El anterior equipo de gobierno de Torre Pacheco se sienta en el banquillo

Tras seis años de instrucción, y la suspensión del inicio del juicio en mayo de 2022, tras no recibirse en los juzgados una documentación del Ayuntamiento de Torre Pacheco, los once miembros del equipo de gobierno local de ese municipio en 2016 (de coalición entre Partido Independiente y PSOE) se sientan en el banquillo de la Audiencia Provincial, en Cartagena.

Este lunes se celebró la primera jornada de la vista en la que los tres magistrados del tribunal dilucidarán si, en la tramitación de los Presupuestos de 2016, se cometió un delito de prevaricación, como sostiene el Grupo Municipal Popular, promotor de la denuncia, representado por el letrado José Antonio Izquierdo. Por el contrario, tanto la Fiscalía como los abogados defensores del exalcalde, Antonio León, y los diez concejales de su gobierno en 2016, Alberto Martínez y Carlos Rojo, entienden que deben quedar absueltos «porque no existió ningún ilícito penal». Los letrados recuerdan que la responsabilidad administrativa de sus defendidos ya quedó saldada con la anulación de los Presupuestos por vía contenciosa en los juzgados, en octubre de 2016.

El PP presentó la denuncia tras el Pleno en el que se incluyó la aprobación de las cuentas. Los populares se quejaron de no contar en ese momento con «toda la documentación previa, que marca la normativa, sobre las cuentas». Alegaron, además, la negativa del gobierno local a retirar del orden del día su votación, «por razones de oportunidad política, por no dar la razón a los grupos de oposición e imponer una votación pese a la advertencia de su nulidad».

Sobre estas acusaciones preguntó Izquierdo a los once ediles, quienes sostuvieron que el Grupo Municipal Popular «tuvo acceso a la documentación por correo electrónico, pero no solo a través de ese envío, sino en una comisión informativa anterior al Pleno». El abogado de los populares llamó la atención sobre la respuesta de uno de los ediles socialistas, en el sentido de que «quizá no habría votado a favor de seguir adelante con la tramitación de los Presupuestos si hubiese sabido que serían nulos». Esto, dijo Izquierdo, «supone admitir que no hicieron caso de la advertencia de la interventora y el secretario municipal, quienes así lo habían indicado».

En la segunda jornada –y posiblemente última– mañana a partir de las 10 horas, los ediles denunciantes responderán a las preguntas de las partes, entre ellos la exalcaldesa popular Fina Marín Otón, removida del cargo por una moción de censura a finales de 2015. Como testigo comparecerá la interventora municipal en aquellas fechas, quien advirtió de que la aprobación de los Presupuestos «podría ser considerado nulo de pleno derecho».

En la sentencia del juzgado Contencioso-Administrativo de Cartagena, que fue refrendada además por el TSJ de Murcia, se determinaba la nulidad «radical» de las cuentas, que ascendían a 31,6 millones. Ambas instancias judiciales confirmaron que en aquella sesión plenaria, el grupo popular pidió que se retirara la aprobación de los Presupuestos por no haber recibido con «suficiente antelación» la documentación completa para fundamentar su voto, pero el equipo de gobierno no accedió. Una decisión que los jueces calificaron de «extravagante» ya que el ejecutivo local mantuvo ese punto del orden del día pese a la advertencia de que la aprobación sería nula de pleno derecho.

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