información sobre infracciones en el contexto de una relación laboral o profesional, ya finalizada».

Asimismo, el régimen de funcionamiento del canal define qué tipo de denuncias se pueden presentar, entre ellas «acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave; aquellas que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública o para la Seguridad Social o que puedan constituir infracciones del Derecho de la UE».

Fuentes del gobierno local que dirige Pedro Ángel Roca destacaron que además de facilitar «la denuncia de conductas indebidas presuntamente cometidas por funcionarios o políticos», el buzón es una forma de «promover la ejemplaridad y la transparencia de la gestión pública». Y animan a las personas habilitadas para «ejercer este derecho con la tranquilidad de indemnidad y protección frente a posibles represalias».

También en el marco de la Ley 2/2023, el Gobierno central ha publicado recientemente el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Esta figura de derecho público queda adscrita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El Departamento de Seguimiento y Régimen Sancionador será el órgano que deba velar por el cumplimiento de la Ley en cuanto a la creación de los canales de denuncia por las empresas y entidades públicas y privadas. Se responsabilizará, por otro lado, de las instrucciones que se dicten sobre expedientes sancionadores y la elaboración de circulares y recomendaciones.