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Si la coalición de gobierno PP-Vox no ha reventado estos días, será casi imposible que lo haga en lo que queda de legislatura. ( ... Una precisión: se romperá de oficio, de forma incruenta, meses antes de la próxima cita electoral, como mandan los cánones). Visto desde fuera, ¿qué mayor afrenta política para Vox el hecho de que el PP haya bloqueado a las primeras de cambio su reforma de la ley del Mar Menor, el santo y seña de su programa? Si el pacto de gobernabilidad no ha saltado por los aires por este motivo, significa que la alianza de la derecha ha pasado su primer test de estrés, aunque hay que quitarle dramatismo a la refriega, visto lo visto. Vox no ha quemado toda la pólvora y volverá a intentarlo, pero ya no será igual porque la reforma será probablemente menos ambiciosa de lo que pretendía.
El corolario de esta agitada semana política –un explosivo mix del Mar Menor y del oportuno Barómetro de Primavera del Cemop–, es que el pacto de gobierno aguanta lo que le echen y que, a efectos prácticos, ambos socios han conseguido en el fondo lo que perseguían: José Ángel Antelo ha logrado que el PP abra el melón para reformar la ley; mientras que López Miras ha evitado lo que podía ser una crisis manejando los tiempos –hay que esperar al próximo curso político– y marcando la estrategia parlamentaria para que el asunto no se le vaya de las manos.
Otra cosa es lo que dure el trámite en la Asamblea con el mayor consenso posible (social, económico, ambiental y científico) sobre una ley tan densa y compleja. Los trabajos de la comisión, nutrida por numerosas comparecencias de los sectores interesados y afectados, es un proceso que llevará mucho tiempo.
La impresión, no obstante, es que ha habido teatrillo político en torno a este asunto, si se acepta que existe un acuerdo no escrito entre PP y Vox para abordar la ley del Mar Menor en esta legislatura. Los de Abascal han cumplido con su hoja de ruta y con sus electores, presentando su propuesta para modificar la ley. Los populares, por su parte, han sabido manejar la situación: frenan la maniobra de sus socios, pero al mismo tiempo le dan una salida al (enojado) Antelo y presentan otra iniciativa propia con el mismo fin. De paso, atienden a las intensas presiones del sector agro del Campo de Cartagena que reclama corregir y adaptar muchas medidas restrictivas. No se olvide que Podemos también quiere reformar la ley, como contrapunto.
La reunión de López Miras con Antelo para limar asperezas ha sido también un gesto de cara a la galería, en el sentido de que Vox no va a romper de ninguna manera su pacto de gobernabilidad con el PP. No va a renunciar al altavoz y a la visibilidad que le da formar parte del Ejecutivo para lanzar sus ideas y propuestas.
Llegado el momento, el PP tendrá que exponer qué aspectos de la ley quiere cambiar realmente. Por de pronto, hay medidas que aún no ha cumplido el Gobierno regional: el plan de ordenación territorial, las entidades colaboradoras o el no menos importante plan de actuación en las zonas vulnerables a los nitratos. Amén de la moratoria urbanística, neutralizada por el embrollo de una ecuación imposible de planteamientos partidistas. Para rebajar la tensión, López Miras está dispuesto a que se realicen auditorías a los saneamientos de los municipios de la cuenca vertiente, entrando así en el terreno abonado por Vox y la Fundación Ingenio, que sostienen que la eutrofización de la laguna se debe principalmente a los vertidos urbanos y no a los nitratos agrícolas.
Unas auditorías que dejan de tener sentido con los más de 20 millones de euros del Ministerio que se destinarán a mejorar las redes de saneamiento, y con aquellas otras inversiones programadas por la Comunidad Autónoma para el mismo fin. Pero de ahí no se puede inferir científicamente que la contaminación de la laguna se deba a los vertidos urbanos y no a los nitratos.
Todo está interrelacionado, pero no hay que mezclar las cosas. Las restricciones impuestas a agricultores y ganaderos tienen su base en la contaminación del acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena, que es la única masa subterránea de la demarcación hidrográfica del Segura para la que se ha acordado una declaración formal de riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, para lo cual se impusieron medidas cautelares, vigentes hasta que dicho acuífero esté saneado. Existe el hecho añadido de que a la hora de determinar el perímetro del área afectada y, de fijar y graduar la intensidad de las medidas, se tuvo en cuenta también la existencia de una zona vinculada de especial interés ecológico, el Mar Menor, que se ve alcanzada por las aguas subterráneas de la masa, explica la CHS. Esto nos lleva a que se podrá cambiar lo que se quiera de la ley regional, pero no se podrá modificar el decreto de la CHS ni la directiva de nitratos.
El Barómetro refleja una paradoja: el 92,7% de los encuestados consideran muy prioritaria la recuperación del Mar Menor, pero solo el 4,4% lo cataloga entre los problemas más importantes de la Región: es el octavo de la lista.
Otro dato para analizar es que Vox no saca rédito de su encendido apoyo a la revuelta del campo y a sus reivindicaciones, ya que, según el sondeo, perdería un diputado. También fue toda una casualidad que el debate sobre el Mar Menor se produjera en la víspera de la publicación de la encuesta que da la mayoría absoluta al PP a costa de Vox y del PSOE; asunto que sacó a colación el portavoz de Vox, Martínez Alpañez, dando a entender que algunos conocían el resultado de antemano y que eso pudo influir en el desenlace del Pleno.
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