El PP pedirá a la Fiscalía que investigue la labor del regidor cuando llevó Urbanismo

La vida municipal en Torre-Pacheco volvió a funcionar ayer a golpe de denuncia. Aunque los momentos de mayor tensión de la legislatura que ahora cumple un año se vivieron con la moción de censura del pasado noviembre (merced a un pacto de gobierno entre Independientes y PSOE, apoyado en la votación por IU y Ciudadanos, que destituyó a la alcaldesa popular Josefina Marín), el cruce de acusaciones vivido ayer hace pensar que los tres años que restan hasta los próximos comicios locales no van a ser precisamente plácidos.

La exalcaldesa y portavoz popular, Josefina Marín, acusó al regidor, Antonio León, de «trabajar para empresas que se beneficiaron de sus recalificaciones urbanísticas siendo concejal de Urbanismo». El ahora primer edil ostentó estas delegaciones en el último gobierno municipal de los Independientes (1999-2003), encabezado por Francisco Sáez.

Aunque los presuntos hechos irregulares datan de hace más de una década, Marín dijo que va a solicitar a la Fiscalía que investigue «todas las actuaciones de Antonio León relacionadas con el urbanismo en su época de concejal y en su actual etapa de alcalde». Según las acusaciones de la edil popular, «León no respetó la prohibición de llevar a cabo actividades profesionales privadas durante los dos años siguientes al término del ejercicio de la Concejalía de Urbanismo, en asuntos en los que había intervenido en el ejercicio de su cargo».

En concreto, dijo que al término de esa etapa de concejal, «participó como arquitecto de Polaris en la redacción técnica de la modificación de normas subsidiarias de planeamiento, al objeto de reclasificar suelo no urbanizable a urbanizable residencial en La Torre de Roldán, promovido por Mar Menor Capital, empresa del gigante urbanístico. Es muy grave que no se abstuviera de realizar esos trabajos, que ya había abordado anteriormente desde sus responsabilidades como concejal en la materia», apuntó Marín.

La exalcaldesa denunció que supone supuestamente una infracción administrativa, calificada como muy grave, por la ley de Incompatibilidades del personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

En cualquier caso, «y aunque a día de hoy está prescrita la infracción», reconoció, «la moral y la ética no prescriben cuando se trata de dar cuentas a los ciudadanos», dijo. A su juicio, «si en su día se le hubiese sancionado, hoy estaría inhabilitado para ejercer de alcalde».

Josefina Marín recordó que León, con el apoyo del PSOE, «traicionó la voluntad de los pachequeros, que dieron su apoyo mayoritario al PP en las pasadas elecciones municipales». La justificación que dieron, añadió, relacionada con una denuncia judicial contra ella por el nombramiento de la interventora accidental en febrero de 2015, «ha quedado totalmente descartada y rechazada por un juez, quien ha dicho que actué conforme a la ley».

Por su parte, Antonio León calificó las acusaciones que relata Marín de «despropósitos y provocaciones». A su juicio, «se descalifica a ella misma cada vez que habla». El alcalde dijo que recibirá a la Fiscalía «con las puertas abiertas del Ayuntamiento, porque mi trayectoria de honradez y transparencia personal y política está y siempre estará ahí». Reconoció, eso sí, que tras su período de concejal de Urbanismo trabajó como profesional liberal para Polaris World, pero «nunca», subrayó, «haciendo esos cambios de planeamiento al que se refiere porque, entre otras cosas, hoy día esos terrenos siguen sin recalificar».

Por otro lado, Antonio León acusó a Josefina Marín de «intentar confundir» a la ciudadanía sobre la situación de los casos judiciales relacionados con el nombramiento de la interventora municipal. El alcalde recordó que Marín «permanece imputada por la denuncia penal» que interpuso un funcionario municipal (apoyado por UGT), a la espera de conocer si el juez decide practicar más pruebas o, en su caso, abrir juicio oral por un presunto delito de prevaricación.

En cuanto al recurso contencioso-administrativo sobre el mismo asunto que un juzgado de Cartagena archivó hace dos meses, Antonio León dijo que «ha sido recurrido ante la Audiencia Provincial por el mismo funcionario», y por lo tanto, «no sabemos todavía si el Ayuntamiento, no ella como alcaldesa, tendrá que reparar o no los supuestos derechos vulnerados del denunciante». Fuentes del sindicato UGT confirmaron a 'La Verdad' que el recurso ha sido formalmente presentado y que «agotarán todas las instancias judiciales para intentar demostrar que el nombramiento de la interventora accidental se llevó a cabo de forma irregular».

El coste del contencioso

Precisamente, un aspecto que también ha contrariado al Gobierno local, y que ha generado una enorme polvareda municipal, es el coste de la defensa del Ayuntamiento en este contencioso. El alcalde asegura que sólo un día antes de votarse la moción de censura para destituir a Josefina Marín, el pasado 20 de noviembre, «se formalizó el encargo, el otorgamiento de poderes y la retención de crédito en Intervención para un bufete de abogados de Murcia». Una minuta de 11.670 euros que, según el Gobierno local, resulta «desorbitada». Hace poco más de una semana, confirmó el alcalde, la factura entró por el registro, «pero no se va a pagar, por lo menos hasta que se dictaminen todos los informes jurídicos pertinentes».